Manuel Loya Valverde

Expediente 850/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
850/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Manuel Loya Valverde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de abril de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario de acuerdos adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, con residencia en esta ciudad, con el cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y para tal efecto remite las constancias solicitadas por este órgano jurisdiccional. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que contiene el informe justificado de la autoridad responsable; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la citada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar. Escrito. Glósese a los autos el ocurso de cuenta presentado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta haber sido notificado de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen 357/2019, ante tal circunstancia, solicita se declare el sobreseimiento dentro del presente sumario. En atención a lo anterior, es procedente proveer lo siguiente: Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis de las documentales anexas y manifestaciones realizadas por la parte quejosa, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la omisión de emitir sentencia en el juicio de origen y su respectiva notificación; lo que se traduce en la dilación o paralización injustificada en el procedimiento relativo al juicio agrario registrado como 357/2019 del índice del aludido tribunal. Ahora, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia emitida el veintidós de los referidos mes y año, mediante la cual resolvió en definitiva el citado expediente agrario. Posteriormente, por escrito recibido en este órgano jurisdiccional el tres de marzo de dos mil veintiuno, el apoderado legal de la parte quejosa manifestó que el dos de los anotados mes y año, le fue notificada la sentencia antes mencionada. En ese sentido, es incuestionable que durante la tramitación del juicio cesaron los efectos de los actos impugnados, pues con la emisión de dicha sentencia y su notificación, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda y se restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos que consideraba violados, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las captas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devolución de documentos. Por otra parte, atento a la diversa petición formulada por la parte quejosa, con fundamento en el ordinal 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágasele la devolución de los documentos a que hace alusión en el escrito que se atiende, previa copia simple y razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos de los cuales se desprende que no fue posible celebrar la aludida audiencia señalada para hoy en el presente sumario, toda vez que el presente sumario no se encuentra integrado. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la presente audiencia y se señalan nuevamente para su celebración las once horas con treinta y cinco minutos del diez de marzo del dos mil veintiuno. Se requieren constancias. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28, con residencia en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia que acredite si ya se cerró la etapa de instrucción en el expediente 357/2019, o bien, si ya se dictó sentencia; circunstancia que deberá corroborar con las constancias pertinentes, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de diciembre de dos mil veinte. Diferimiento de audiencia constitucional (quince días). De la certificación que antecede se advierte que a la autoridad señalada como responsable, no le ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con cinco minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso mediante el cual proporciona información de contacto y señala usuario respecto de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al respecto dígasele que su petición en esos rubros ya fue atendida mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Finalmente, en cuanto a su diversa solicitud en el sentido de que se requiera a la responsable para que rinda su informe con justificación, dígasele que como se estableció en los párrafos que anteceden, aún no vence el plazo que se le concedió para rendirlo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Kervin

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