MANUEL LOPEZ ANTONIO y Otros.
Expediente 864/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MANUEL LOPEZ ANTONIO y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veinticinco de julio pasado, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 864/2022. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. PARTE QUEJOSA. MANUEL LOPEZ ANTONIO y ROGELIO LÓPEZ VÁSQUEZ, absueltos en la causa penal número 410/2016. ACTO RECLAMADO El acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós y su ejecución en la notificación de dos de julio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal número 410/2016, en el cual se otorga el plazo de cinco días para que el aquí quejoso se interne voluntariamente en el Centro de Reinserción Social número 10 de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, con el apercibimiento que de no cumplir se dará vista al Ministerio Público. AUTORIDAD RESPONSABLE 1.- Juez Presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Región de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca. 2.- Actuario Notificador del Juzgado de Control de la Ciudad de Puerto Escondido, Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos: 1, 1, 16 y 17 de la Constitución Federal. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se advierte que la parte promovente no agotó el principio de definitividad, por lo que se actualiza LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Con lo anterior se advierte que en tal disposición legal, como en algunas otras de la Ley de Amparo, está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme con el cual antes de acudir a esta vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. En efecto, en atención a tal principio hay la obligación jurídica de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, lo cual se debe a que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad, es decir, los recursos ordinarios de defensa son una previsión del legislador y, en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. Desde luego, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación es congruente con la observancia del principio de definitividad, el cual si bien admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación jurídica a los impetrantes de promover y sustanciar los medios de defensa ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que los quejosos no pueden, a su voluntad, dejar de interponerlos con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad. Esto no implica otra cosa más que el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, obliga a considerarlo procedente sólo cuando previamente se agota el recurso previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puede ser revocado, modificado o, en su caso, nulificado el acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio idóneo de defensa para atacar los actos impugnados en la propia vía constitucional. Lo anterior es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la naturaleza extraordinaria que caracteriza al juicio de amparo, que consiste en un procedimiento de jerarquía constitucional tendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus propios derechos fundamentales, y no en un recurso con el contenido que a tal concepto confiere la doctrina procesal, esto es, una instancia o procedimiento utilizado por las partes para impugnar una resolución y, así, obtener su revocación, reforma o modificación. En suma, si la ley prevé un medio ordinario de defensa debe ser promovido atento al principio de definitividad, puesto que la existencia jurídica del medio de impugnación se traduce en una obligación jurídica para las partes en el juicio, cuya carga procesal no puede ser soslayada por la sola voluntad de ellas, dado que implicaría hacer nugatorio tal principio, lo cual resulta inadmisible desde cualquier óptica, pues equivaldría a dejar inocua una de las bases en las que está cimentado el propio juicio. Por lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no cabe duda de que antes de acudir a la vía constitucional el quejoso debe agotar el medio idóneo de defensa para revocar, modificar o nulificar los actos reclamados en el juicio de amparo. Es el caso el acto reclamado en esta vía consiste en el Ilegal e infundado acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós y su ejecución en la notificación de dos julio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal número 410/2016, en donde se les requiere para que el plazo de cinco días naturales se internen voluntariamente en el Centro de Reinserción Social número 10 de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, con el apercibimiento que de no cumplir dará vista al Ministerio Público. . Luego, el inconforme debió, en primer lugar, agotar el recurso ordinario previsto en la ley aplicable previo a acudir a esta instancia constitucional ordinaria, tal como lo establece el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: "Artículo 130. Revocación. El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." Como se puede advertir, el recurso de revocación procede contra resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación; y el objeto de dicho medio de impugnación ordinario es que la misma autoridad que la dictó, examine de nuevo y dicte la determinación respectiva. Asimismo, se obtiene que si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas en audiencia, se debe interponer en la misma audiencia; y si se endereza contra determinaciones dictadas fuera de audiencia, se debe interponer por escrito al día siguiente de la notificación de la resolución correspondiente. Así, es claro que en términos del artículo transcrito de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la determinación emitida por el juez señalado como responsable consistente en el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós y su ejecución en la notificación de dos julio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal número 410/2016, en donde se les requiere para que el plazo de cinco días naturales se internen voluntariamente en el Centro de Reinserción Social número 10 de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, con el apercibimiento que de no cumplir dará vista al Ministerio Público, es claramente impugnable mediante el recurso ordinario de revocación, pues constituye determinación de mero trámite dictada; de manera que en congruencia con lo anterior y en cumplimiento al principio fundamental de definitividad que rige el juicio de amparo, se concluye que si la legislación aplicable en el caso concreto prevé el citado recurso como medio ordinario de defensa, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo. En ese tenor, si el solicitante de la protección constitucional omitió agotar el recurso previsto en el código adjetivo de la materia, mediante el cual podía revocarse la determinación reclamada, estando legitimado para ello, es inconcuso que el amparo impetrado resulta improcedente, toda vez que previo a instar el juicio de constitucionalidad, debió hacer valer dicho medio de impugnación. Lo anterior, es así pues se insiste el principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por algún recurso ordinario o medio de defensa alguno, con el objeto de impedir la proliferación innecesario de juicios constitucionales contra actos de procedimiento que pueden ser, como ya se dijo, modificados, revocados o incluso a través de ese medio, obtener la satisfacción de lo peticionado. (...) Lo anterior, sin que en el caso se actualicen las excepciones al principio de definitividad establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la especie no se reclama el auto de vinculación a proceso u otro que afecte la libertad del encausado (además que pretende que no se lleve cabo), o bien, que sean de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el quejoso no es tercero extraño al procedimiento; y la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, dado que el artículo señalado de la Ley Nacional de Ejecución Penal es claro al respecto, sumado a que, como se vio, existen precedentes en temas similares que definen la procedencia del recurso ordinario aludido. Cabe citar también en apoyo la jurisprudencia con datos de localización, título y contenido siguientes: (...) Finalmente, debe anotarse que, a diferencia de lo dispuesto por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo respecto de actos administrativos, en la fracción aplicable a los jurisdiccionales no se condiciona la definitividad a que la ley ordinara prevea la suspensión de la providencia reclamada. Apoya lo anterior, el precedente que enseguida se cita: (...) En apoyo se cita también el siguiente precedente: (...) DESECHAMIENTO En congruencia con todo lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR NO HABERSE AGOTADO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, lo procedente es desechar la demanda de amparo relativa, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que, ni aun con el curso y trámite del propio juicio de amparo, se modificaría la naturaleza y los efectos del acto reclamado, por lo menos, respecto de la procedencia de esta vía. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que dice así: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase como domicilio de los promoventes el que menciona, y como autorizados para ello a las personas que menciona. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el número telefónico y correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. FIRMA ELECTRÓNICA Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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