Manuel Mejia Tapia
Expediente 1326/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1326/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/10/2016
Partes del expediente
- Manuel Mejia Tapia
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
VI.-El estado procesal de autos evidencia que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no ha remitido las constancias que solicitadas mediante proveído de diecisiete de agosto del año en curso (foja 463); por tanto; requiérase de nueva para que dentro del plazo de tres días, remita todas y cada una de las documentales relativas a la expropiación publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, relativo al Ejido Benito Juárez, antes "La Purísima", y para el caso de obren en otra dependencia, realice las gestiones necesarias a fin de allegarse de las mismas, a fin de remitirlas a este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que en caso de ser omiso a lo anterior, se le hará efectiva la multa con la cual fue conminado en el acuerdo de referencia.
- Principal
IV. Con fundamento en el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto legal 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo indirecto 1842/2015, un legajo de copias certificadas y remite testimonio de la ejecutoria por dicho Tribunal el uno de septiembre de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión 153/2016, de su índice, cuyos puntos resolutivos son: PRIMERO. Se deja intocado el sobreseimiento decretado respecto a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de la sentencia que se revisan ----------------------------------------------- SEGUNDO. En materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida---------------------------------------------------------------------------- TERCERO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a J. Rubén Vázquez Miranda, contra el acto consistente en la orden de detención y aseguramiento del tractocamión materia del referido juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 357/2013. ------------------------------------------------------- Glósense a los autos el oficio, la ejecutoria de mérito y las actuaciones del cuaderno de antecedentes que se hayan generado con posterioridad a la interposición del recurso de revisión; acúsese recibo al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En ese tenor, se deja intocado el sobreseimiento decretado respecto de las autoridades precisadas en el considerando cuarto de la ejecutoria de cuenta. Ahora en acatamiento a la ejecutoria de mérito y con fundamento en lo establecido, con fundamento en los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de la Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe las providencias que dicte o realice para cumplir con la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Alzada y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten; en el entendido que, de no cumplir, se procederá en términos del citado ordinal 192 de la legislación de amparo. En el entendido que de no hacerlo así o de no informar la imposibilidad que tenga para hacerlo en el plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción I, del ordenamiento legal invocado, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones.
- Principal
VII.- Visto el contenido del oficio de cuenta, suscrito por la Secretario del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Culiacán Sinaloa, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 526 (número de orden 673/2016), librado en las presentes actuaciones a fin de notificar el auto de once de marzo de la presente anualidad a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y como lo solicita el titular oficiante acúsesele el recibo de estilo vía correo electrónico de la devolución del comunicado oficial de cuenta. Ahora bien, en el caso en estudio, el suscrito considera actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Así, en el caso en estudio el acto reclamado consistente en el acuerdo emitido por la autoridad responsable de veintiocho de enero de dos mil trece, en el cual la autoridad responsable desechó el incidente no especificado de reducción de condena por descuento del quantum de la prisión preventiva promovido por el quejoso. Ahora, la autoridad responsable Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán Sinaloa (foja 184 a la 186), remitió copias certificadas de las que se desprende que el quejoso José Luis Angulo Soto fue egresado de dicho Centro por habérsele otorgado la libertad preparatoria el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas 184 a la186) constancias que por tratarse de documentos públicos tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De lo que se colige, que el acto reclamado ha cesado sus efectos, pues si en el presente juicio de amparo, lo que se reclama es el acuerdo emitido por la autoridad responsable de veintiocho de enero de dos mil trece, en el cual la autoridad responsable desechó el incidente no especificado de reducción de condena por descuento del quantum de la prisión preventiva promovido por el quejoso, circunstancia que ha cesado en la vida jurídica, pues el quejoso, como se advierte de autos, ha obtenido su libertad preparatoria, por tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esas condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe sobreseerse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Finalmente, en atención a las consideraciones por las cuales no pudo diligenciar el exhorto relatado en los párrafos anteriores, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, así como las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional.
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