Manuel María Castellanos González Hermosillo

Expediente 612/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
612/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2017

Partes del expediente

  • Manuel María Castellanos González Hermosillo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de julio pasado, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese tenor, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además de que a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto del capítulo quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el aludido sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA II.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MANUEL MARÍA CASTELLANOS GONZÁLEZ HERMOSILLO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo presentada por... contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa III-DDF actuando en la averiguación previa... de la Procuraduría General de la República, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 612/2017-II-A. ACTOS RECLAMADOS Cabe precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE PROPONE LA CONSULTA DE RESERVA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA... LA FALTA DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE DICHA RESOLUCIÓN. En ese sentido no se tienen como actos reclamados los siguientes: La negativa de las hoy autoridades responsables de investigar y después de ello, determinar la averiguación previa correspondiente. La resolución administrativa ministerial, en cuanto a su contenido, emisión y ejecución. Indebida valorativa de pruebas ofrecidas en la averiguación previa... La negativa de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal dentro de los autos de... En tanto que deben de considerarse la expresión de conceptos de violación porque la averiguación previa fue determinada con propuesta de reserva, el tres de julio del año en curso, según se advierte del juicio de amparo 79/2017, del índice de este juzgado, el cual se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el promovente reclama los actos consistentes en: LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE PROPONE LA CONSULTA DE RESERVA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA... LA FALTA DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE DICHA RESOLUCIÓN. Ahora bien, a criterio de este juzgador, es evidente que respecto de la falta de notificación legal de dicha resolución se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." La porción normativa transcrita regula dos supuestos: Resoluciones emitidas en los juicios de amparo. Determinaciones que se realicen en ejecución de ellas. En lo que concierne al primer supuesto, tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo indefinidos contra actos dictados en otro procedimiento de igual naturaleza, en virtud que la actuación de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeta a la interposición de los medios de impugnación que la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Carta Magna establecen, por ello la prohibición de ejercitar o deducir la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del controvertido respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional. En el segundo supuesto, el amparo es improcedente cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de los fallos emitidos en los juicios de amparo, lo cual no sólo comprende una sentencia protectora, sino también aquéllos supuestos donde al negar el amparo o decretar el sobreseimiento existe algún mandato por cumplir. Sobre esa base, se advierte que el acto reclamado lo constituye la falta notificación legal de dicha resolución; sin embargo se desprende que la notificación legal de esa resolución fue ordenada en proveído de veinte de julio del año en curso, en el juicio de amparo 79/2017-II-B del índice de este órgano jurisdiccional, como efecto del fallo ejecutor, ordenándose a la autoridad responsable realizara la notificación de la resolución de tres de julio de dos mil diecisiete, con las formalidades establecidas en el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales. Por tanto es evidente que la demanda de amparo resulta improcedente, al tenor de lo que dispone la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que no compete a un órgano de control constitucional analizar un acto reclamado que se emite en cumplimiento a una ejecutoria de amparo dictada en diverso juicio constitucional... Por otra parte, respecto del acto que se reclama consistente en la resolución MINISTERIAL DE TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE PROPONE LA CONSULTA DE RESERVA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA... se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a) y fracción VII, de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario invocar el artículo 113 de la citada ley, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 61, en su fracción XXIII de la ley de la materia, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Por su parte, el artículo 107 fracción III, inciso a) y fracción VII, de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y De la lectura conjunta de las fracciones III y VII citadas, puede colegirse que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, así como de las resoluciones de no ejercicio emitidas por el Ministerio Público. En el caso en particular, el quejoso señala como acto reclamado la resolución ministerial de tres de julio de dos mil diecisiete que propone la consulta de reserva de la averiguación previa..., sin embargo, es de advertirse que dicha resolución no es la definitiva pues con ese carácter debe considerarse la que emite el Subprocurador en sustitución del Procurador General de la República, circunstancia que tendría que acontecer para que el presente juicio fuera procedente de conformidad con el articulo 107 Constitucional inciso a) de la fracción III de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, dispone: "ARTICULO 133.- Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán presentar su inconformidad a través de un escrito en el cual expongan los argumentos o elementos de la averiguación previa que considere que el Ministerio Público dejó de atender para ejercitar la acción penal, ante el Procurador General de la República dentro del término de quince días contados a partir de que se les haya hecho saber la determinación mediante notificación personal. El Procurador General de la República, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares y analizando los argumentos del escrito de inconformidad y de las causas del no ejercicio de la acción penal propuesto por el Ministerio Público, decidirá en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal. La resolución del Procurador General de la República, puede ser motivo de responsabilidad para el caso de que se resuelva sin atender lo prescrito en este precepto." La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en sus artículos 4, fracción I, apartado A), inciso s), y 8, fracción I, establece lo siguiente: "Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende: A) En la averiguación previa: s) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:." "Artículo 8.- El Procurador General de la República, así como los servidores públicos en quienes delegue la facultad y los que autorice el reglamento de esta ley, resolverán en definitiva: El no ejercicio de la acción penal;" Finalmente, el artículo 14, fracción II, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dispone: "Artículo 14. Al frente de cada Subprocuraduría habrá un Subprocurador, quien será nombrado en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica y tendrá las facultades siguientes: II. Resolver en definitiva el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica. Tratándose del no ejercicio de la acción penal será previo dictamen del agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador. La resolución deberá de ser notificada en forma personal al denunciante, víctima u ofendido. Podrán desahogar las prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos de la ley, respecto de la omisión de formular conclusiones en el término legal o de conclusiones presentadas en un proceso penal cuya consecuencia sea el sobreseimiento del mismo, o, igualmente, respecto de cualquier incidente procesal que tuviere como resultado la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia; todo lo señalado en este párrafo, con independencia de las atribuciones conferidas a los Delegados. La facultad contenida en la fracción VI del artículo 8 de la Ley Orgánica corresponderá exclusivamente al Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;." De las disposiciones transcritas se advierte que el Código Federal de Procedimientos Penales dispone un recurso que podrá ser usado por el agraviado en contra del no ejercicio de la acción penal, advirtiéndose también que aún ante la falta de interposición del mismo, el Agente del Ministerio Público de la Federación integrador mandará la Averiguación Previa al Agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador General de la República y que finalmente, el Procurador General de la República a través del Subprocurador que corresponda, previo dictamen del Agente del Ministerio Público Auxiliar, decidirá en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal... Ahora bien, en ese contexto, es inconcuso que el acuerdo de reserva reclamado también debe combatirse a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, previo a la instauración del juicio constitucional, dado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestó que los efectos de la reserva de la Averiguación Previa se equiparan a los de no ejercicio o desistimiento de la acción penal... Conforme a lo expuesto, la instancia constitucional es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de los cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII, del artículo 107, Constitucional dispone para los terceros extraños, y los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el normativo 22, de la Carta Magna. En efecto, uno de los principios que rige el juicio de amparo denominado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que al existir dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un juicio autónomo, encaminado a invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Bajo esa tesitura, podemos inferir que el recurso es un medio de impugnación por el que se persigue un nuevo examen del asunto o del acto, por un órgano judicial de categoría superior al que dictó el auto o resolución que se impugna a fin de que se subsanen las ilegalidades cometidas en ellos. Dicho de otro modo, los recursos se traducen en la facultad que tienen los litigantes o las partes de un proceso, para pedir un nuevo análisis de la providencia o resolución controvertida por parte del superior jerárquico, con el objeto de que se enmienden los errores cometidos por el juzgador al momento de emitirla, mediante su modificación, revocación o anulación. Así, el principio de definitividad del juicio de amparo supone la obligación del gobernado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Con motivo de las razones expuestas, con fundamento en los diversos 112 y 113, de la ley de la materia, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda; asimismo, se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Jesús Enrique Díaz Sosa, Carlos López Castellanos, Álvaro Buendía Serrano y Jesús Enrique Díaz Aguilar, en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Elvia Pamela Díaz Aguilar, por no contar con dicho registro, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de Licenciada en Derecho o Abogada, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico, todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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