Manuel Martínez Prudencio

Expediente 55/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
55/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Manuel Martínez Prudencio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En esta misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 55/2019, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Morelia, Michoacán, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 74, último párrafo de la Ley de Amparo, de oficio se ordena aclarar la sentencia referida en relación con el error que obra en su punto resolutivo, ya que en el mismo se refiere que la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa; sin embargo, sin alterar las consideraciones esenciales del acto jurídico decisivo, el sentido correcto es que se sobreseyó en el juicio. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo VI, Diciembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Registro 197248, de rubro y texto: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." Por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE RESUELVE: UNICO.- SE CONCEDE EL AMPARO.....

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto diez de septiembre actual, informa que dentro del juicio de origen únicamente se encuentra pendiente por desahogar la prueba admitida bajo el punto número V, por lo que dicha autoridad ordenó su desahogo vía exhorto, mediante proveído dictado con fecha veinte de febrero de la presente anualidad y al efecto remite lo siguiente: Copia certificada de las constancias que integran el expediente ordinario laboral número 1182/2017, (anexo 1). En virtud a lo anterior, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba documental que remite la autoridad oficiante; asimismo, dése vista a las partes con dicha constancia para los efectos legales conducentes y relaciónese al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del proveído dictado con fecha veinte de febrero del año en curso, dictado dentro del expediente 182/2017, por medio del cual ordenó enviar exhorto al Juzgado Menor del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, para que en auxilio y delegación de las funciones del tribunal responsable lleva a cabo el desahogo de la prueba admitida bajo el punto número V, de su índice, mediante el acuerdo de admisión de pruebas emitido con fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho y se pronuncie respecto al punto IV del acuerdo en mención. Ahora bien, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la prueba ofrecida por el presidente señalado como autoridad responsable. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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