Manuel Juarez Carreón

Expediente 391/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
391/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Manuel Juarez Carreón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se aclara destrucción de expediente. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído del catorce de enero de dos mil diecinueve se ordenó el archivo del presente cuaderno de antecedentes, por lo que se determinó su destrucción una vez transcurridos cinco años de su archivo, al considerar que encuadraba en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el punto primero, fracción XX del referido acuerdo general, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes constituye un cuaderno auxiliar, por lo que encuadra en el supuesto previsto en el diverso punto vigésimo, fracción I del citado ordenamiento legal. Por ende, se aclara que el presente cuaderno de antecedentes debe destruirse una vez transcurridos seis meses de su archivo, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Finalmente, toda vez que el seis de febrero de dos mil diecinueve se remitió materialmente el presente expediente al archivo de este Juzgado, hágase su devolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al apercibimiento realizado mediante proveído del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho; sin embargo, no ha lugar a hacer algún pronunciamiento al respecto, pues se estima que este Juzgado no es competente para conocer de la demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Ahora bien, en el caso concreto, no se actualiza ninguno de los supuestos a que alude el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece las reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en materia administrativa. Para demostrar lo anterior, es necesario traer a colación que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa precisó como acto reclamado destacado lo siguiente: Reclama el suscrito del ciudadano Delegado del DIF Estatal, la negativa sobre la entrega de la menos (sic) ... (sic) al suscrito, como legítimo padre de dicha menor y como consecuencia de dicha negativa, la orden de retener a la multicitada menor en el albergue de niñas ubicado en la recta a Cholula del Municipio de Cuautlancingo, Puebla y del ciudadano Encargado del mencionado albergue la reclusión de la menor ... A partir de lo anterior, es posible advertir que ante el contexto de crisis familiar actualmente la menor ... se encuentra bajo la custodia provisional de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica, Departamento de la Defensa de la Infancia y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. Lo anterior, derivado de que al radicarse la carpeta de investigación .../Tepexi de Rodríguez, por la probable comisión del delito de abandono de persona cometido en agravio de la menor ..., la autoridad ministerial otorgó a aquella institución pública su custodia provisional, a fin de salvaguardar su integridad física y emocional. Esa determinación desde luego encuentra sustento en normas de índole penal, pues así lo revelan lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 6, fracción XVII, inciso a), de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como en el diverso 109, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen lo siguiente: "Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la organización del Ministerio Público en el Estado de Puebla, los servicios periciales y la policía encargada de la función de investigación de los delitos; así como establecer su estructura y desarrollar las facultades que le confiere a la Fiscalía General del Estado y a su titular, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás disposiciones aplicables." "Artículo 2. Incumbe al Ministerio Público la persecución de los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, la representación de los intereses de la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia que abarque la reparación del daño causado, la protección de los derechos de las víctimas y testigos, y el respeto a los derechos humanos de todas las personas; velar por la exacta observancia de las leyes de interés público; intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue especial protección y ejercer las demás atribuciones previstas en otros ordenamientos aplicables." "Artículo 6. Son facultades del Ministerio Público las siguientes: (.) XVII. Realizar las funciones a que se refiere el artículo 18 de la Constitución General respecto de las personas menores de dieciocho años a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. En todos los procedimientos en que intervenga, el Ministerio Público deberá atender prioritariamente el interés superior del niño. Esta atención comprenderá como mínimo las acciones siguientes: a) Ordenar las medidas administrativas tendientes a la protección física, psicológica y para el sano desarrollo del niño y la niña, y solicitarlas en juicio velando por su efectiva ejecución; (.)" Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en el presente Código. Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables." Tal como se advierte, las normas transcritas dejan en claro que incumbe a la autoridad ministerial ordenar las medidas tendentes a la protección física, psicológica y para el sano desarrollo de los menores, para lo cual deberán tener en consideración como eje de su actuación el principio del interés superior del menor, así como los derechos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados aplicables. Por lo tanto, si ante el contexto de crisis familiar actualmente la menor Y.J.G. se encuentra bajo la custodia provisional de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica, Departamento de la Defensa de la Infancia y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, con motivo de la determinación que decretó la autoridad ministerial al radicar la carpeta de investigación .../Tepexi de Rodríguez, por la probable comisión del delito de abandono de persona, es claro que a quien corresponde conocer del presente asunto es a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla. Se sostiene tal aserto, en virtud de que el acto que decretó la custodia provisional de la menor a cargo de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica, Departamento de la Defensa de la Infancia y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y, como consecuencia de ello su ingreso a la Casa del Adolescente, deriva de la radicación de una carpeta de investigación. Por lo tanto, para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, se requiere hacer un análisis de las normas que facultan a la autoridad ministerial para decretar ese tipo de medidas y, en general, del procedimiento que se siga en la carpeta de investigación .../Tepexi de Rodríguez, por la probable comisión del delito de abandono de persona cometido en agravio de la menor ..., todo lo cual se encuentra vinculado con la materia penal y, por lo tanto, corresponde conocer del asunto a un juez especializado en esa materia. No obsta a lo anterior el hecho de que las autoridades señaladas como responsables tengan una naturaleza formalmente administrativa porque, como se ha dicho con anterioridad, al derivar los actos de un procedimiento del orden penal éste es el criterio determinante para adscribirlo a esa materia. En ese contexto, si en la especie, una vez que transcurrió el plazo que se otorgó a la parte quejosa para dar cumplimiento a las prevenciones que se le formularon, este órgano jurisdiccional advirtió que es incompetente porque del asunto debe conocer un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, se reitera que no se encuentra en aptitud de continuar con la tramitación de la demanda, dado que este juzgado se ubica en el primero de los supuestos para declinar la competencia contenido en el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo; de ahí que se carece de competencia legal por razón de la materia para conocer del juicio de amparo en que se actúa. Sin que el hecho de haber radicado la demanda y emitir determinados actos a efecto de mejor proveer sobre la competencia, admisión o desechamiento de la demanda, constituya un reconocimiento tácito de la competencia para conocer del asunto, ya que, en su caso, tal declaración solo constituye un pronunciamiento preliminar que de modo alguno implica un reconocimiento tácito en torno a la competencia de este órgano jurisdiccional. Estimar lo contrario implicaría limitar injustificadamente las facultades de los órganos jurisdiccionales para emitir los pronunciamientos necesarios que les permiten tener a su alcance mayores elementos para tomar una decisión, pues bastaría dictar un acto de carácter meramente preliminar para quedar vinculado a tramitar el juicio constitucional hasta la celebración de la audiencia constitucional, a pesar de advertir la notoria incompetencia que se tiene para actuar en esos términos. En tales condiciones, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Manuel Juárez Carreón; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, se ordena remitir la demanda con sus copias respectivas, así como el cuaderno de sigilo formado con motivo del informe rendido por la Procuradora de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Directora de Asistencia Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, al Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, en turno, a quien se estima competente para conocer de la misma, por los motivos apuntados con anterioridad; solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. No procede suspender el acto reclamado. El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, se declina la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción.

  4. Principal

    Autoridad remite constancias. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la Procuradora de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Directora de Asistencia Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, mediante el cual remite copia certificada del expediente administrativo 348/2018 de su índice. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, no obstante que la autoridad oficiante fue omisa en remitir las constancias en sobre sellado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial"; sin embargo, en aras de salvaguardar la identidad de la menor involucrada pues en éstas existen datos personales que tienen el carácter de confidenciales, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en consecuencia, las constancias remitidas sólo podrán ser consultadas por el personal de este Juzgado de Distrito, sin que se deban glosar al expediente debiendo permanecer en sobre cerrado como anexo I. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano