Manuel López Ortega

Expediente 385/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
385/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2018

Partes del expediente

  • Manuel López Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    - Vista la certificacion secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA . . . . archivese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 1482/2017, promovido por JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ LEDESMA por propio derecho y en representación de su menor hija, contra actos del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO...CONSIDERANDO PRIMERO... SEGUNDA... TERCERO...CUARTO... QUINTO...Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 124, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ LEDESMA por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.L.S.P., en los términos expuestos en el considerando sexto de esta resolución

  3. Principal

    - Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por . . . el requerimiento de fecha . . . fue realizado a la . . . y no a la autoridad oficiante . . .

  4. Principal

    AVISO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE PROMOVENTE EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO DE 02/04/2018, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 27/03/2018 Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...En veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario licenciado Gonzalo Javier Gómez Martínez, da cuenta a la Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con la demanda de amparo promovida por MANUEL LÓPEZ ORTEGA y diecisiete copias de la misma registrado con el número interno 4615. Conste. Querétaro, Querétaro, a veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por MANUEL LÓPEZ ORTEGA, contra actos del Juez PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 385/2018-III, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: " El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que los actos que la parte quejosa reclama, consisten esencialmente en: ? .De las Autoridades Jurisdiccionales señaladas como Responsables Ordenadoras le reclamo la ilegal e inminente orden de embargo adherida a la Notificación y Emplazamiento de Demanda a Juicio Ejecutivo Mercantil y/o Civil, sin que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento. ? De la Autoridad Jurisdiccional señalada como Responsable Ejecutora le reclamo el ilegal acatamiento y cumplimiento de la inminente orden de embargo adherida a la Notificación y Emplazamiento de Demanda a Juicio Ejecutivo Mercantil y/o Civil, sin que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento. En relación con los actos reclamados, se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo a la falta de interés jurídico de la parte quejosa. El contenido literal del precepto normativo en alusión, es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." Asimismo, se relacionan los dispositivos normativos que a continuación se transcriben: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Ley de Amparo: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". Conforme a tales previsiones, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado de los perjuicios que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos, generados por la ejecución de actos de autoridad. Así, la existencia de un interés jurídico y/o legítimo por parte del quejoso, representa un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, a fin de evitar la promoción indiscriminada de amparos que retarden la labor de administración de justicia. Dicho de otro modo, el juicio de amparo es procedente cuando quien comparece cuenta con un interés jurídico o legítimo. 1) Interés jurídico: El quejoso es titular del derecho subjetivo vulnerado, por lo que sufre una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica. Este tipo de interés, se acredita por la existencia de:  La potestad sustantiva que se dice transgredida (facultades salvaguardadas en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales de los México es parte).  La titularidad de ese derecho a favor del quejoso.  El impacto del acto de autoridad sobre esa potestad. 2) Interés legítimo: El disconforme carece de interés jurídico, pero existe un vínculo entre su persona y ciertas potestades fundamentales que lo dotan de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, en virtud del cual en el supuesto de anularse el acto reclamado, se produciría a favor del sujeto un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Su asistencia se constata por:  La existencia de una norma constitucional que establece o tutela un interés difuso en beneficio de una colectividad determinada.  La trasgresión que genera el acto de autoridad sobre ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva.  Pertenencia del quejoso a la colectividad afectada. En apoyo a los razonamientos precedentes, resultan aplicables los siguientes criterios: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En el caso concreto, se estima que el quejoso carece de interés jurídico para solicitar la protección de la justicia federal, pues no reúne los requisitos de ese tipo de interés, con el que comparece al juicio constitucional. Lo anterior, toda vez que el justiciable, bajo protesta de decir verdad manifestó que en fecha dos de marzo del año en curso, se presentaron en su domicilio diversas personas acompañadas de un Actuario adscrito a los Juzgados Civiles, tratando de llevar a cabo un embargo en su domicilio particular ubicado en calle Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, Numero 150 (camino a Los Olvera), Finca La Gavia, Corregidora, Querétaro, solicitando la comparecencia de Verónica Vega Velázquez, a quienes el justiciable les indicó que la buscada no vivía en ese domicilio, mismos que al demostrarles él que ahí no vive la buscada se retiraron en ese momento. Por lo que se advierte que el acto reclamado en su demanda por el promovente de amparo, lo es la diligencia de emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil y/o civil; así como la realización de embargo precautorio en sus bienes, lo cual al tenor de los argumentos vertidos en la presente, no deja lugar a dudas que no le asiste interés alguno para la promoción del juicio de garantías que pretende. Ya que el temor que tiene el promovente de que se materialicen los actos de los que se duele, no se soporta en un argumento válido, toda vez que como el refiere, las personas que se constituyeron en su domicilio buscaban a diversa persona y al no encontrarla solo se retiraron; además, a la presentación de su escrito de demanda de amparo, se advierte que su esfera jurídica no ha sido afectada por ningún acto de autoridad. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, aplicada en sentido contrario, se desecha de plano la demanda, promovida por MANUEL LÓPEZ ORTEGA, con fundamento en el ordinal 113 de la propia ley. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a JORGE ARTURO BERUMEN GARCÍA, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona restante que menciona en el proemio de su escrito de demanda por así haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las pares, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente.....". ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE, PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ

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