Manuel López Centeno

Expediente 184/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
184/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
27/04/2017

Partes del expediente

  • Manuel López Centeno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual se acusa recibo del oficio 24945 de veintiuno del presente mes, asimismo, se informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el peticionario del amparo, quedando registrado bajo el orden R.P. 110/2017.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del ocurso de expresión de agravios y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del escrito de agravios y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 184/2017, promovido por Manuel López Centeno, contra acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el tres de marzo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de siete de marzo siguiente, una vez desahogada la prevención ordenada, se admitió a trámite la demanda, registrándose con el orden 184/2017; por lo que se solicitó a la responsable su informe justificado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito a la sala responsable; finalmente, se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se aprecia que el acto reclamado es la resolución de ocho de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 4/2017 de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la diversa de dieciséis de noviembre anterior, dictada por el juez Décimo Sexto Penal de esta ciudad, respecto del incidente no especificado promovido por el quejoso. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe de ley, que se corrobora con la documental que remitió en apoyo a dicha comunicación, que tiene valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado de Distrito que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son en una parte inoperantes y en otra infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Previo a sustentar ese aserto, resulta imprescindible establecer que la resolución que rige la situación jurídica del amparista es la ejecutoria de ocho de abril de dos mil dos, en que se modificó la pena impuesta en sentencia de primera instancia, en la que se impuso al quejoso la pena de prisión de sesenta y cinco años, cuatro meses, quince días, de la que únicamente se ordenó debía cumplir cincuenta años, al haber sido considerado penalmente responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado agravado y homicidio calificado. Luego, el veintitrés de octubre pasado, el quejoso promovió incidente no especificado en el Juzgado Décimo Sexto Penal de esta ciudad, solicitando "concederme en sentencia incidental la conexidad de la causa entre los procesos penales 241/99 y 84/99 ambos del índice de ese juzgado". Mediante resolución de dieciséis de noviembre siguiente, dicho juzgador declaró improcedente su pretensión. Inconforme, el amparista interpuso recurso de apelación cuyo conocimiento correspondió a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la que el ocho de febrero siguiente al resolver el toca penal 4/2017, confirmó la resolución recurrida; y, para resolver en ese sentido, en esencia, concluyó lo siguiente: Que en la especie no se está en presencia de delitos conexos porque el quejoso fue condenado por delitos derivados de un concurso ideal, dictándose en su contra una sola sentencia y no diversas. Que para el supuesto de que la pretensión del amparista es que se le reduzca la prisión impuesta al invocar que existe conexidad, no es dable acordar de conformidad, porque dicho tópico fue materia de pronunciamiento el trece de enero de dos mil trece, en que se determinó que la pena de prisión impuesta al quejoso derivó de un concurso ideal de delitos. Que no asiste razón a la defensora al señalar que no se estableció en cuál de los procesos se consideró la prisión preventiva, dado que sólo se instauró un proceso contra el quejoso. Siendo esta la determinación que constituye el acto que por esta vía se reclama. Del análisis realizado a dicha resolución, se advierte que contrario a lo que afirma el quejoso, la resolución impugnada se encuentra suficientemente fundada y motivada, por lo que no transgrede en su perjuicio el artículo 16, párrafo primero constitucional, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El precepto legal transcrito establece la garantía de legalidad, consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Por lo primero, se entiende que el acto de autoridad se sustente en una disposición legal de carácter general, o bien, la ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, esto es, debe existir una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por lo segundo, el indicar las circunstancias y modalidades del caso particular, por las cuales se considera que los hechos encuadran en el marco general correspondiente establecido por la ley; así, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la disposición legal fundatoria del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o surtir efectos. Para que una autoridad cumpla con la fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirven de apoyo y expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto encuadra en los supuestos de la norma invocada. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Lo anterior se estima de ese modo, porque la conexidad en la causa se presenta cuando existe una estrecha relación entre dos o más procesos, de manera tal que la resolución que se llegare a emitir en uno de ellos pudiera influir en los otros, por cuyo motivo es conveniente que los juicios respectivos se sometan a un mismo tribunal para así evitar la posibilidad de que se pronuncien sentencias contradictorias. De ahí que si en los procesos relacionados existe sentencia condenatoria contra diversos sentenciados, inconcuso es que en la especie no es procedente decretar la conexidad de la causa. Además, si como lo indicó la sala responsable, la intención del quejoso es que se reduzca la prisión impuesta, con apoyo en el artículo 33 del código invocado, tal petición resulta improcedente, en virtud de que dicho numeral establece lo siguiente: "Artículo 33 (Concepto y duración de la prisión) [.] Si se trata de dos o más penas de prisión impuestas en sentencias diferentes, aquellas se cumplirán de manera sucesiva, sin que la suma de ellas sea mayor de setenta años. En el supuesto de imposición de las penas de prisión, emanadas de hechos conexos, similares, o derivados uno del otro, se deberán computar dichas penas desde el momento en que se detuvo al sujeto, por el delito inicial". Sin embargo, en la especie no se actualiza dicho supuesto porque de la ejecutoria dictada en el toca 235/2002, de ocho de abril de dos mil dos, emitida por la Segunda Sala Penal, se advierte la existencia de una sola pena de prisión impuesta en una sentencia, sin que haya diversos fallos en los que haya resultado condenado el acusado, por lo que no se puede considerar que concurran dos o más penas, pues dicho enjuiciado compurga sólo una pena de sesenta y cinco años, cuatro meses, quince días, de la que únicamente se ordenó debía compurgar cincuenta años por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado agravado y homicidio calificado, respecto de los cuales fue detenido el veintidós de junio de dos mil uno, siendo a partir de esa fecha en que se encuentra privado de su libertad, sin que hubiese compurgado la pena impuesta. De ahí que válidamente se concluye que si el acto reclamado es legal, no viola los derechos públicos subjetivos que el amparista consideró transgredidos, en tanto que el precepto indicado, exige como requisito indispensable que existan diversas penas privativas de libertad (dos o más), impuestas en sentencias diferentes, pero que emanen de hechos conexos, similares o derivados uno del otro, lo que desde luego no aconteció, pues en el caso, al amparista se le condenó en una sola sentencia, de tal modo que la exigencia que prevé el numeral último en cita, no se actualiza; por tanto, resulta infundado el motivo de disenso en que refiere el amparista que se debió aplicar de manera retroactiva la ley. Finalmente, es inoperante el concepto de violación que hace valer el quejoso, en el sentido de que el juez del conocimiento actuó de manera parcial, ya que debió sentenciar al amparista y a su cosentenciado en forma equitativa; ello es así, en virtud de que lo que por esta vía se reclama es la resolución emitida por la sala responsable y no las sentencias emitidas por dicho juzgador. En consecuencia, al resultar en una parte inoperante y en otra infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que exista materia para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel López Centeno, contra la resolución de ocho de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 4/2017 de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la diversa de dieciséis de noviembre anterior, dictada por el juez Décimo Sexto Penal de esta ciudad, respecto del incidente no especificado promovido por el quejoso.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés corresponda. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que adjuntó al comunicado que se provee, la cual se desahoga en este acto en virtud de su naturaleza jurídica, que se relacionará en la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias de referencia, fórmense por separado cuatro anexos, respetando sus rúbricas, sellos y folio.

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