Manuel López González

Expediente 952/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
952/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2019

Partes del expediente

  • Manuel López González

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual comunica el contenido del auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve dictado en el recurso de queja 260/2019 de su índice, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de veintidós de julio del año en curso, en el presente juicio de amparo; se tiene por hecha del conocimiento tal circunstancia; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Manuel López Gonzáles, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintidós de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada, ríndase el informe respectivo. En consecuencia, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, previa obtención de copia certificada obre en autos de dicho ocurso; asimismo, remítase el testimonio en copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    MES AIV RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por **, promoviendo por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Santiago Tianguistenco y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 952/2019-IV. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama Los convenios de fecha nueve de mayo de dos mil tres, celebrados ante el Síndico del trienio 20002003, con los que pretenden fraccionar un terrero, para crear una calle. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 19172000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese sentido, se destaca que respecto del acto reclamado por el quejoso, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo establecido en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen "ARTÍCULO 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE XXIII. EN LOS DEMÁS CASOS EN QUE LA IMPROCEDENCIA RESULTE DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O DE ESTA LEY". "ARTÍCULO 1. EL JUICIO DE AMPARO TIENE POR OBJETO RESOLVER TODA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE I. POR NORMAS GENERALES, ACTOS U OMISIONES DE AUTORIDAD QUE VIOLEN LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS Y LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA SU PROTECCIÓN POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE "ARTÍCULO 5. SON PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO II. LA AUTORIDAD RESPONSABLE, TENIENDO TAL CARÁCTER, CON INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA FORMAL, LA QUE DICTA, ORDENA, EJECUTA O TRATA DE EJECUTAR EL ACTO QUE CREA, MODIFICA O EXTINGUE SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA; U OMITA EL ACTO QUE DE REALIZARSE CREARÍA, MODIFICARÍA O EXTINGUIRÍA DICHAS SITUACIONES JURÍDICAS. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS PARTICULARES TENDRÁN LA CALIDAD DE AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO REALICEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD, QUE AFECTEN DERECHOS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA FRACCIÓN, Y CUYAS FUNCIONES ESTÉN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quienes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; de tal manera que las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.." Cobran relevancia los incisos a) y c), dado que en la especie no se actualiza la relación de supra a subordinación entre la autoridad responsable Presidente Municipal de Santiago Tianguistenco, pues el acto reclamado no es de carácter unilateral por parte de aquél, sino que tiene su origen en una relación jurídica de ese ente en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad, en la que entre ambas partes existe una relación de coordinación. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquél a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber a) De coordinación Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Constitución federal establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos y sus garantías, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que -por el contrario- aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. De lo narrado se colige que, en el caso concreto, no puede tenerse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo el que señala el quejoso, ya que jurídicamente la responsable no ejerce como autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que si bien estos fueron suscritos ante el Síndico del Ayuntamiento de Santiago Tianguistenco, Estado de México, en dos mil trece, lo cierto es éstos fueron celebrados entre el padre el quejoso y las personas que señala como terceros interesados, por lo que en realidad involucran una relación entre particulares. En tal virtud, resulta evidente que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo; por ello, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por **, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Santiago Tianguistenco, que nos ocupa, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en este órgano jurisdiccional, al así solicitarlo el quejoso. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios a **; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a la otra persona que menciona en el ocurso que se provee por así haberlo manifestado en el escrito que se provee. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese por lista.

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