Manuel López Alias
Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel López Alias
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve MANUEL LÓPEZ ALIAS, contra actos del Fiscal en Jefe de la Agencia Local del Ministerio Público de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda y fórmese el expediente de amparo. En primer lugar, es necesario precisar el acto reclamado por el peticionario de amparo; ello, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y jurisprudencia siguiente:. Así, de la lectura integral de la demanda de garantías se aprecia que el acto que reclama el quejoso en esta instancia constitucional, es la omisión del Fiscal en Jefe de la Agencia Local del Ministerio Público de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en solicitar al Juez de Garantias se formule la comunicación de la imputación dentro del legajo de investigación 4203/JU/2015, de su índice. En relación al acto reclamado, se tiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 77 de la Ley de Amparo y que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes: .. Los artículos y criterios transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda recurso alguno o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados; y que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios cuando el acto se trate de aquellos que: a) Importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, c) Se trate de persona extraña al procedimiento. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia penal encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En el caso, el quejoso MANUEL LÓPEZ ALIAS, reclama la omisión del Fiscal en Jefe de la Agencia Local del Ministerio Público de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en solicitar al Juez de Garantias se formule la comunicación de la imputación dentro del legajo de investigación 4203/JU/2015, de su índice. Para analizar la causa de improcedencia que se señala como actualizada, procede plasmar lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII Constitucional, así como lo establecido en el Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca, en la sección tres, relativa al ejercicio y excepciones a la persecución penal, prevista en los artículos 196,198, 219 y 220, que establece: .. De la transcripción de los artículos anteriores se advierte en primer término que el Ministerio Público, es el encargado de ejercer la acción penal en todos los casos que sea procedente, pudiendo presendir total o parcialmente de la persecución penal, respecto de alguno o varios hechos o alguna de las personas que participaron en su realización en los casos previstos por la ley. De igual forma, de los anteriores dispositivos, se obtiene que el Código Adjetivo Penal del Estado prevé el derecho de cualquier persona que se considere afectada por una investigación en la que no se haya formulado la imputación, para pedir al juez que ordene al fiscal investigador informar acerca de los hechos objeto de ella; y, el Juez podrá fijarle un plazo para que solicite la formulación de la imputación. Lo que es acorde con la obligación del Juez de Control de resolver en la etapa de investigación, sobre los derechos de la víctima u ofendido, y controlar las facultades del fiscal investigador, exigiéndole el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. En este orden de ideas, del análisis en su conjunto de las disposiciones citadas, deriva la legitimación de la víctima del delito para impugnar el actuar del ministerio público en la fase de investigación, por los efectos negativos que produce, sobre todo si se tiene presente que se establece como un derecho fundamental a su favor previsto dentro de la Carta Magna; máxime que dicho sujeto pasivo es el que se ve afectado en sus intereses con la negación o paralización de sus pretensiones. En atención a lo anterior, el promovente del amparo tiene la obligación de impugnar ante el Juez de Control competente, la abstención del Fiscal responsable de integrar la referida carpeta de investigación y ejercer la acción penal, de acuerdo a lo establecido en el numeral 220 del Código Procesal en cita, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión del aquí quejoso, antes de acudir a ésta instancia constitucional, en consecuencia, el acto aquí reclamado, se traduce en un acto jurídico-administrativo de una autoridad estatal, toda vez que este tipo de actuación tiene prevista reglamentación al respecto y por ello la parte quejosa queda constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Lo anterior se encuentra avalado con lo previsto, en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que dentro de los derechos de las víctimas está el de impugnar ante la autoridad judicial entre otras, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; por lo que al no agotar el recurso que prevé el Código Procesal Penal en el Estado de Oaxaca, con el cual se podría modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, se violentó el principio de definitividad que aplica al caso y que establece la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo. Así las cosas, si el quejoso está inconforme con la omisión del Ministerio Público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 220 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, previo a la promoción del juicio de amparo, debe impugnar en la vía incidental dicha resolución, a efecto de que el juez de control, revise la actuación del representante social dentro de la investigación, y resuelva conforme a derecho. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO, la demanda de garantías de cuenta, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y el artículo 29 de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdo, toda vez que en esos términos lo solicita. Ahora, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo.
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