Manuel Montes de Oca Colín

Expediente 284/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
284/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Manuel Montes de Oca Colín

Actuaciones

  1. Principal

    A. Toluca, Estado de México; siete de mayo de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****, en nombre y representación de Manuel Montes de Oca Colín, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento inserto en el aviso de veintiunode abril de dos mil veintiuno y se notifica por lista a la parte quejosa------ el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno que dice: Toluca, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por --------, en nombre y representación de ---------, contra actos de la -----------y otras autoridades, regístrese bajo el número 284/2021-IV. Desechamiento por una autoridad. Del texto de la demanda se advierte, que el promovente señala, como autoridades responsables a la Aseguradora Grupo Nacional Provincial SAB, Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de C.V., Caseta Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal; sin embargo, el juicio de amparo resulta improcedente por cuanto hace a dichas morales, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. El primero de los numerales prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando, además de las causas enumeradas en el referido artículo, la improcedencia resulte de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley de la materia; lo anterior tiene la finalidad de que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tiendan a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen. En armonía con lo expuesto, el segundo de los artículos señala las partes en el juicio de amparo, y en el caso que nos ocupa la fracción segunda establece quienes son autoridad responsable para efectos del amparo. En ese tenor, la ley indica que autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se le atribuye, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo anterior se deduce que para efectos del juicio de amparo, la calidad de autoridad responsable debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, que el acto que emita la autoridad en carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, debe realizarse de manera unilateral y obligatoria, sin la intervención del quejoso y que lo constriña a su observancia, o en su caso, omita a realizar un acto que estaba obligada a efectuar; y en ambos casos, se cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en un plano se supra a subordinación. No pasa inadvertido, que la ley de la materia también dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando los actos que realicen, sean equivalentes a los de autoridad, es decir, que una ley lo dote de una facultad de imperio, susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en un plano se supra a subordinación, de manera unilateral y obligatoria. De tal manera, que para que el juicio de amparo sea procedente contra actos de un particular, estos deben tener la calidad y características de los actos de autoridad antes mencionados, pues en caso de que no se cumpla con tales extremos, el juicio de amparo deviene improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.".1 Ahora, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa se duele de actos atribuidos a las morales advierte, que el promovente señala, como autoridades responsables a la Aseguradora Grupo Nacional Provincial SAB, Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de C.V., Caseta Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, consistentes en la omisión de brindar al quejoso la atención médica del seguro de autopista cuando su vida corre peligro y está siendo atormentado en el hospital por no recibir dicha atención; sin embargo, como se dijo, el juicio de amparo que nos ocupa es improcedente, debido a que las referidas morales no son autoridades para efectos del amparo. En efecto, del análisis íntegro de la demanda de amparo se desprende que el promovente del amparo manifiesta que el quejoso directo el día diecinueve de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas con treinta y cinco minutos iba circulando a bordo de su motocicleta de la marca --------, por la autopista Ixtapan de la Sal-Tenango, lugar en el que realizó el pago del peaje correspondiente y siendo que aproximadamente a unos diez minutos de arribar a la caseta ubicada en Tenango del Valle, donde se encuentra ubicado el penal Estatal, se encontró una masa asfáltica en pésimas condiciones (rayada y con grava suelta), sin que esta tuviera señalizada dicha situación, lo que le provocara perder el control de la motocicleta y derrapara, ocasionándole severas contusiones y fracturas en su cuerpo; y aunque el personal de las responsables acudieron, en un primer momento, al lugar de los hechos y levantaron el siniestro número 0113836654 y designando al ajustador ------------, limitándose a señalar que el quejoso sería trasladado al Centro Médico de Toluca, ubicado en M------ Estado de México, piso 2, cama 208, 1 Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089. para su atención médica con motivo del seguro autopista; sin embargo, las responsables han dejado a su suerte al impetrante del amparo, quien en este momento sigue hospitalizado en dicho nosocomio sin recibir la atención del seguro obligado a las responsables, corriendo un grave peligro su vida, pues necesita una operación en una de sus extremidades superiores de carácter urgente, lo que además representa un tormento por el sufrimiento que le acarrea el dolor y la angustia de no ser atendido y de que el seguro de la responsable se haga cargo. En ese contexto, con base en los presupuesto establecidos, los actos u omisiones imputables a cualquier compañía aseguradora, vinculados con la prestación de los servicios de la actividad inherente a su objeto social, en ningún caso pueden considerarse como actos de autoridad, ya que constituyen conductas derivadas de la relación contractual respectiva, es decir, se trata de una relación de coordinación, la cual es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. Sin que se pueda considerar que son actos equivalentes a los de una autoridad en estricto sentido, ya que están vinculados con la prestación de los servicios de la actividad inherente al objeto social de la aseguradora. Asimismo, en el contrato de seguro, por lo general, la relación jurídica se entabla entre el asegurado y la empresa aseguradora, empero, cuando se trata de una póliza que cubre diversos riesgos, entre ellos el de responsabilidad civil por daños a terceros, surge jurídicamente otra persona: el tercero afectado, quien aun sin ser parte en el aludido contrato, por verificarse el siniestro, adquiere un derecho frente al ente asegurador, concerniente en obtener directamente de éste la indemnización convenida, sin perjuicio de que pueda ser indemnizado en todo o en parte por el propio asegurado, como lo prevé el artículo 149 de la Ley sobre el Contrato de Seguro2 . Así, en el caso de que los obligados se rehúsen a pagarle, el tercero beneficiario puede reclamar en contra del asegurado, o bien, de la empresa aseguradora, sin que ésta pueda alegar su falta de legitimación pasiva, pues su carácter para ser demandada, precisamente, deriva de la obligación que asumió al otorgar, en el ámbito contractual mercantil, la cobertura de responsabilidad civil. 2 ARTICULO 149.- Si el tercero es indemnizado en todo o en parte por el asegurado, éste deberá ser reembolsado proporcionalmente por la empresa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis I.12o.C.130 C (10a.), sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, Décima Época, Registro: 2019746, que dice: "RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS. LA INDEMNIZACIÓN A UN TERCERO POR DAÑO MATERIAL DERIVADO DE UN SINIESTRO, CONSISTE EN EL RESTABLECIMIENTO DE LA SITUACIÓN ANTERIOR AL MISMO, Y SÓLO CUANDO ELLO NO SEA POSIBLE, DEBE EFECTUARSE EL PAGO EN COMPENSACIÓN. De los artículos 145, 147 y 149 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se obtiene que el contrato de seguro tiene por objeto el resarcimiento de un daño o el pago de una suma de dinero (indemnización) ante la realización de una eventualidad predeterminada en el propio contrato (siniestro) a cambio de una suma de dinero (prima). Asimismo, que en el contrato de seguro, por lo general, la relación jurídica se entabla entre el asegurado y la empresa aseguradora, empero, cuando se trata de una póliza que cubre diversos riesgos, entre ellos el de responsabilidad civil por daños a terceros, surge jurídicamente otra persona: el tercero afectado, quien aun sin ser parte en el aludido contrato, por verificarse el siniestro, adquiere un derecho frente al ente asegurador, concerniente en obtener directamente de éste la indemnización convenida, sin perjuicio de que pueda ser indemnizado en todo o en parte por el propio asegurado, como lo prevé el artículo 149 citado. Es decir, los preceptos transcritos consideran al tercero afectado como un "beneficiario del seguro" desde el momento en que acontece el siniestro, lo que le otorga legitimación para ejercer la acción de reparación de daños o de indemnización. Así, en el caso de que los obligados se rehúsen a pagarle, el tercero beneficiario puede reclamar en contra del asegurado, o bien, de la empresa aseguradora, sin que ésta pueda alegar su falta de legitimación pasiva, pues su carácter para ser demandada, precisamente, deriva de la obligación que asumió al otorgar, en el ámbito contractual mercantil, la cobertura de responsabilidad civil. Es decir, esta responsabilidad civil es de carácter extracontractual, en razón de que no proviene del incumplimiento de un acuerdo de voluntades, sino de un hecho fortuito causante de un daño previsto en la póliza; así, la indemnización a un tercero por daño material derivado de un siniestro consiste en el restablecimiento de la situación anterior al mismo, y sólo cuando ello no sea posible, efectuar el pago en compensación." Por tanto, si en la especie, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de la aseguradora de responder por la atención médica del directo quejoso, derivado del accidente que sufrió; resulta inconcuso que ello no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues en todo caso ese conflicto deberá ser ventilado ante la instancia que corresponda, de conformidad con lo señalado en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros así como en la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Consideraciones similares, pueden ser invocadas en lo inherente al acto reclamado a la autoridad responsable denominada como Hospital Centro Médico M------, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.(.)." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Por su parte el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, revela que tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. De lo anterior se desprende que para que una controversia sobre las posibles violaciones a derechos fundamentales pueda analizarse a través del juicio de amparo, es indispensable que provenga de una autoridad o de un particular que ejerza actos equivalentes, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo cual implica que los actos susceptibles de control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo -por violación a derechos humanos-, son aquellos que impliquen el ejercicio de un poder político institucionalizado del Estado, es decir, que deriven de la aplicación de normas jurídicas y que se impongan por fuerza legal, bajo amenaza de coacción, ya sea por un ente estatal o por un particular - por delegación estatal según las normas jurídicas-, pero siempre que dicha manifestación de poder, derive del ejercicio de facultades propias del Estado establecidas por normas generales. Es decir, no basta que las conductas desplegadas por el particular encuentren sustento en una norma general -al ser una función básica del Derecho regular la conducta de las personas-, sino que es indispensable que en esos casos, dichas disposiciones impliquen una delegación de las funciones inherentes del Estado. Se suele decir que las relaciones entre el Estado y los particulares son de supra a subordinación, ya que ahí la autoridad estatal ejerce el poder público y el particular actúa en su carácter de destinario de ese poder, esto es, como gobernado. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad, pues el Estado no requiere el consenso de los particulares para emitir sus actos con independencia del carácter público o privado de quien las ejerce. Es así, porque dichas consideraciones son aplicables a las relaciones en las que un particular realiza actos equivalentes a los de autoridad. Por su parte, las relaciones entre particulares incluidas aquellas en las que el Estado actúa despojado de su poder, atendiendo a su doble personalidad, se dice que son de coordinación, pues se rigen por el derecho privado y se entablan por la bilateralidad. Dentro de este tipo de relaciones hay algunas que son asimétricas en las cuales una de las partes se encuentra en una situación privilegiada en la que tiene más poder que la otra; sin embargo, esa situación no implica que sus actos se conviertan en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, es muy común que las relaciones asimétricas entre particulares se confundan con las relaciones de supra a subordinación en las que el particular actúa en calidad de autoridad. Lo anterior, pues en ambos casos: (i) intervienen particulares; (ii) uno de ellos ejerce cierto "poder" sobre el otro; y, (iii) pueden darse violaciones a derechos humanos. Esto es, tratándose de violaciones de derechos humanos entre particulares, suele entenderse como producto de una relación de supra a subordinación, en la que uno de los particulares actuó con poder y transgredió el derecho del otro, equiparando de esta forma, la relación entre particulares a una relación entre autoridades y particulares. No obstante, esa afirmación es incorrecta, pues no debe confundirse la naturaleza de dichas relaciones, en virtud de que las violaciones a derechos humanos no se dan únicamente en actos entre el Estado y los particulares; sin embargo, debe ponerse especial atención en que el hecho de que un particular viole el derecho fundamental de otro, no provoca de manera automática que lo haga en ejercicio de un poder estatal ni le confiere el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en el amparo directo en revisión 992/2014, que únicamente determinados derechos fundamentales son susceptibles de regir el actuar de los particulares, de modo que, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales es matizada y tiene un alcance graduado que dependerá del derecho de que se trate. Dicho criterio, se emitió en la tesis aislada 1ª.II/2015, localizable en la foja 760, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2008261, que dice: "DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. LAS CONSECUENCIAS QUE ELLO PUEDE GENERAR SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y REQUIEREN SER ANALIZADAS POR EL JUZGADOR EN CADA CASO EN CONCRETO. Contrario a lo que sucede con los daños físicos o tangibles, el estudio de los daños de índole moral en un caso concreto tiene ciertas particularidades, precisamente por el componente de abstracción del que gozan los mismos. Sin embargo, y a pesar de los diversos criterios que se han emitido en torno al daño moral, la manera de probar y evaluar el daño en cuestión, los intereses que deben ser protegidos y los elementos que deben ser tomados en consideración para cuantificar el monto de la indemnización -en caso de que la misma proceda-, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que cuando el daño moral alegado provenga de un acto discriminatorio y, por tanto, de una violación directa al derecho fundamental a la no discriminación contenido en el artículo 1o. constitucional, es posible advertir cuatro tipos de consecuencias que puede acarrear tal discriminación: (i) la nulidad del acto; (ii) la indemnización de los daños causados; (iii) la imposición de medidas reparatorias de carácter disuasorio; y (iv) en caso de que la legislación aplicable lo prevea, el establecimiento de sanciones penales. Al respecto, es necesario indicar que tales consecuencias gozan de plena justificación en nuestro sistema jurídico, pues tal y como lo establece el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ante la existencia de una violación a un derecho protegido por la propia Convención -como lo es el derecho a la no discriminación contenido en su artículo 1o.- se garantizará el goce del mismo, y si resulta procedente, se repararán las consecuencias generadas, así como el pago de una justa indemnización a quien hubiese sufrido una lesión. Adicionalmente, las cuatro consecuencias antes indicadas gozan de independencia entre sí; esto es, a pesar de que las mismas se originan ante la existencia de un acto discriminatorio, lo cierto es que cada una responde a una determinada intención en torno a dicho acto, y son diversos los elementos que generan su actualización. Por tanto, si bien ante la presencia de un acto discriminatorio y, por ende, violatorio del artículo 1o. constitucional, el órgano jurisdiccional deberá dejar sin efectos el mismo, lo cierto es que ello no implica que deba decretar la procedencia de una indemnización por daño moral o la imposición de una medida disuasoria, toda vez que cada consecuencia responde a una dinámica específica y requiere del estudio de elementos diversos." Efectivamente, el artículo 5o. de la Ley General de Salud, señala que el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, lo que es acorde si se parte de la premisa que el diverso artículo 23 del mismo ordenamiento, define servicios de salud, como todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Luego, al comprender los servicios de salud un aspecto tan amplio, el legislador precisó con claridad en el artículo 24 de la citada ley general que dichos servicios se clasifican en tres tipos, a saber: 1) atención médica; 2) salud pública y; 3) asistencia social. Siendo la primera de ellas definida por el precepto legal 32 de esa ley, como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, cuyas actividades en términos del diverso numeral 33, comprenden: i) las preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica, ii) las curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno, y iii) las de rehabilitación, que incluyen acciones tendentes a corregir las invalideces físicas o mentales. Así, la relación que existe entre la responsable Centro Médico de M------, y la parte quejosa, es precisamente la de atención médica, dado que su vínculo no deriva de la asistencia social ni por cuestiones derivadas de la salud pública y, por tanto, debe considerase usuaria del servicio de salud en términos del artículo 50 de la ley que nos ocupa. Por lo que dicha relación está sujeta a las condiciones y conforme a las bases que para esta modalidad se establezcan en las disposiciones aplicables; asimismo, tampoco está a debate que como usuaria tiene derecho a obtener prestaciones de salud oportunas, de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, un trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares, a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen -artículos 51 y 51 Bis-; que a la par de ser derechos del paciente, también constituyen estándares mínimos con los que se debe prestar la atención médica. Por su parte el artículo 42 de la ley en comento también deja bastante claro que las autoridades sanitarias únicamente lo serán: a) el Presidente de la República, b) el Consejo de Salubridad General, c) la Secretaría de Salud y d) los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Departamento del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En esa tesitura, los artículos 10 y 113 de la normatividad en cita, refieren que será la Secretaría de Salud la que promoverá la participación en el Sistema Nacional de Salud de los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado, así como de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, cuyas acciones se concertarán con base en lo siguiente: ?Definición de las responsabilidades que asuman los integrantes de los sectores social y privado; ?Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que llevará a cabo la Secretaría de Salud; ?Especificación del carácter operativo de la concertación de acciones, con reserva de las funciones de autoridad de la Secretaría de Salud, y ?Expresión de las demás estipulaciones que de común acuerdo establezcan las partes. A su vez, el artículo 384 de la Ley General de Salud define los servicios de salud privados, como aquellos que presten personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, y sujetas a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles, acotando únicamente de manera expresa el tema de las tarifas -artículo 43- de la manera siguiente: los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del servicio personal independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud. Lo que pone de manifiesto, que la integración del sector privado en el Sistema Nacional de Salud, atiende a que la propia naturaleza del derecho que se pretende proteger, promover y restaurar - salud-, que hace necesario que el Estado a través de la Secretaría de Salud lo regule, defina las responsabilidades y vigile el cumplimiento de la legislación aplicable, en torno aquellos aspectos relevantes que asume este sector por el solo hecho de prestar atención médica a una persona; sin que de ello se desprenda que las actividades que despliegan por esa razón, se equiparan a los de una autoridad estatal, menos aún que la Ley General de Salud les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado. Lo anterior, se robustece con lo analizado por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en la tesis XXX.3º.13K, localizable en la foja 2481, Libro 74, Enero de 2020, Tomo IIl, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2021448, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL MÉDICO PRIVADO A QUIEN SE LE IMPUTA LA OMISIÓN DE ENTREGAR A UN PACIENTE SU EXPEDIENTE CLÍNICO DE FORMA DETALLADA Y COMPLETA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 408/2017, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), de título y subtítulo: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", interpretó los requisitos que el legislador estableció en el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo para que un particular pueda ser considerado como autoridad responsable, lo cual realizó en abstracto, por lo que los parámetros ahí establecidos resultan aplicables, siempre que se trate de particulares, entre los que destaca el relativo a "que sus funciones estén determinadas en una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad". En ese sentido, la omisión de entregar de forma detallada y completa su expediente clínico a un paciente, que se atribuye a un médico privado, no corresponde a funciones que le estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, pues la Norma Oficial Mexicana NOM004-SSA3-2012, Del expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, ni la Ley General de Salud le confirieron esa obligación. Por tanto, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo." En ese sentido, el apercibimiento realizado a la parte promovente en el sentido de que a partir del catorce de abril del presente año, se le retiraría el servicio de atención médica y suministros de medicamentos a la directa quejosa deriva de una relación de tipo contractual, celebrada con el hospital señalado como autoridad responsable, por la cual se establecieron diversos derechos y obligaciones, a fin de que el personal de este último proporcionara el servicio médico a la menor -----------, a cambio de una contraprestación económica por la prestación del mismo; de ahí que indudablemente se esté ante una relación de coordinación entre ambas partes; por tanto, en el presente caso Operadora Medica y Hospitalaria del Pacifico, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de propietaria del Hospital del Pacifico, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio amparo. Consecuentemente, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en comento; la cual es manifiesta, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable, porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Consecuentemente, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en comento; la cual es manifiesta, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable, porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Domicilio. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda por comparecencia. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. cva

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