Manuel Mata Martínez
Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/10/2023
Partes del expediente
- Manuel Mata Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por ese Tribunal, en el recurso de queja 175/2023, en el que se determinó: ". PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, a través de su mandataria ****, respecto de los actos y autoridades señaladas en el resultando primero de este fallo." Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. En atención a lo solicitado por la superioridad acúsese el recibo de estilo y respecto a lo determinado, procede lo siguiente: ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En razón de que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por *****, mandataria del quejoso ****, contra el proveído de dieciséis de mayo de este año, en el que se desechó la demanda de amparo; mismo que quedó registrado bajo el número 175/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Atento a su contenido, se tiene a la Superioridad acusando el recibo correspondiente. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto; el escrito de cuenta signado por ****, mandataria del quejoso ****, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte quejosa. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón de que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en autos del juicio de amparo indirecto 779/2023-IV, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ****, a través de su mandataria ****, en virtud de que se estimó que la resolución reclamada no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del quejoso, a efecto de que puedan ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Por tanto, remítase a la brevedad el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que proceda a la tramitación de dicho medio de impugnación. Por otra parte, hágase del conocimiento de la Superioridad, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el presente juicio de amparo 779/2023, de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por ****, a través de su mandataria ****, calidad que acredita tener reconocida en el expediente de origen, con la resolución de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca 148-A-1C01/2023, en término de los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo; contra actos de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 779/2023-IV. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN A LA SECRETARÍA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A", ACTUARIOS ADSCRITOS Y OFICIAL DE PARTES. Se instruye a la Secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. Causa de improcedencia. Es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama a la autoridad responsable: 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Lo siguiente: La resolución de trece de abril de dos mil veintitrés, pronunciada en el toca de apelación 148-A-1C01/2023, que confirma el auto de uno de febrero de este año, pronunciado en el expediente 523/2022, relativo al juicio de acción de prescripción positiva del índice del Juzgado Cuarto en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, a efecto de estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XVI, julio dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 fracción I, de la ley de la materia, como ya quedó expuesto, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: la resolución de trece de abril de dos mil veintitrés, pronunciada en el toca de apelación 148-A-1C01/2023, que confirma el auto de uno de febrero de este año, pronunciado en el expediente 523/2022, relativo al juicio de acción de prescripción positiva del índice del Juzgado Cuarto en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residentes en esta ciudad. Ahora bien, de los antecedentes de la demanda, se aprecia: La parte quejosa, figura como parte actora en el juicio ordinario civil (acción de prescripción positiva), promovido en contra de Héctor Melquiades Camacho García, Encarnación Espinosa Gómez y María del Rosario Zúñiga Fonseca, radicado en el Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, bajo el expediente 523/2022. Seguido el trámite procedimental, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó la apertura del periodo probatorio y se admitió, entre otras, la pericial en materia de agrimensura; por lo que, las partes designaron a sus peritos. El perito del diverso demandado ****, rindió su dictamen; el cual fue objetado por la parte actora (hoy quejosa), mediante escrito de nueve de enero de dos mil veintitrés; objeción que no fue admitida por el juez de origen, bajo el argumento de que sólo son objetables los documentos; sin embargo, tuvo por hechas sus manifestaciones para ser consideradas al momento de dictar sentencia definitiva. Posteriormente, el perito de los diversos demandados ***, rindió su dictamen pericial; el cual, de igual forma, fue impugnado por la parte actora (hoy quejosa) vía incidental. En auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, el juez de origen tuvo por hechas las manifestaciones de la parte actora relativas a la impugnación del dictamen pericial rendido por el perito de la demandada, para ser tomados en consideración al momento de dictar sentencia definitiva; asimismo, determinó no ha lugar a tramitar dicha impugnación por la vía incidental, en virtud de que no se encontraba prevista en la hipótesis prevista en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Inconforme con dicho auto, la parte actora (hoy quejosa), interpuso recurso de apelación; el cual correspondió conocer a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, bajo el toca 148/A/1C01/2023; y, en resolución de trece de abril del año actual, la sala responsable determinó confirmar el auto de uno de febrero de dos mil veintitrés. Resolución que es la reclamada en la demanda de amparo. En razón de lo anterior, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no constituye actos de imposible reparación, que transgredan en perjuicio del quejoso algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación sistemática de la legislación constitucional y secundaria rectora de la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de forma inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte mediante las garantías individuales, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, verbigracia, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen de manera fáctica con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al momento que se resuelva la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. El prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son exclusivamente formales y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentales al determinarse una resolución a su favor. Ahora bien, en el caso particular, el acto impugnado no tiene la naturaleza de imposible reparación, a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino que resultan ser actos procesales que sólo producen efectos formales en la tramitación del juicio de origen; que probablemente impliquen infracciones a sus derechos adjetivos que son susceptibles de extinguirse al momento de dictarse sentencia en el juicio de donde derivan los actos reclamados. Además, en caso de no obtener sentencia favorable, el quejoso puede impugnar las actuaciones procesales que considere violatorias al procedimiento, en el juicio de amparo directo que, en su caso promueva, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo. Por tanto, de ningún modo ocasiona violaciones a los derechos sustantivos del solicitante del amparo, que tutela la Constitución por medio de las prerrogativas individuales, o los tratados internacionales a través de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; puesto que el quejoso al ser parte en el asunto de origen, cuenta con el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal. En ese sentido, este juzgado estima que la resolución de trece de abril de dos mil veintitrés, pronunciada en el toca de apelación 148-A-1C01/2023, que confirma el auto de uno de febrero de este año, pronunciado en el expediente 523/2022, relativo al juicio de acción de prescripción positiva del índice del Juzgado Cuarto en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del quejoso, a efecto de que puedan ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello, porque no causa todavía un perjuicio irreparable, pues el quejoso puede obtener una resolución favorable en el expediente de donde deriva el acto reclamado; y, si no es así, cuenta con el juicio de amparo contra ese acto; de ahí la improcedencia de la acción constitucional indirecta. Por lo que, la determinación reclamada no se traduce en un acto de imposible reparación en términos del artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo; puesto que, los efectos que pudieren derivarse, son de naturaleza formal o adjetiva; en razón de que la afectación que deriva del acto reclamado, como se dijo, se traduce en una violación procesal que es susceptible de extinguirse en caso de obtenerse una resolución favorable en expediente de origen, sin haberse originado menoscabo alguno a los derechos sustantivos del quejoso y, de lo contrario, susceptible de análisis en el juicio de amparo que llegase a intentarse en contra de la resolución que ahí se dicte. En efecto, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, se exige que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, Libro VII, tomo I, junio de 2014, página 39, con registro 2006589, la cual dice lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". IV. Desechamiento de la demanda En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley en la materia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional. V. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VII. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en: ********************. Se tienen como autorizados de la quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** toda vez que tiene inscrita su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Se tiene únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal a ********************. VIII. Medios electrónicos Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." IX. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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- Manuel Muguira Revuelta1030/2022
- Manuel Odilon Hidalgo Camarillo425/2023