Manuel Lopez Gallegos
Expediente 1111/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 5 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 05/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuel Lopez Gallegos
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1°, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de control y asígnesele el número 1111/2017-V-1; y procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida y anexos que a ella se acompañaron, se acuerda lo siguiente: De la demanda de amparo, se desprende que el promovente señaló como autoridades responsables a las que denominó como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como Director del Diario Oficial de la Federación; todos con residencia en la Ciudad de México; Subdelegada de Prestaciones del ISSSTE, Delegación Guanajuato y Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene de la Delegación del ISSSTE en Guanajuato; éstos dos últimos con sede en Celaya, Guanajuato; autoridades a las que reclamó los actos que describió de la siguiente forma: IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, reclamo: a. La sanción del artículo 51, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el diario oficial de la federación el 27 de diciembre de 1983. (ABROGADA). b. La elaboración y expedición del artículo 12, fracción II, inciso a) del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. CONGRESO DE LA UNION, reclamo la discusión y aprobación del artículo 51, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el diario oficial de la federación el 27 de diciembre de 1983. (ABROGADA). 3. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, reclamo: a. El refrendo del artículo 51, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el diario oficial de la federación el 27 de diciembre de 1983. (ABROGADA). b. El refrendo del artículo 12, fracción II, inciso a) del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, reclamo: a. La publicación del artículo 51, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el diario oficial de la federación el 27 de diciembre de 1983 (ABROGADA). b. La publicación del artículo 12, fracción II, inciso a) del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 5. SUBDELEGADA DE PRESTACIONES DEL ISSSTE, DELEGACIÓN GUANAJUATO, ***, por el primer acto de aplicación del: a. Del artículo 51, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el diario oficial de la federación el 27 de diciembre de 1983. (ABROGADA)., consistente en la LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA, de fecha de proceso 28/09/2017 y recepción de 17 de noviembre de 2017, con número de folio 11000092676701, así como también por el OFICIO DE NÚMERO SP/DPSH/2290/2017, de 30 de octubre de 2017, notificado en 17 de noviembre de 2017. b. Del Artículo 12, fracción II, inciso a) del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA, de fecha de proceso 28/09/2017 y recepción de 17 de noviembre de 2017, con número de folio 11000092676701, así como también por el OFICIO DE NÚMERO SP/DPSH/2290/2017, de 30 de octubre de 2017, notificado en 17 de noviembre de 2017. 6. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA DELEGACION DEL ISSSTE EN GUANAJUATO, LIC. ALFREDO GONZÁLEZ MEDINA, por: a. El OFICIO DE NÚMERO SP/DPSH/2290/2017, de 30 de octubre de 2017, notificado en 17 de noviembre de 2017, que derivo en la emisión de la LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA, de fecha de proceso 28/09/2017 y recepción de 17 de noviembre de 2017, con número de folio 11000092676701, como primer acto de aplicación del artículo 51, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el diario oficial de la federación el 27 de diciembre de 1983. (ABROGADA). b. El OFICIO DE NÚMERO SP/DPSH/2290/2017, de 30 de octubre de 2017, notificado en 17 de noviembre de 2017, que derivo en la emisión de la LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA, de fecha de proceso ***y recepción de 17 de noviembre de 2017, con número de folio 11000092676701, como primer acto de aplicación del artículo 12, fracción II, inciso a) del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." En ese orden, el quejoso en su demanda de amparo apuntó, en lo que aquí interesa, que acude a solicitar la protección constitucional de los artículos reclamados con motivo del primer acto de aplicación. Por otra parte, de las documentales que acompañó el promovente a su escrito de demanda, se aprecia, entre otras, la copia certificada ante Notario Público del oficio número SP/DPSH/2290/2017 de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dirigido a ***, con domicilio en ***, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Celaya, Guanajuato, por el que hace saber a su destinatario, en lo conducente que tomando en cuenta que percibe la cantidad de $21,833.70, por concepto de su jubilación; así como la diversa cantidad de $21,871.20 por concepto de pensión por viudez; al efectuar la suma de dichas cantidades rebasa el monto de diez veces el valor de la unidad de medida y actualización que es considerada a partir del presente año; por lo que con fundamento en los artículos décimo octavo transitorio, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de abril de dos mil siete; así como artículos 7 y 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres (abrogada); se le comunica que sus pensiones se ajustarán a partir del presente año dos mil diecisiete; es decir, el monto de las pensiones será topado a diez veces el valor de la unidad de medida y actualización que es de ***; y para tal efecto, se incorporará el descuento del concepto (48) por la cantidad de ***, en la pensión por viudez para el mes de enero de dos mil dieciocho. Bajo este escenario, el artículo 37 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De dicha transcripción, se desprende que es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya demarcación territorial, se ejecute, deba ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, siempre y cuando dicho acto requiera una ejecución material. En el caso, como ya se ha dicho, el acto reclamado lo constituye la discusión, aprobación, sanción, refrendo y publicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres (abrogada); concretamente el artículo 51 facción II, inciso a); así como la elaboración, expedición refrendo y publicación del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; concretamente el artículo 12 fracción II, inciso a); inconstitucionalidad de los referidos artículos, fracciones e incisos que impugna con motivo del primer acto concreto de aplicación, contenido en el oficio SP/DPSH/2290/2017 de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que le fue notificado el diecisiete de noviembre siguiente; lo que se traduce, en opinión de la parte quejosa, en que no podrá gozar íntegramente de la pensión por viudez que tiene autorizada; disminución o como el propio quejoso dice, no obtención íntegra de la pensión por viudez que tiene autorizada; lo que ocurrirá en León, Guanajuato, municipio en el que el quejoso tiene su domicilio particular; esto es, será en el referido municipio donde tendrán su ejecución y/o aplicación los artículos cuya constitucionalidad reclama; en razón de que será en el citado municipio en el que, en aplicación de los referidos artículos, se verá disminuida la pensión que por viudez percibía; o como el propio quejoso lo refiere, con motivo de la aplicación de los referidos artículos no obtendrá íntegramente la pensión que por viudez tenía previamente autorizada. Por tanto, si los artículos cuestionados se impugnan con motivo de su primer acto concreto de aplicación, y ese acto de aplicación se verá reflejado materialmente y/o tendrá ejecución en el domicilio del quejoso, esto en la ciudad de León, Guanajuato; se obtiene que es en todo caso a un Juez de Distrito de la indicada localidad a quien corresponde conocer de la demanda promovida, porque como se apuntó, es el municipio en el que tiene su domicilio el promovente y en el que en su oportunidad, le serán aplicadas las disposiciones legales que tilda de inconstitucionales. En ese orden, es menester señalar que las cuestiones de índole competencial son de orden público, por constituir un presupuesto procesal de la acción constitucional. En esa medida, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse, no sólo al señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a los actos reclamados, a los preceptos constitucionales invocados, y a los hechos narrados en la demanda de amparo; sino también, a los antecedentes del caso, a las constancias e información aportada en el sumario y preponderantemente, el lugar en que se va llevar a cabo, o tiene su repercusión o ejecución, o como en el caso, tendrán aplicación los artículos reclamados; dato que resulta de capital importancia, ya que es la ejecución del acto en cualquiera de sus etapas, que vaya a ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o, se haya ejecutado, en la jurisdicción del Juez, lo que fijará de plano la competencia. Esto es, conforme a la primera hipótesis de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, es competente para conocer de una demanda de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ubique el domicilio del promovente, por ser en ese lugar en el que tendrán aplicación los artículos reclamados. Apoya lo anterior, en lo esencial, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Novena Época Registro: 161677 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Julio de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 74/2011 Página: 369 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. (Lo destacado es nuestro). Contradicción de tesis 70/2011. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Así como la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 1011317 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 Tomo VII. Conflictos Competenciales Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Común Materia(s): Común Tesis: 332 Página: 473 LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE. COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, primer párrafo de la Ley de Amparo, para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, debe tomarse en cuenta el lugar en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley a través del primer acto de aplicación, para los efectos del juicio de amparo que se proponga, es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que se hubiera efectuado el primer acto de aplicación de la ley impugnada y como en el caso la parte quejosa lo hace consistir en el pago de la renovación anual de una licencia, aun cuando la aplicación del precepto no provenga de una autoridad, para los efectos de la competencia sí debe tenerse como acto de aplicación el referido pago. (El énfasis es añadido). Consecuencia de lo anterior, atendiendo el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito; con fundamento en el artículo 48 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el juicio de amparo en que se actúa con sus copias y anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con residencia en León, para que manifieste si acepta o no el conocimiento del asunto; esto último de conformidad con el segundo párrafo, primera parte, del citado precepto legal. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Consecuencia de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes. En razón de la decisión a que se ha arribado, no es el caso hacer pronunciamiento respecto del señalamiento de domicilio para recibir notificaciones de carácter personal que realizó la promovente en la demanda amparo, así como de los autorizados para recibirlas; ya que ello corresponde a la autoridad jurisdiccional federal que resulte competente para conocer de la demanda promovida. Sin perjuicio de lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, la notificación de este auto practíquese al promovente personalmente; ahora, en razón de que el promovente señaló como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el que describió como los estrados de este Juzgado, siendo que estos no constituyen un domicilio propiamente dicho; la notificación de este auto practíquese al solicitante del amparo por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley.
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