Manuel Mireles Maldonado
Expediente 792/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Manuel Mireles Maldonado
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que a la fecha le transcurrió a la parte quejosa el plazo de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto por medio del cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de julio de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a sus antecedentes el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en su calidad de víctima en la carpeta de investigación de origen, señala como acto reclamado, esencialmente, la omisión de las autoridades ministeriales que designó como responsables, de otorgarle la calidad de víctima en la carpeta de investigación 318/2021, en la que también se le consideró como imputado de un delito, con motivo del dictamen pericial FGED/DGSP//LRD//TT/DGA/091/2021 de treinta de abril de dos mil veintiuno, cuando lo cierto es que el imputado en esa indagatoria es Carlos Ricardo Rodríguez Torres. En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.". El precepto trascrito pone de manifiesto, la regla general que rige la procedencia del juicio de amparo, referente al principio de definitividad, que consiste en la obligación del quejoso de hacer valer, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto que, en su opinión, le irroga perjuicio, en la inteligencia de que si dicho agraviado no satisface tal presupuesto, el juicio será improcedente. De acuerdo con el propio numeral se advierte, que los gobernados se encuentran exentos de agotar dicho principio en el supuestos de que la ley de la materia, no prevea la suspensión del acto reclamado, o previéndolo exija mayores requisitos que los que requiere la ley de amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o bien cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página 8, que señala lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Ese Alto Tribunal del país sostuvo que de la disposición legal en análisis bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juzgador de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juzgador de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 945, que señala lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". De esta forma, conforme a lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los postulados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, el acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades ministeriales responsables, de otorgarle la calidad de víctima a la parte quejosa en la carpeta de investigación subyacente, y en cambio considerarlo como imputado, con motivo de determinado dictamen pericial, es susceptible de impugnarse a través del medio de defensa innominado antes precisado, ante el juzgador de control, en los términos antes apuntados. Por consiguiente, en el caso, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa invariablemente debe agotar el medio de impugnación de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, en su calidad de víctima, ante el juzgador de control, tiene la posibilidad de atacar las violaciones cometidas, dentro de la carpeta de investigación subyacente. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y sus Gaceta, Décima Época, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 943, que señala lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. De ahí que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, y con relación al artículo 113 ya invocado, se desecha la demanda de amparo por su notoria improcedencia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notificación personal. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con ésta, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa. Escrito. Agréguese a sus antecedentes el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en su calidad de víctima en la carpeta de investigación de origen, señala como acto reclamado, esencialmente, la omisión de las autoridades ministeriales que designó como responsables, de otorgarle la calidad de víctima en la carpeta de investigación 318/2021, en la que también se le consideró como imputado de un delito, con motivo del dictamen pericial FGED/DGSP//LRD//TT/DGA/091/2021 de treinta de abril de dos mil veintiuno, cuando lo cierto es que el imputado en esa indagatoria es Carlos Ricardo Rodríguez Torres. En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.". El precepto trascrito pone de manifiesto, la regla general que rige la procedencia del juicio de amparo, referente al principio de definitividad, que consiste en la obligación del quejoso de hacer valer, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto que, en su opinión, le irroga perjuicio, en la inteligencia de que si dicho agraviado no satisface tal presupuesto, el juicio será improcedente. De acuerdo con el propio numeral se advierte, que los gobernados se encuentran exentos de agotar dicho principio en el supuestos de que la ley de la materia, no prevea la suspensión del acto reclamado, o previéndolo exija mayores requisitos que los que requiere la ley de amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o bien cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página 8, que señala lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Ese Alto Tribunal del país sostuvo que de la disposición legal en análisis bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juzgador de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juzgador de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 945, que señala lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". De esta forma, conforme a lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los postulados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, el acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades ministeriales responsables, de otorgarle la calidad de víctima a la parte quejosa en la carpeta de investigación subyacente, y en cambio considerarlo como imputado, con motivo de determinado dictamen pericial, es susceptible de impugnarse a través del medio de defensa innominado antes precisado, ante el juzgador de control, en los términos antes apuntados. Por consiguiente, en el caso, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa invariablemente debe agotar el medio de impugnación de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, en su calidad de víctima, ante el juzgador de control, tiene la posibilidad de atacar las violaciones cometidas, dentro de la carpeta de investigación subyacente. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y sus Gaceta, Décima Época, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 943, que señala lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. De ahí que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, y con relación al artículo 113 ya invocado, se desecha la demanda de amparo por su notoria improcedencia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notificación personal. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con ésta, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; cinco de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio y en relación a las manifestaciones de la parte quejosa, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos, de las cuales se advierte lo siguiente: Sentencia. Mediante resolución de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional, sobreseyó el presente juicio de amparo. Impugnación. Inconforme con la sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, el cual revocó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "En consecuencia, lo procedente es otorgarle el amparo al quejoso para el efecto que sea auscultado y valorado por un médico especialista en traumatología. (.) En otro aspecto, es igualmente fundado lo que argumenta el quejoso en relación al diverso acto que reclamó, consistente en la omisión en que han incurrido las autoridades responsables, al no entregarle los tenis marca "nike", talla veintiséis y medio con velcro y suela anti impacto que portaba al momento de su ingreso al centro penitenciario, y que dice ha solicitado por escrito le sean entregados, sin que su petición haya sido acordada de conformidad. Lo anterior es así, porque en el caso, al ser cierta la afirmación del quejoso, por la omisión de la autoridad responsable de referirse en su informe justificado a ese acto reclamado; ninguna razón existe que justifique la retención de los tenis que dice tienen velcro y suela anti impacto, y que portaba al momento de su ingreso, por lo que en este aspecto, también debe otorgarse la protección federal para el efecto que las autoridades responsables se los proporcionen, si efectivamente los tiene en resguardo". Tan pronto fue recibida esa ejecutoria, el siete de marzo de dos mil dieciocho, se requirió el cumplimiento respectivo. Cumplimiento del fallo protector. Mediante diversos oficios y anexos remitidos por las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", y la autoridad vinculada al cumplimiento Director del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, aparece que las autoridades penitenciarias llevaron a cabo las gestiones para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En efecto, el catorce de febrero de dos mil diecinueve este juzgado tuvo por recibido el oficio 3978/2019, en el que el Director del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, informó que a través del diverso 521/2019 fueron recibidos mediante correspondencia un par de tenis marca "nike air" los cuales fueron entregado al quejoso José Luis Pedroza Domínguez, quien recibió y firmó de conformidad el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Asimismo, el referido quejoso, a través de la notificación realizada mediante exhorto, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, manifestó su conformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por cuanto hace a este aspecto. Por otra parte, respecto a la atención médica solicitada por el quejoso del padecimiento que refirió, la autoridad vinculada al cumplimiento Director del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, mediante oficio 34888/2018 informó que al quejoso le fue practicada la toma de rayos "X", posterior y lateral de rodilla derecha, de la que se observó integridad de elementos óseos, y ausencia de lesión lítica o blástica; sin embargo se determinó una disminución del espacio interóseo femorotibial medial y la posibilidad de "meniscopatía" la cual, debería ser considerada y tratada. En esas condiciones, el médico especialista le prescribió la aplicación del medicamento denominado "Diacerina, lo que acreditó con la copia certificada de la documental que adjuntó al oficio 37761/2018, el cual se tuvo por recibido ante este juzgado el tres de agosto de dos mil dieciocho. Posteriormente, el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad vinculada exhibió nota médica de veintisiete de mayo de ese año, en el que diagnosticó al quejoso con probable "Meniscopatía" y al efecto estableció un plan médico consistente en higiene de rodilla, valoración en el área de traumatología y cita abierta para verificar la evolución del padecimiento, adjuntando las documentales que lo justificaron. Así las cosas, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 58068, informó dicha autoridad que le fue entregado el tratamiento al quejoso, con una duración del treinta de agosto al veintisiete de noviembre de ese año. Seguida la secuela médica, se advierte que se le practicaron diversos estudios, pues el veinte de septiembre se le prescribió continuar con el medicamento "Diacerina", y se valoraron las radiografías tomadas previamente para verificar la evolución de la lesión, indicando la realización de diversos ejercicios ortopédicos, a todo lo que el quejoso firmó de conformidad. Con posterioridad, la autoridad vinculada a través del oficio 28328/2020 de treinta de noviembre de dos mil veinte, informó a este juzgado acerca de las medidas tomadas para continuar con el tratamiento médico del quejoso, e informó que el doce de noviembre de dos mil veinte fue valorado por el especialista en traumatología y ortopedia, quien valoró la resonancia magnética que le fue practicada en la rodilla derecha, con un diagnóstico de dolor de muñeca derecha, antigua fx de metacarpos derechos, lesión de LCA y daño en menisco lateral, prescribiéndole nuevamente un plan médico consistente en no levantar objetos pesados, analgésicos orales, y además sugiere no indica artroscopia. Ahora bien, de la documental que anexó la referida autoridad, obra glosada la nota de especialista número 81238, expedida el doce de noviembre de dos mil veinte, en la que aparece la observación médica: "SE SUGIERE ARTROSCOPIA (CIRUGÍA)". En se contexto, no es posible tener por debidamente cumplida la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, y a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso José Luis Pedroza Domínguez, dese vista a la autoridad responsable vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo Director del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, en los términos que a continuación se indican. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo Director del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que haya quedado legalmente notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio; en el entendido que deberá manifestar ante este juzgado federal, si ha cumplido en su totalidad con la prescripción médica determinada en la nota de especialista número 81238, expedida el doce de noviembre de dos mil veinte, en la que aparece la observación médica: "SE SUGIERE ARTROSCOPIA (CIRUGÍA)". Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que se incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; ello, porque las sentencias ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; asimismo, se continuará con el procedimiento que alude el dispositivo 193 de la ley en la materia; esto es se abrirá el incidente de inejecución. Acuerdo. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que el quejoso José Luis Pedroza Domínguez, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en el Rincón, Municipio de Tepic, Nayarit, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, con sede en Tepic, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, a fin que se constituya en el lugar de reclusión donde se encuentra el quejoso José Luis Pedroza Domínguez, y le notifique de manera personal este auto, debiéndole correr traslado con copia del oficio de la autoridad responsable y el presente proveído. De igual forma, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a las autoridades jurisdiccionales que les corresponda conocer del presente asunto, para que habiliten días y horas inhábiles, a fin de realizar dicha encomienda y, hecho que sea lo anterior, devuelva la comunicación que nos ocupa por los medios que considere más expeditos con las constancias que acrediten su diligenciación. En el entendido que la comunicación oficial que se ordena, deberá enviarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haciendo uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículo 107 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; tomando en consideración la naturaleza de la misma, de conformidad con el numeral 110 del referido acuerdo, no existe la necesidad de que el juzgado exhortado acuse de recibo vía ordinaria; asimismo, se destaca que la devolución de las constancias respectivas deberá realizarse únicamente mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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