Manuel Martín Mirón Amoros
Expediente 598/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Manuel Martín Mirón Amoros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de ocho de abril de dos mil veintidós, que dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Manuel Martín Mirón Amoros para los efectos siguientes: ".En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la jueza responsable: 1). Deje insubsistente, en lo conducente, la resolución reclamada y, en su lugar, dicte una nueva, en la que, ciñéndose a los lineamientos de esta sentencia, mantenga intocado el porcentaje del cuarenta por ciento decretado por concepto de pensión provisional alimenticia sobre el sueldo y demás prestaciones del demandado, pero establezca que para su cálculo deberán disminuirse las deducciones de carácter legal." Inconforme con dicha resolución, la tercera interesada interpuso recurso de revisión en su contra, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión 234/2021 de su estadística, confirmó la sentencia recurrida, la cual ampara y protege a Manuel Martín Mirón Amoros En esas condiciones, mediante auto de catorce de marzo del año en curso, se requirió su cumplimiento al Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su carácter de autoridad sustituta con motivo de la recepción del juicio ordinario civil 1653/2019 del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, en la misma ciudad. Seguidamente, en auto de veintiocho de marzo del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra el oficio 1299/2022-VII signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; al cual anexó copia certificada de la resolución diecisiete de marzo de dos mil veintidós, del cual se aprecia que en su calidad de autoridad sustituta para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto, dejó insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 1653/2019-IV del índice del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, actualmente radicado bajo el número de expediente 1533/2021-VII de su estadística y, al resolver de nueva cuenta el recurso planteado, declaró parcialmente fundada la inconformidad planteada por el deudor alimentista Manuel Martín Mirón Amoros (quejoso) lo anterior bajo las siguientes consideraciones: En primer lugar, el juez señaló lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, relativo a que cualquier reclamación interpuesta por el demandado en contra de la medida provisional fijada por el Juzgador en el auto de inicio, se podrá hacer valer dentro de la contestación a la demanda y previa vista a la contraria del reclamante, el Juzgador deberá resolverla tomando en cuenta los documentos que se hubieran aportado para ello, tratando de equilibrar la cantidad o porcentaje que como pensión alimenticia se haya decretado. Así mismo, invocó los numerales, 100, 234, 239,242 y 242 BIS de la Legislación Civil del Estado, respecto de las relaciones de familias, que establecen el vínculo que debe acreditarse para ejercitar la acción de alimentos, el rubro que comprenden los alimentos, así como el principio de proporcionalidad que debe atenderse para el otorgamiento de los mismos. Seguidamente, hizo una relación de las manifestaciones por el deudor alimentista en su reclamación, relacionado a que es frívola y dolosa la petición de alimentos por parte de la madre de sus hijos, dado que él se ha hecho cargo desde que nacieron sus hijos, del cuidado manutención, vestido, educación, actividades de esparcimiento, casa habitación, que la acreedora es acreedora de la misma naturaleza con su menores hijos, la cual no depende económicamente de él, pues labora como empleada de la Comisión Federal de Electricidad Zona los Tuxtlas, donde percibe un sueldo decoroso, cuenta con seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, clínica 33 de esa ciudad, y el porcentaje decretado del cincuenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, es excesiva, pues juntando las dos es el cien por ciento y le causa agravio, pues su menor hijo de identidad reservada con iniciales M.M.A. requiere atención médica especializada de manera mensual, estudios y fármaco prescrito por su médico tratante, que tiene gastos mensuales de inscripción y de colegiatura tanto de su menor hijo de iniciales M.M.A. de la Escuela Protectora de las Técnicas Freinet y Pro-edificio de la escuela, así como de su menor hija de iniciales A.M.A. en la escuela primaria Los Tuxtlas; útiles escolares, vestidos, zapatos, transporte escolar, gastos de alimentos y despensa señalan, pagos de servicios públicos, servicios de teléfono e internet y el pago de la renta mensual de la casa habitación que viven, lo que hacen un gasto total aproximado a treinta mil pesos; que la pensión alimenticia decretada en su contra es excesiva y pone en grave peligro su subsistencia, pues también tiene necesidades apremiantes, como el pago de renta, servicios de luz, agua, gasolina, por tanto lo dejaría en estado vulnerable para cumplir sus obligaciones, tomando en consideración que la actora no depende económicamente de él, solicitando se reduzca la pensión alimenticia decretada en contra de su sueldo y demás prestaciones; exhibiendo diversas documentales para sustentar su dicho, las cuales fueron valoradas en términos del 266 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. De igual manera, apuntó que en desahogo a la vista concedida, la actora manifestó le corresponde el derecho de pedir en los términos fijados, que lo único que pretende es que se fije una pensión para los menores, para no estar supeditada a la buena fe del deudor alimentista, sino que judicialmente quede sujeto a su obligación, por lo que los gastos que se generan por la manutención de los mismos y que el propio demandado relaciona y dice pagar, quedarán cubiertos de manera legal, cuando se fijen de manera definitiva; que es cierto que desde antes de casarse civilmente con el ahora demandado, labora en la dependencia federal señalada, pero de igual forma aporta para la manutención de sus hijos: Que respecto a que se le está descontando el cien por ciento de su sueldo, es falso, ya que se decretó un descuento para cada uno de sus centros de trabajo, el cincuenta por ciento, quedándole el cincuenta por ciento para él, que es falso que le cause agravio, ya que no tiene gastos de renta, aparte de las dependencias donde se le están realizando los descuentos, el demandado tiene un consultorio propio en el cual genera más recursos. Hecho lo anterior, el Juez de Primera Instancia analizó los agravios manifestados por el citado quejoso, así como el desahogo de vista de la parte actora (aquí tercera interesada) constancias procesales y los documentos exhibidos. Entonces así, el juez tuvo por acreditado el vínculo que existe entre los menores alimentarios y el aquí deudor alimentista, teniendo a su favor los citados infantes la presunción de necesidad de los alimentos que se vienen exigiendo en su representación, habidos de la relación matrimonial que sostiene los pleitistas; que dichos menores cuentas con necesidades fisiológicas diversas, en razón de su edad, aunado a que el menor de identidad reservada con iniciales M.M.A. requiere tratamiento médico especializado, además que los menores acuden a escuelas diversas privadas, de las que erogan gastos escolares de inscripción, colegiaturas, transporte y útiles escolares, así como de las diversas actividades físicas, culturales y recreativas a las que asisten los menores acreedores; así mismo, del dicho de ambos contendientes se desprende que el deudor alimentista vive en un domicilio distinto al de sus acreedores, lo que le genera el pago por los servicios que ocupe en su vivienda, además de tener que cubrir sus propios alimentos. Ahora con respecto a que la actora se encuentra laborando y, por tanto también resulta deudora alimentaria de sus menores hijos que la misma representa, el juez consideró que al encontrarse incorporados dichos infantes en el seno materno, se presume que su obligación alimentaria la viene cumpliendo de forma directa, ya que procura los cuidados requeridos por dichos menores, encargándose de vigilar el sano desarrollo de los infantes, en el entorno social en que se vienen desenvolviendo. En cuanto a la capacidad económica del deudor alimentista, toda vez que reconoció tener dos fuentes de ingresos (ISSSTE y Sector Salud de Veracruz) aunado a ello el propio deudor exhibió diversos comprobantes de pago de nómina provenientes de los citados centros de trabajo con los que cuenta, además del informe rendido el veintiocho de enero de dos mil veinte por el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Salud respecto de los alcances salariales y demás percepciones y deducciones aplicadas a su salario quincenal, además que el propio deudor alimentista señaló tener una capacidad económica mayor, de acuerdo a los gastos que sufraga para satisfacer diversas necesidades alimentarias de sus menores hijos, en forma voluntaria, como lo es lo relativo a gastos escolares, recreativos, atención médica y medicina respecto a uno de sus alimentarios; el juez determinó que resultaba insuficiente para tenerlo dando cumplimiento a su obligación alimentaria, de manera total y oportuna, lo que de modo alguno impidiera que se le demande el pago de alimentos y se conceda la pensión en forma judicial a fin de otorgar mayor seguridad en el exacto cumplimiento de esa obligación. Por otra parte, el juez destacó que de la lectura integral de la demanda inicial, se advierte que la actora Enith Álvarez Herrera (aquí tercera interesada) viene incoando alimentos única y exclusivamente para sus menores hijos y no así para ella misma, por lo que resultaba en ese punto, procedente la reclamación hecha valer por el demandado, debiéndose decretar la cancelación proporcional de la pensión alimenticia provisional fijada en el auto de inicio de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, consistente en el diez por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el accionado en su dos fuentes de trabajo, establecido a favor de la actora Enith Álvarez Herrera, al no encontrarse acreditados los presupuestos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, esto es, que exista petición de parte y se justifique el derecho a recibirlos. En ese orden de ideas, tomando en consideración el principio de proporcionalidad que rige la materia de alimentos establecida en el numeral 242 del Código Sustantivo Civil, el juez consideró justo y equitativo, CONFIRMAR la pensión alimenticia provisional consistente en el CUARENTA POR CIENTO a favor de los menores de edad de identidad reservada, de iniciales M.M.A. y A.M.A., representados por su progenitora Enith Álvarez Herrera, en su calidad de hijos del deudor alimentista Manuel Martín Mirón Amoros, respecto del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe por el producto de su trabajo, tomando como base la totalidad de las percepciones que el demandado obtiene luego de la aplicación de las deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al mismo, respecto del cien por ciento del salario devengado. En tales condiciones, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil veinte, y al resolver de nueva cuenta la reclamación interpuesta por el aquí quejoso Manuel Martín Mirón Amoros en contra de la pensión provisional decretada en su contra en el juicio ordinario civil 1653/2019-IV del índice del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, actualmente radicado bajo el número de expediente 1533/2021-VII de su estadística, mantuvo intocado el porcentaje del cuarenta por ciento a favor de los menores de edad, de identidad reservada, de iniciales M.M.A. y A.M.A. representados por su progenitora Enith Álvarez Herrera, decretado por concepto de pensión provisional alimenticia sobre el sueldo y demás prestaciones del demandado, estableciendo que para su cálculo deberán disminuirse las deducciones de carácter legal. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte tercera interesada exhibió diversos documentos originales en el presente juicio de amparo, como prueba de su parte; en esas condiciones, y en atención al artículo 18, primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte tercero interesada la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a Enith Álvarez Herrera que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Asimismo, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte tercero interesada, el auto de ocho de abril de dos mil veintidós, que dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Manuel Martín Mirón Amoros para los efectos siguientes: ".En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la jueza responsable: 1). Deje insubsistente, en lo conducente, la resolución reclamada y, en su lugar, dicte una nueva, en la que, ciñéndose a los lineamientos de esta sentencia, mantenga intocado el porcentaje del cuarenta por ciento decretado por concepto de pensión provisional alimenticia sobre el sueldo y demás prestaciones del demandado, pero establezca que para su cálculo deberán disminuirse las deducciones de carácter legal." Inconforme con dicha resolución, la tercera interesada interpuso recurso de revisión en su contra, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión 234/2021 de su estadística, confirmó la sentencia recurrida, la cual ampara y protege a Manuel Martín Mirón Amoros En esas condiciones, mediante auto de catorce de marzo del año en curso, se requirió su cumplimiento al Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su carácter de autoridad sustituta con motivo de la recepción del juicio ordinario civil 1653/2019 del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, en la misma ciudad. Seguidamente, en auto de veintiocho de marzo del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra el oficio 1299/2022-VII signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; al cual anexó copia certificada de la resolución diecisiete de marzo de dos mil veintidós, del cual se aprecia que en su calidad de autoridad sustituta para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto, dejó insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 1653/2019-IV del índice del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, actualmente radicado bajo el número de expediente 1533/2021-VII de su estadística y, al resolver de nueva cuenta el recurso planteado, declaró parcialmente fundada la inconformidad planteada por el deudor alimentista Manuel Martín Mirón Amoros (quejoso) lo anterior bajo las siguientes consideraciones: En primer lugar, el juez señaló lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, relativo a que cualquier reclamación interpuesta por el demandado en contra de la medida provisional fijada por el Juzgador en el auto de inicio, se podrá hacer valer dentro de la contestación a la demanda y previa vista a la contraria del reclamante, el Juzgador deberá resolverla tomando en cuenta los documentos que se hubieran aportado para ello, tratando de equilibrar la cantidad o porcentaje que como pensión alimenticia se haya decretado. Así mismo, invocó los numerales, 100, 234, 239,242 y 242 BIS de la Legislación Civil del Estado, respecto de las relaciones de familias, que establecen el vínculo que debe acreditarse para ejercitar la acción de alimentos, el rubro que comprenden los alimentos, así como el principio de proporcionalidad que debe atenderse para el otorgamiento de los mismos. Seguidamente, hizo una relación de las manifestaciones por el deudor alimentista en su reclamación, relacionado a que es frívola y dolosa la petición de alimentos por parte de la madre de sus hijos, dado que él se ha hecho cargo desde que nacieron sus hijos, del cuidado manutención, vestido, educación, actividades de esparcimiento, casa habitación, que la acreedora es acreedora de la misma naturaleza con su menores hijos, la cual no depende económicamente de él, pues labora como empleada de la Comisión Federal de Electricidad Zona los Tuxtlas, donde percibe un sueldo decoroso, cuenta con seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, clínica 33 de esa ciudad, y el porcentaje decretado del cincuenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, es excesiva, pues juntando las dos es el cien por ciento y le causa agravio, pues su menor hijo de identidad reservada con iniciales M.M.A. requiere atención médica especializada de manera mensual, estudios y fármaco prescrito por su médico tratante, que tiene gastos mensuales de inscripción y de colegiatura tanto de su menor hijo de iniciales M.M.A. de la Escuela Protectora de las Técnicas Freinet y Pro-edificio de la escuela, así como de su menor hija de iniciales A.M.A. en la escuela primaria Los Tuxtlas; útiles escolares, vestidos, zapatos, transporte escolar, gastos de alimentos y despensa señalan, pagos de servicios públicos, servicios de teléfono e internet y el pago de la renta mensual de la casa habitación que viven, lo que hacen un gasto total aproximado a treinta mil pesos; que la pensión alimenticia decretada en su contra es excesiva y pone en grave peligro su subsistencia, pues también tiene necesidades apremiantes, como el pago de renta, servicios de luz, agua, gasolina, por tanto lo dejaría en estado vulnerable para cumplir sus obligaciones, tomando en consideración que la actora no depende económicamente de él, solicitando se reduzca la pensión alimenticia decretada en contra de su sueldo y demás prestaciones; exhibiendo diversas documentales para sustentar su dicho, las cuales fueron valoradas en términos del 266 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. De igual manera, apuntó que en desahogo a la vista concedida, la actora manifestó le corresponde el derecho de pedir en los términos fijados, que lo único que pretende es que se fije una pensión para los menores, para no estar supeditada a la buena fe del deudor alimentista, sino que judicialmente quede sujeto a su obligación, por lo que los gastos que se generan por la manutención de los mismos y que el propio demandado relaciona y dice pagar, quedarán cubiertos de manera legal, cuando se fijen de manera definitiva; que es cierto que desde antes de casarse civilmente con el ahora demandado, labora en la dependencia federal señalada, pero de igual forma aporta para la manutención de sus hijos: Que respecto a que se le está descontando el cien por ciento de su sueldo, es falso, ya que se decretó un descuento para cada uno de sus centros de trabajo, el cincuenta por ciento, quedándole el cincuenta por ciento para él, que es falso que le cause agravio, ya que no tiene gastos de renta, aparte de las dependencias donde se le están realizando los descuentos, el demandado tiene un consultorio propio en el cual genera más recursos. Hecho lo anterior, el Juez de Primera Instancia analizó los agravios manifestados por el citado quejoso, así como el desahogo de vista de la parte actora (aquí tercera interesada) constancias procesales y los documentos exhibidos. Entonces así, el juez tuvo por acreditado el vínculo que existe entre los menores alimentarios y el aquí deudor alimentista, teniendo a su favor los citados infantes la presunción de necesidad de los alimentos que se vienen exigiendo en su representación, habidos de la relación matrimonial que sostiene los pleitistas; que dichos menores cuentas con necesidades fisiológicas diversas, en razón de su edad, aunado a que el menor de identidad reservada con iniciales M.M.A. requiere tratamiento médico especializado, además que los menores acuden a escuelas diversas privadas, de las que erogan gastos escolares de inscripción, colegiaturas, transporte y útiles escolares, así como de las diversas actividades físicas, culturales y recreativas a las que asisten los menores acreedores; así mismo, del dicho de ambos contendientes se desprende que el deudor alimentista vive en un domicilio distinto al de sus acreedores, lo que le genera el pago por los servicios que ocupe en su vivienda, además de tener que cubrir sus propios alimentos. Ahora con respecto a que la actora se encuentra laborando y, por tanto también resulta deudora alimentaria de sus menores hijos que la misma representa, el juez consideró que al encontrarse incorporados dichos infantes en el seno materno, se presume que su obligación alimentaria la viene cumpliendo de forma directa, ya que procura los cuidados requeridos por dichos menores, encargándose de vigilar el sano desarrollo de los infantes, en el entorno social en que se vienen desenvolviendo. En cuanto a la capacidad económica del deudor alimentista, toda vez que reconoció tener dos fuentes de ingresos (ISSSTE y Sector Salud de Veracruz) aunado a ello el propio deudor exhibió diversos comprobantes de pago de nómina provenientes de los citados centros de trabajo con los que cuenta, además del informe rendido el veintiocho de enero de dos mil veinte por el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Salud respecto de los alcances salariales y demás percepciones y deducciones aplicadas a su salario quincenal, además que el propio deudor alimentista señaló tener una capacidad económica mayor, de acuerdo a los gastos que sufraga para satisfacer diversas necesidades alimentarias de sus menores hijos, en forma voluntaria, como lo es lo relativo a gastos escolares, recreativos, atención médica y medicina respecto a uno de sus alimentarios; el juez determinó que resultaba insuficiente para tenerlo dando cumplimiento a su obligación alimentaria, de manera total y oportuna, lo que de modo alguno impidiera que se le demande el pago de alimentos y se conceda la pensión en forma judicial a fin de otorgar mayor seguridad en el exacto cumplimiento de esa obligación. Por otra parte, el juez destacó que de la lectura integral de la demanda inicial, se advierte que la actora Enith Álvarez Herrera (aquí tercera interesada) viene incoando alimentos única y exclusivamente para sus menores hijos y no así para ella misma, por lo que resultaba en ese punto, procedente la reclamación hecha valer por el demandado, debiéndose decretar la cancelación proporcional de la pensión alimenticia provisional fijada en el auto de inicio de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, consistente en el diez por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el accionado en su dos fuentes de trabajo, establecido a favor de la actora Enith Álvarez Herrera, al no encontrarse acreditados los presupuestos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, esto es, que exista petición de parte y se justifique el derecho a recibirlos. En ese orden de ideas, tomando en consideración el principio de proporcionalidad que rige la materia de alimentos establecida en el numeral 242 del Código Sustantivo Civil, el juez consideró justo y equitativo, CONFIRMAR la pensión alimenticia provisional consistente en el CUARENTA POR CIENTO a favor de los menores de edad de identidad reservada, de iniciales M.M.A. y A.M.A., representados por su progenitora Enith Álvarez Herrera, en su calidad de hijos del deudor alimentista Manuel Martín Mirón Amoros, respecto del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe por el producto de su trabajo, tomando como base la totalidad de las percepciones que el demandado obtiene luego de la aplicación de las deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al mismo, respecto del cien por ciento del salario devengado. En tales condiciones, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil veinte, y al resolver de nueva cuenta la reclamación interpuesta por el aquí quejoso Manuel Martín Mirón Amoros en contra de la pensión provisional decretada en su contra en el juicio ordinario civil 1653/2019-IV del índice del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, actualmente radicado bajo el número de expediente 1533/2021-VII de su estadística, mantuvo intocado el porcentaje del cuarenta por ciento a favor de los menores de edad, de identidad reservada, de iniciales M.M.A. y A.M.A. representados por su progenitora Enith Álvarez Herrera, decretado por concepto de pensión provisional alimenticia sobre el sueldo y demás prestaciones del demandado, estableciendo que para su cálculo deberán disminuirse las deducciones de carácter legal. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte tercera interesada exhibió diversos documentos originales en el presente juicio de amparo, como prueba de su parte; en esas condiciones, y en atención al artículo 18, primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte tercero interesada la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a Enith Álvarez Herrera que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Asimismo, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que devuelve los autos del juicio de amparo 598/2020 en que se actúa, un tomo de pruebas, así como copia certificada del testimonio pronunciado en el cuaderno auxiliar 589/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, derivado del amparo en revisión 234/2021 de su estadística, del cual se advierte que mediante sesión ordinaria virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno, la superioridad confirmó la sentencia recurrida, la cual ampara y protege a Manuel Martín Mirón Amoros. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las correspondientes anotaciones, y agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. Acúsese recibo. Ahora bien, es un hecho notorio para el suscrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que con motivo de la circular 18 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que en sesión extraordinaria celebrada el treinta de junio del año en curso, se aprobó el cierre del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, determinándose que los asuntos de su conocimiento, serían redistribuidos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, en la misma ciudad. En ese contexto, téngase al Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz como autoridad sustituta para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto dentro del expediente que haya radicado en dicho órgano con motivo de la recepción del juicio ordinario civil 1653/2019 del Juzgado Cuarto de Primera Instancias en Materia Civil de San Andrés Tuxtla, Veracruz. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su carácter de autoridad sustituta, para que dentro del plazo de TRES DÍAS hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ".En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la jueza responsable: 1). Deje insubsistente, en lo conducente, la resolución reclamada y, en su lugar, dicte una nueva, en la que, ciñéndose a los lineamientos de esta sentencia, mantenga intocado el porcentaje del cuarenta por ciento decretado por concepto de pensión provisional alimenticia sobre el sueldo y demás prestaciones del demandado, pero establezca que para su cálculo deberán disminuirse las deducciones de carácter legal." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Para lo cual se remite a las autoridad responsable copia autorizada de la ejecutoria dictada en el toca 234/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz. Por último, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio recibido en línea del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase a la Superioridad informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesada, el cual fue radicado con el número 234/2021; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Haydeé de Jesús Granados Lara, con quien actúa y da fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Manuel Gregorio Álvarez Astorga721/2016
- Manuel Guillermo Londoño Capurro1056/2011
- Manuel Hernández Martínez295/2018
- Manuel Huesca Lagunes291/2022
- Manuel Juárez Chávez1061/2015
- Manuel Marín García186/2023
- Manuel Oscar Encino Villareal673/2017
- Manuel Pretelin Paz519/2016
- Manuel Ramirez Garcia1072/2022
- Manuel Rodriguez Avendaño959/2015
- Manuel Rodríguez Fernandez375/2023
- Manuel Rojas Miguel200/2015