Manuel María Castellanos González Hermosillo

Expediente 676/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
676/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
15/11/2016

Partes del expediente

  • Manuel María Castellanos González Hermosillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    mesa"4" Ciudad de México, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Archivo Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo anterior, toda vez que se negó la medida suspensional solicitada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante Olivia Campos Valderrama, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    mesa"4" Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. ..

  3. Principal

    MESA "4" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO MANUEL MARÍA CASTELLANOS GONZÁLEZHERMOSILLO. Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Agréguense a este expediente para que obre como corresponda los oficios y anexos de cuenta, en atención a su contenido se tiene por rendido informe justificado y en alcance a éste, constancias relacionadas con la notificación fijada mediante estrados. Con motivo que del informe justificado y constancias anexas se evidencia la actualización de causal de improcedencia, es por lo que se considera innecesario dar vista a las partes. Determinación de improcedencia. Del oficio y constancias de referencia, esta juzgadora considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En el artículo de referencia, se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el o los actos reclamados han quedado insubsistentes y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; o bien, cuando la responsable realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie a la parte quejosa. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la abstención y la falta de respuesta de la promoción fechada el dieciséis de julio de dos mil dieciséis y presentada vía internet al día siguiente (diecisiete de julio de dos mil dieciséis). Del trámite del juicio se aprecia que la autoridad a quien le fue entregada la promoción de referencia, es quien suscribe las comunicaciones procesales de cuenta. De tales constancias se evidencia lo siguiente: ? Por acuerdo de doce de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad ministerial recibe el oficio SPE/1898/2016 signado por el Encargado de la Subdelegación de Procedimientos Especiales en la Delegación del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), mediante el cual entre otros documentos anexa copia del correo electrónico de fecha diecisiete de julio de dos mil dieciséis remitido por el quejoso Manuel María Castellanos González Hermosillo (página 125). ? El nueve de septiembre del presente año, la autoridad responsable dio contestación, al escrito enviado vía correo electrónico, en el sentido de que tendría que comparecer ante esa representación social a efecto de que ratifique, modifique o amplié su escrito de fecha dieciséis de julio de presente año, el día veintiocho de septiembre del año en curso (página 172). ? Se aprecia que se ordenó notificación en el domicilio señalado para tales efectos, sin que pudiese practicarse conforme a la razón asentada (página 176) ? En proveído de veinte de septiembre del presente año, la autoridad responsable acordó que ante la imposibilidad de practicar notificación personal se fijara cedula (páginas 186 a 90). A tales documentales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles . Lo expuesto permite concluir, que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la materia del juicio de amparo, era la abstención y la falta de respuesta de la promoción fechada el dieciséis de julio de dos mil dieciséis y presentada vía internet al día siguiente (diecisiete de julio de dos mil dieciséis), por lo que al haberse acordado y notificado, ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que implica la desaparición total de los efectos del acto; por tanto, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Es aplicable por cuanto no se opone al artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, la tesis 2ª./J 59/99 emitida por la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, página 38, cuyo rubro y contenido son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por ello, se insiste que la protección que se concediera en vía de amparo, de analizarse este acto, carecería de efectos jurídicos. En razón de lo expuesto, y demostrada la causal de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. La determinación de sobreseimiento debe hacerse extensiva a todas las autoridades responsables, porque debe atenderse a que de constancias se acreditó que correspondió al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa VI-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Procuraduría General de la República conocer de la referida petición. Por las razones expuestas se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veinte de octubre de dos mil dieciséis, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Y esto es así porque de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, como lo es celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la causal invocada en líneas precedentes. Tampoco es impedimento que no se no diera vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar algún otro acto reclamado, ya que debe atenderse a que su calidad de parte dentro de la averiguación previa, le permite intervenir directamente en ese expediente. Resulta aplicable la jurisprudencia 7/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con el número de registro 2008884, de la Primera Sala, que a la letra dice: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." A efecto de arribar a la anterior determinación, no se desatendió a la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la que se determinó que cuando se advirtiera la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, dicha jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque ésta abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, que no constituye la litis en este juicio de amparo. En efecto, el mencionado criterio establece que cuando en una demanda de amparo se alegan violaciones al artículo 8 constitucional (derecho de petición) y durante la tramitación de ese juicio, la autoridad responsable emita un acto con el que le dé respuesta al quejoso, el juzgado de amparo está obligado a darle vista a fin de que amplíe su demanda de derechos respecto del acuerdo con el que se le dio respuesta a su petición. No obstante, como quedó asentado en párrafos anteriores, en la especie, el derecho en todo caso afectado no es el de petición previsto en el artículo 8, sino que el contenido en el diverso artículo 17 constitucional (administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes); es así porque la parte quejosa es parte en averiguación previa. Por tanto, en el caso, la litis constitucional no se centró en función de una violación al artículo 8 constitucional (derecho de petición) sino en función de una violación al artículo 17 (administración de justicia pronta), por lo que se reitera, este órgano constitucional estima que la aludida jurisprudencia no tiene aplicación y por tanto, resulta innecesario requerir a la parte quejosa a fin de que ampliara su demanda respecto de la determinación recaída. También no existe obligación de dar vista a la parte quejosa, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA"4" "...En razón de lo expuesto, y demostrada la causal de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. La determinación de sobreseimiento debe hacerse extensiva a todas las autoridades responsables, porque debe atenderse a que de constancias se acreditó que correspondió al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa VI-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Procuraduría General de la República conocer de la referida petición. Por las razones expuestas se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veinte de octubre de dos mil dieciséis, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Y esto es así porque de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, como lo es celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la causal invocada en líneas precedentes. Tampoco es impedimento que no se no diera vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar algún otro acto reclamado, ya que debe atenderse a que su calidad de parte dentro de la averiguación previa, le permite intervenir directamente en ese expediente. Resulta aplicable la jurisprudencia 7/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con el número de registro 2008884, de la Primera Sala, que a la letra dice: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." A efecto de arribar a la anterior determinación, no se desatendió a la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la que se determinó que cuando se advirtiera la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, dicha jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque ésta abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, que no constituye la litis en este juicio de amparo. En efecto, el mencionado criterio establece que cuando en una demanda de amparo se alegan violaciones al artículo 8 constitucional (derecho de petición) y durante la tramitación de ese juicio, la autoridad responsable emita un acto con el que le dé respuesta al quejoso, el juzgado de amparo está obligado a darle vista a fin de que amplíe su demanda de derechos respecto del acuerdo con el que se le dio respuesta a su petición. No obstante, como quedó asentado en párrafos anteriores, en la especie, el derecho en todo caso afectado no es el de petición previsto en el artículo 8, sino que el contenido en el diverso artículo 17 constitucional (administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes); es así porque la parte quejosa es parte en averiguación previa. Por tanto, en el caso, la litis constitucional no se centró en función de una violación al artículo 8 constitucional (derecho de petición) sino en función de una violación al artículo 17 (administración de justicia pronta), por lo que se reitera, este órgano constitucional estima que la aludida jurisprudencia no tiene aplicación y por tanto, resulta innecesario requerir a la parte quejosa a fin de que ampliara su demanda respecto de la determinación recaída. También no existe obligación de dar vista a la parte quejosa, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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