Manuel Martin del Bosque Araujo (Apoderado Legal)
Expediente 1871/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1871/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Manuel Martin del Bosque Araujo (Apoderado Legal)
- Grifols Worldwide Operations, Ltd
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha quedado firme el proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, mediante el cual se ordenó desechar de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constituciona; archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE CITA - Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel Martin del Bosque Araujo, quien se ostenta como apoderado legal de Grifols Worldwide Operations, LTD (GWWO), contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Jiutepec. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1871/2017-F, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. De igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Asimismo, y toda vez que el promovente remite copia certificada del testimonial del instrumento público número dos mil doscientos cuarenta y tres de treinta de marzo de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Corredor Publico número Cuatro plaza Morelos, de la que se advierte que cuenta con la personalidad con la que se ostenta, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce a dicha persona el carácter con el cual se ostentó en el presente juicio. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa reclama esencialmente la interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 127/2017, a través de la cual se declaró fundado el recurso de revocación, y en consecuencia se revoca el auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, y a su vez se da trámite al incidente de nulidad de actuaciones. Sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de la Ley de la Materia. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, si como se ha dicho, en la demanda de amparo la parte quejosa se duele esencialmente de la sentencia interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio 127/2017, a través de la cual se declaró fundado el recurso de revocación, y en consecuencia se revoca el auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, y a su vez se da trámite al incidente de nulidad de actuaciones, se estima dicha actuación constituye un acto procesal cuyas consecuencias solo tienen efectos dentro del procedimiento de origen, mas no trastoca alguno de los derechos sustantivos en perjuicio de la parte quejosa, por lo que dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte inconforme una ejecución de imposible reparación. Por consiguiente, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, resulta incuestionable la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que es procedente desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su ocurso de cuenta y por autorizadas para los mismos efectos a las personas propuestas, con excepción de José Luis Uriostegui Salgado y Anwar el Salim Buere Villegas. Lo anterior, en virtud de que no cumplen con los requisitos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, en el cual se establece que en materia administrativa, penal, civil, laboral y mercantil, las personas autorizadas deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, proporcionando los datos correspondientes en el que se le otorgue dicha autorización, aunado a que después de una búsqueda no se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cambio, como lo acabado de mencionar si ocurrió por lo que hace a José Luis Uriostegui Salgado y Anwar el Salim Buere Villegas, se les autoriza con todas las facultades que confiere el numeral antes invocado. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de Amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de Amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Con fundamento en los artículos 1° al 9°, 12 al 16, 18 al 23, 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características.
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