Manuel Limon Valles

Expediente 753/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
753/2016
Año
2016
Actuaciones
26
Última actuación
23/06/2017

Partes del expediente

  • Manuel Limon Valles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con un escrito registrado con el número 8594. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso J. Isabel Limón Valles; en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de trece de junio de dos mil dieciséis (fojas 24 a 26). Ahora bien, respecto de la devolución de la copia certificada relativa a la junta de herederos y designación de albacea que solicita, dígasele que no ha lugar a autorizarle su devolución, toda vez que de las constancias que integran el presente expediente, no se advierte que dicha constancia haya sido exhibida. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3153/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. bjm

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: a) El plazo de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del veintiuno al veintitrés de este mes y año. b) En el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión y no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino. c) Asimismo, no existen tomos de pruebas que devolver a autoridad alguna. d) Y tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales que ameritan su devolución a las partes. Doy fe. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de trece de enero de dos mil diecisiete (fojas 181 a 197), en auxilio de las labores de este juzgado, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que la sala responsable: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada; y, b) en su lugar, dictara otra en la que se abstuviera de determinar que en el procedimiento de origen quedó plenamente probado que existió una separación conyugal consensual entre Ernestina Valles García y Martín Limón Macías a partir de mil novecientos setenta y tres; en cambio, valorara el material probatorio tomando en consideración que había elementos que eran de una fecha anterior que permitían inferir que pudo existir un abandono por parte del esposo citado (de cujus en el juicio sucesorio natural), lo que de ninguna manera extinguiría los derechos de la cónyuge referida sobre los bienes adquiridos por su cónyuge con posterioridad a ese hecho; y, resolviera lo que en derecho correspondiera. De los efectos anteriores se deduce que la autoridad responsable se encontraba vinculada, toralmente, a: (I) dejar insubsistente la resolución reclamada; y, (II) emitir otra, en la que resolviera lo conducente, sobre la base de que no estaba acreditada una separación consensual entre los cónyuges involucrados a partir de mil novecientos setenta y tres y, por el contrario, existían medios de prueba que podían demostrar que el de cujus podía haber abandonado a su esposa, lo que no extinguiría los derechos de ésta respecto los bienes adquiridos por aquél con posterioridad a ese hecho. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, en resolución de catorce de este mes y año, la sala responsable dejó insubsistente el acto reclamado y estimó infundado el recurso de apelación interpuesto por la tercero interesada (Norma Angélica Limón Hernández) en contra de la interlocutoria que estimó parcialmente fundada la objeción que sobre inventario y avalúo presentó la parte quejosa en el juicio sucesorio intestamentario natural, en esencia, sobre la base de que: I. No era necesario que Ernestina Valles García reclamara a su cónyuge en vida la parte que le correspondía como gananciales matrimoniales, porque la ley aplicable no establecía ese supuesto, sino que al fallecer el de cujus el cincuenta por ciento de los bienes que correspondían a la sociedad conyugal pasaban a ser propiedad del cónyuge supérstite. II. En ese contexto, era fundado el agravio vertido por la albacea de la sucesión en el sentido de que el juez natural no había tomado en cuenta en la oposición de origen el argumento de la albacea relativo a que la cónyuge supérstite había abandonado el domicilio conyugal; no obstante, lo anterior era inoperante porque no se encontraban pruebas que acreditaran tal abandono, ya que, en todo caso, estaba acreditado que el finado había sido el primero en incumplir con sus obligaciones matrimoniales y no se encontraba desvirtuada la voluntad por parte de los consortes de continuar con el vínculo matrimonial, que subsistió hasta el fallecimiento del de cujus. II.I. Por tanto, al no existir pruebas que demostraran la separación de los cónyuges, ni abandono, y en virtud de que Ernestina Valles García había demostrado ser la cónyuge supérstite, ella tenía derecho al cincuenta por ciento de los bienes que se hubieran adquirido dentro del matrimonio que tenía con el finado. De lo sintetizado se desprende que la autoridad responsable determinó que no estaba acreditada una separación consensual entre los cónyuges involucrados (pues, en todo caso, el finado había incumplido, en primer término, con las obligaciones matrimoniales), por ende, el vínculo matrimonial no se había desvirtuado hasta el fallecimiento del de cujus y, sobre esa base, determinó que subsistían los derechos de la cónyuge supérstite; lo que esencialmente colma la totalidad de los lineamientos decretados en la ejecutoria en cumplimiento, al haberse ordenado toralmente que no se podía considerar acreditada dicha separación y que, por el contrario, el esposo involucrado podía haber abandonado el hogar conyugal, lo que no podía extinguir los derechos de su cónyuge. Sin que respecto del resto de consideraciones se hubiera emitido un lineamiento en la ejecutoria en cumplimiento, por lo que el análisis de éstas resulta ajeno a la materia de la presente resolución. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen"

  3. Principal

    El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: a) El plazo de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del veintiuno al veintitrés de este mes y año. b) En el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión y no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino. c) Asimismo, no existen tomos de pruebas que devolver a autoridad alguna. d) Y tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales que ameritan su devolución a las partes. Doy fe. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de trece de enero de dos mil diecisiete (fojas 181 a 197), en auxilio de las labores de este juzgado, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que la sala responsable: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada; y, b) en su lugar, dictara otra en la que se abstuviera de determinar que en el procedimiento de origen quedó plenamente probado que existió una separación conyugal consensual entre Ernestina Valles García y Martín Limón Macías a partir de mil novecientos setenta y tres; en cambio, valorara el material probatorio tomando en consideración que había elementos que eran de una fecha anterior que permitían inferir que pudo existir un abandono por parte del esposo citado (de cujus en el juicio sucesorio natural), lo que de ninguna manera extinguiría los derechos de la cónyuge referida sobre los bienes adquiridos por su cónyuge con posterioridad a ese hecho; y, resolviera lo que en derecho correspondiera. De los efectos anteriores se deduce que la autoridad responsable se encontraba vinculada, toralmente, a: (I) dejar insubsistente la resolución reclamada; y, (II) emitir otra, en la que resolviera lo conducente, sobre la base de que no estaba acreditada una separación consensual entre los cónyuges involucrados a partir de mil novecientos setenta y tres y, por el contrario, existían medios de prueba que podían demostrar que el de cujus podía haber abandonado a su esposa, lo que no extinguiría los derechos de ésta respecto los bienes adquiridos por aquél con posterioridad a ese hecho. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, en resolución de catorce de este mes y año, la sala responsable dejó insubsistente el acto reclamado y estimó infundado el recurso de apelación interpuesto por la tercero interesada (Norma Angélica Limón Hernández) en contra de la interlocutoria que estimó parcialmente fundada la objeción que sobre inventario y avalúo presentó la parte quejosa en el juicio sucesorio intestamentario natural, en esencia, sobre la base de que: I. No era necesario que Ernestina Valles García reclamara a su cónyuge en vida la parte que le correspondía como gananciales matrimoniales, porque la ley aplicable no establecía ese supuesto, sino que al fallecer el de cujus el cincuenta por ciento de los bienes que correspondían a la sociedad conyugal pasaban a ser propiedad del cónyuge supérstite. II. En ese contexto, era fundado el agravio vertido por la albacea de la sucesión en el sentido de que el juez natural no había tomado en cuenta en la oposición de origen el argumento de la albacea relativo a que la cónyuge supérstite había abandonado el domicilio conyugal; no obstante, lo anterior era inoperante porque no se encontraban pruebas que acreditaran tal abandono, ya que, en todo caso, estaba acreditado que el finado había sido el primero en incumplir con sus obligaciones matrimoniales y no se encontraba desvirtuada la voluntad por parte de los consortes de continuar con el vínculo matrimonial, que subsistió hasta el fallecimiento del de cujus. II.I. Por tanto, al no existir pruebas que demostraran la separación de los cónyuges, ni abandono, y en virtud de que Ernestina Valles García había demostrado ser la cónyuge supérstite, ella tenía derecho al cincuenta por ciento de los bienes que se hubieran adquirido dentro del matrimonio que tenía con el finado. De lo sintetizado se desprende que la autoridad responsable determinó que no estaba acreditada una separación consensual entre los cónyuges involucrados (pues, en todo caso, el finado había incumplido, en primer término, con las obligaciones matrimoniales), por ende, el vínculo matrimonial no se había desvirtuado hasta el fallecimiento del de cujus y, sobre esa base, determinó que subsistían los derechos de la cónyuge supérstite; lo que esencialmente colma la totalidad de los lineamientos decretados en la ejecutoria en cumplimiento, al haberse ordenado toralmente que no se podía considerar acreditada dicha separación y que, por el contrario, el esposo involucrado podía haber abandonado el hogar conyugal, lo que no podía extinguir los derechos de su cónyuge. Sin que respecto del resto de consideraciones se hubiera emitido un lineamiento en la ejecutoria en cumplimiento, por lo que el análisis de éstas resulta ajeno a la materia de la presente resolución. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*

  4. Principal

    El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con los oficios con folios 2168 y 2169, ambos con anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios de cuenta que remite la Presidenta de la Primera Sala de lo Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad mediante los cuales remite las constancias de las determinaciones emitidas en cumplimiento a la ejecutoria de este amparo; con su contenido y anexos en conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos su legal notificación, exponga lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este juzgado se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen**

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