MANUEL LÓPEZ MEDINA ÁVALOS y Otros.
Expediente 831/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- MANUEL LÓPEZ MEDINA ÁVALOS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo de las constancias que indica e informa que se avocó al conocimiento del asunto. Archívese este cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se declaró carecer de competencia. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ... y ..., como progenitores del menor ..., identidad protegida, contra omisiones del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 4º y 17° Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 831/2021. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del numeral 3° de la Ley de Amparo. I N C O M P E T E N C I A Atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables y a las omisiones reclamadas, este Juzgado declina competencia legal para examinar su constitucionalidad, por lo siguiente: Conforme al ordinal 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los y las jueces de distrito en materia administrativa conocerán de los amparos que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial. Atendiendo a esta regla, la preeminencia competencial entre dos jueces de distrito de distinta materia, se obtiene en razón de la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales. Sirve de apoyo, la tesis I.3º.C.100 K, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 1431 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, registro 163502, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." En el caso, se reclama la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer contra el virus Covid-19, así como de informar y/o notificar el lugar, horario y fecha en que se aplicarán las dos dosis, al menor quejoso, ante la entrada al ciclo escolar 2021-2022, y califican dicha omisión como discriminatoria. El reclamo se le atribuye al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titulares de la Secretaría de Salud y Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Dirección General de Epidemiología, del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, todos de la Secretaría aludida; Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General, Jefa de Gobierno, Secretario de Servicios de Salud, Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de la Salud, Subdirector General de los Servicios de Salud, ellos de la Ciudad de México; Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Director de Promoción de la Salud de Servicios de Salud Pública; y Delegada de la Secretaría del Bienestar Social de esta ciudad. Dichas autoridades pertenecen a la Administración Pública tanto Federal, como Local, y las omisiones que se les atribuyen, no tienen relación con algún procedimiento judicial, sino a la defensa de un derecho en materia de salud. De ahí que la naturaleza de las autoridades y reclamo, tengan un carácter administrativo. Entonces, de conformidad con la fracción IV, del artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el suscrito considera que una Juez o Jueza Federal en Materia Administrativa debe conocer del presente juicio constitucional. Por lo expuesto, se declina competencia para conocer de la demanda y sin proveer sobre su admisión, remítase junto con sus traslados al Juez o Jueza de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitando el acuse de recibo respectivo. Tampoco es dable pronunciarse sobre la suspensión de plano, en tanto que el reclamo no corresponde a alguno de los supuestos previstos por el numeral 126 de la ley de la materia, como son los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Federal, a saber: penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Se afirma lo anterior, pues el reclamo descansa, en lo medular, en la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer contra el virus Covid-19, así como de informar y/o notificar el lugar, horario y fecha en que se aplicarán las dos dosis, al menor quejoso, ante la entrada al ciclo escolar 2021-2022; que califican como discriminatoria. Ahora bien, acorde con la definición del Diccionario de la Real Academia Española, una vacuna es: "un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa". Por ello, el único impacto posible que pudiera tener el reclamo es que, durante la implementación de la Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México -la cual se encuentra en curso-, el menor peticionario no cuente con un beneficio clínico que podría aminorar la transmisión del virus o sus consecuencias; sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de la vida. En similares condiciones se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que en su resolución de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el Q.A. 183/2021, sostuvo: "En la especie, la parte quejosa reclamó, en esencia, la omisión de considerar a los niños y adolescentes de doce a diecisiete años en la Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, al considerar que contravienen sus derechos a la salud y a la vida, y le confieren un trato discriminatorio respecto de otros grupos de personas, al no estar comprendido para la aplicación de la vacuna. Si se toma en consideración que, acorde con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, una vacuna es un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa, resulta que su aplicación constituye un mecanismo preventivo del contagio del virus multicitado; de ahí que las consecuencias de su falta de aplicación solo podrían tener por efecto no acceder a un beneficio clínico. En ese contexto no se satisface alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo que permita el trámite de la suspensión de plano, toda vez que el único impacto posible que pudieran tener los actos reclamados es no contar, durante la implementación de la Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, la cual se encuentra en curso, con un beneficio clínico que podría aminorar la transmisión del virus o sus consecuencias, sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de la vida de la parte quejosa. Aun cuando no se desconoce la situación sanitaria que impera en el país, lo cierto es que la posibilidad que existe de contraer el virus SARS-CoV2 no conlleva indefectiblemente a la pérdida de la vida y, por tanto, como se indicó, no se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo." Dicha resolución constituye un hecho notorio para el suscrito, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), de la Décima Época, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Este asunto queda sujeto a las reglas contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se les tiene señalando domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el que precisan. Se toma conocimiento del correo y número telefónico que refiere la parte quejosa, mismos que únicamente serán considerados para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo dispone el artículo 22 del Acuerdo General citado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos citados, se R E S U E L V E : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ... y ..., como progenitores del menor ..., identidad protegida, contra omisiones del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. SEGUNDO. Remítanse los presentes autos a la Jueza o Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE.
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