Manuel Martinez Garrigos
Expediente 939/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Manuel Martinez Garrigos
- JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, DE CONTROL, DE JUICIO ORAL Y EJECUCiÓN DE SANCIONES DEL DISTRITO JUDICIAL ÚNICO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON SEDE EN ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC, MORELOS,
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos de los que se advierte que por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido y toda vez que no se le reconoció el carácter de tercero interesado a nadie, el presente asunto no se encuentra en la hipótesis que establece el artículo 156, de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada, con motivo de la suspensión provisional decretada en autos; por tal motivo, comuníquesele a la parte quejosa que cuenta con un plazo de DOS AÑOS para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, debidamente identificado, con la finalidad de que se le devuelva el billete de depósito que exhibió con número N 862011, que ampara la cantidad de cinco mil pesos, apercibido que de no hacerlo, dentro del lapso concedido para tal efecto, con declarar la prescripción del referido billete a favor del Erario Federal; lo anterior, de conformidad con el artículo 50, de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos de los que se advierte que por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido y toda vez que no se le reconoció el carácter de tercero interesado a nadie, el presente asunto no se encuentra en la hipótesis que establece el artículo 156, de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada, con motivo de la suspensión provisional decretada en autos; por tal motivo, comuníquesele a la parte quejosa que cuenta con un plazo de DOS AÑOS para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, debidamente identificado, con la finalidad de que se le devuelva el billete de depósito que exhibió con número N 862011, que ampara la cantidad de cinco mil pesos, apercibido que de no hacerlo, dentro del lapso concedido para tal efecto, con declarar la prescripción del referido billete a favor del Erario Federal; lo anterior, de conformidad con el artículo 50, de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa
- Principal
".Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional de así haberlo realizado; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe."
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Manuel Martinez Garrigos solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, DE CONTROL, DE JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL DISTRITO JUDICIAL ÚNICO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON SEDE EN ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC, MORELOS. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS. POR SI Y COMO JEFE INMEDIATO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS AGENTES O FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITOS A SU DIGNO CARGO. FISCAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. NOTIFICADORA LIC. MAURA DOLORES ALVARADO VALDEZ ADSCRITA A LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL DISTRITO JUDICIAL ÚNICO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON SEDE EN ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC, MORELOS, DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CON NÚMERO: JC/1166/2020. PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. Acto reclamado: "EL ACTO QUE SE RECLAMA ES LA ORDEN DE COMPARECENCIA Y/O PRESENTACIÓN Y/O APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN Y/O MEDIDA CAUTELAR QUE IMPLIQUE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD." SEGUNDO. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, se previno a la parte quejosa para que subsanara diversas irregulares de la demanda de amparo, posteriormente el diecisiete de noviembre siguiente, la parte quejosa presento escrito subsanado la demanda de amparo, así el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió parcialmente la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 939/2020, requirió a las responsables sus informes justificados, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de comparecencia y/o presentación y/o aprehensión y/o detención y/o medida cautelar que implique privación de la libertad. TERCERO. Análisis de la existencia del acto reclamado. Inexistencia del acto reclamado. Así, se tiene que las autoridades responsables referidas en el escrito inicial de demanda (con excepción del Juez de Primera Instancia, de Control, de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos) que se tuvieron como existentes en el transcurso de la substanciación de este juicio de amparo, al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos que el quejoso reclamó en su contra, manifestando además que no existe orden de comparecencia, presentación, aprehensión, detención, medida cautelar que implique privación de la libertad girada en contra de la parte quejosa. En lo que respecta a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, si bien no rindió el informe justificado, de diversas constancias se advierte que el acto reclamado a dicha autoridad es inexistente. En ese sentido, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto que se les reclama y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa. En ese orden de ideas, atendiendo a que como se indicó con anterioridad las autoridades responsables negaron la existencia del acto que les atribuyó la parte quejosa, y tocaba a esta última la carga procesal de desvirtuar esa negativa; esto es, correspondía a Manuel Martínez Garrigos, acreditar que las autoridades responsables emitieron el acto reclamado consistente en orden de comparecencia y/o presentación y/o aprehensión y/o detención y/o medida cautelar que implique privación de la libertad en contra del impetrante del juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Manuel Martínez Garrigos, por cuanto a las autoridades que negaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia, de Control, de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, misma que negó la existencia del acto reclamado, sin embrago de las constancias se advierte la existencia de la orden de comparecencia emitida en contra del aquí quejoso, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañaron; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso concreto respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En ese sentido, resulta pertinente traer a colación que el directo quejoso Manuel Martínez Garrigos reclama la orden de comparecencia, emitida por el Juez de Primera Instancia, de Control, de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos. Asimismo, el juez responsable informó que dentro de la carpeta administrativa JC/1166/2020, que se instruye entre otros en contra de Manuel Martínez Garrigos, por la comisión del delito de despojo, en la que, por auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se ordenó citar al quejoso Manuel Martínez Garrigos, a la audiencia de formulación de imputación, misma que se fijó para las once horas del día cinco de noviembre de dos mil veinte; sin embargo, no se logró la citación del referido quejoso. Nuevamente, el cinco de noviembre siguiente, se señaló como nueva fecha las once horas del día veinte de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, misma que se difirió de nueva cuenta para las once horas del cuatro de diciembre de dos mil veinte, en virtud de que no se pudo localizar al quejoso. Posteriormente, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, al no ser localizado el quejoso de referencia, se difirió de nuevamente la celebración de la audiencia de formulación de imputación para las nueve horas del seis de enero de dos mil veintiuno. Sin embargo, en atención al acuerdo 023/2020, emitido por los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior del Justicia del Estado de Morelos, determinó suspender las labores jurisdiccionales del veinticuatro de diciembre de dos mil veinte al diez de enero de dos mil veintiuno, por lo que la referida audiencia no se celebró; sin que a la fecha se haya señalado nueva fecha para el desahogo de la misma. De lo señalado anteriormente, es evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado dejó de surtir efectos desde el momento en que quedó sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, emitida en la carpeta administrativa JC/1166/2020. Se invoca al respecto, la jurisprudencia con número de registro 1002264, que a continuación se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Cobra aplicación al caso, la siguiente jurisprudencia, con número de registro 1002470, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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