Manuel López Cervantes

Expediente 557/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
557/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Manuel López Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Por otra parte, tomando en consideración que en la foja diecisiete existe agregada la documental que exhibió la parte quejosa con su demanda de garantías, la cual reviste el carácter de original; en consecuencia, requiérase a la parte agraviada, para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal para que le sea devuelto dicho documento, con apercibimiento que de no hacerlo, podrá ser destruida junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, al que acompaña el juicio de amparo 502/2018, promovido por Manuel López Cervantes, contra el acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, consistente en el oficio número FEMCCO/MI/249/2018, de diecisiete de mayo pasado, a través del cual se le negó la intervención en la carpeta de investigación 699(FEMCCO-SA) 2017. El juzgado oficiante estima que corresponde conocer a este órgano judicial de dicho asunto por considerar que guarda relación con el juicio constitucional 415/2018, en el que se impugnó un acto derivado de la aludida carpeta de investigación y que por ello se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintidós de junio de dos mil quince. Por compartirse el criterio del juzgado de Distrito oficiante, se acepta dicho asunto; acúsese recibo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 557/2018. Ahora bien, la procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, del ordenamiento legal invocado, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". El principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, dispone que antes de acudir a éste, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Asimismo, el citado precepto prevé excepciones a dicho principio, por lo que no encontrándose en esos supuestos, la parte impetrante debe agotar ineludiblemente el recurso ordinario, siendo muy clara la disposición legal transcrita en el sentido de declarar improcedente el juicio constitucional si fuera de los casos aludidos, no se han agotado los medios de defensa respectivos. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado en forma destacada consistente en: El oficio número FEMCCO/MI/249/2018, de diecisiete de mayo pasado, signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través del cual negó al quejoso la intervención en la carpeta de investigación 699(FEMCCO-SA) 2017. De igual forma, es importante traer a colación los numerales 16, párrafo décimo cuarto, y 20, inciso B), fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, 219 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes". "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada. (.) Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa". "Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera". "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos insertos se colige el derecho a impugnar ante una autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en sus funciones de investigación en los términos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. También, se advierte que los jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho, esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. En el mismo sentido, se observa la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general, de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Con base en lo anterior, es posible arribar a la conclusión de que el indiciado puede impugnar la decisión de la autoridad responsable que negó darle intervención en la carpeta de investigación 699(FEMCCO-SA) 2017, ante el juez de Control a través del medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concatenado con el arábigo 219 del propio ordenamiento legal, puesto que la finalidad de que la autoridad judicial revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público en el curso de una indagatoria es proporcionar seguridad jurídica a las personas que intervienen, de tal forma que de estimar que es ilegal la actuación del órgano investigador, debe conminarlo a que se conduzca rectamente y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Lo argumentado encuentra sustento en las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018, aprobadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veintitrés de mayo pasado (pendientes de publicación), que en su orden señalan: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Es importante precisar que si bien los criterios judiciales que preceden hacen alusión al derecho que se otorga a la víctima u ofendido de un delito, para impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, lo cierto es que tal prerrogativa también es extensiva para el indiciado, tomando en cuenta lo dispuesto en los numerales 10, segundo párrafo y 219, parte final, del Código Nacional de Procedimientos Penales (transcritos previamente) que en lo conducente señalan: "Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera". "En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". Máxime que con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, se modificó el artículo 1º de la Carta Magna, y se introdujo el principio pro persona, cuyo objeto es favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Dicho principio, a su vez contiene diversos sub-principios, entre los cuales se encuentra el llamado indubio pro actione, que constituye la aplicación del principio pro persona al ámbito procesal, con lo cual se busca eliminar restricciones o limitaciones legales para acceder al órgano jurisdiccional, con el objetivo de lograr que el mayor número de procesos sea iniciado y, en la medida en que sea posible, se satisfaga la pretensión del demandante optimizando con ello el derecho a la jurisdicción. En ese tenor, queda claro que antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso (indiciado en la carpeta de investigación), debió promover el aludido medio de defensa ante el juez de control, por lo que al no haberlo hecho así, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que con apoyo en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este juzgado de Distrito, y por autorizado a la persona que designa, en términos del numeral 12 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano