Manuel José Rodríguez Villamil
Expediente 902/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel José Rodríguez Villamil
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio remitido vía interconexión IOJ (Interconexión Órganos Jurisdiccionales) dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en el presente asunto por la parte quejosa, en contra del proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés; mismo que se registró con el número de toca 250/2023. Circunstancia de la cual, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos el escrito signado mediante el uso de la FIREL del quejoso MANUEL JOSÉ RODRIGUEZ VILLAMIL, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés. Al efecto, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios. Asimismo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo. Por lo que, envíese vía interconexión dicho recurso, al que deberá adjuntarse las constancias que conforman este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica mediante el uso de la FIREL de MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ VILLAMIL, en contra de los actos que reclama de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: ACTO RECLAMADO La omisión de realizar la cancelación de las inscripciones 532459, 532536 y 532457, de nueve de octubre de mil novecientos noventa y uno, relativas al gravamen decretado sobre el predio número ciento treinta y tres, de la calle diecisiete, del fraccionamiento Chuntuak, de la localidad de Molas, Municipio de Mérida, Yucatán. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 902/2023-III-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 1º fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, conviene transcribir lo que disponen los citados preceptos legales. "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1º. El Juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Ahora bien, dado el planteamiento de la demanda de amparo, el quejoso, al promover este juicio constitucional en contra de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, lo que pretende es obtener la protección constitucional a fin de que la autoridad registral responsable cancele las inscripciones relativas a tres anotaciones preventivas que pesan sobre el predio número ciento treinta y tres, de la calle diecisiete, del fraccionamiento Chuntuak, de la localidad de Mola, Municipio de Mérida, Yucatán, derivadas del procedimiento administrativo promovido por Erick Luis Rubio Barthell. Al respecto, los artículos 2184 y 2191 del Código Civil del Estado de Yucatán, establecen: "Artículo 2184. Si se decretare embargo o secuestro que provenga de acción personal, respecto de un inmueble o derecho sobre el mismo, cuya inscripción contuviere la anotación del aviso preventivo, se tomará razón del embargo o secuestro en la fecha y hora de su presentación, pero la inscripción del embargo o secuestro únicamente quedará firme si no se celebra el acto o convenio dentro del período de vigencia del aviso preventivo, o si, a pesar de haberse celebrado dentro de la vigencia de éste, no se diere el aviso definitivo que menciona el artículo 2182 de este código, en el plazo previsto para ello. Para el caso de que existiere aviso definitivo, no se tomará razón del embargo o secuestro decretado. En cualquiera de éstos casos el Registro Público deberá notificar a la autoridad correspondiente, fundando y motivando su actuación. Una vez que haya quedado firme la inscripción preventiva a que se refiere este artículo, surtirá sus efectos desde la fecha y hora en que se tomó razón." "Artículo 2191. Las inscripciones o anotaciones únicamente pueden cancelarse por consentimiento de los otorgantes del acto o convenio que conste en el título o documento inscrito o anotado o por decisión judicial. En el caso de las inscripciones preventivas a que se refiere el artículo 2184 de éste código, se cancelarán de oficio en el caso de que el acto o convenio se celebre dentro del período de la vigencia del aviso preventivo y además se de oportunamente el aviso definitivo. La cancelación de las inscripciones podrá ser total o parcial." Por su parte, el artículo 89, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en lo conducente dispone: "Artículo 89. Para decretar la cancelación de un registro, o la rectificación de actas del estado civil, es competente el Juez del lugar en donde estuviere ubicado el Registro; pero si la cancelación en el primer caso, se pidiere como incidental de otro juicio o acción, podrá ordenarla el Juez que conoció del negocio principal." En virtud de lo anterior, es inconcuso que el quejoso previamente a la interposición del juicio de amparo, debió promover ante la autoridad del fuero común el juicio correspondiente, en el que ejercitara la acción civil prevista por el artículo 2191 del código sustantivo civil del Estado, a fin de que sea el Juez del fuero común quien determine si procede o no la cancelación de la señalada inscripción registral, conforme a lo dispuesto por el diverso numeral 2192, del multicitado Código Civil del Estado de Yucatán; de ahí que al no hacerlo, es incuestionable que en la especie se configuró la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de los derechos humanos y fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es claro entonces, que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (como son los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Yucatán) se establece un determinado procedimiento para dirimir un conflicto entre particulares, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. No obsta a lo anterior, el hecho de que en el caso se estén imputando los actos a cierta autoridad, como es la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, pues como ya se dijo en líneas precedentes, en el fondo lo que pretende el quejoso es que se dirima un conflicto entre él, y el diverso favorecido a que hace referencia, para obtener la cancelación de las inscripciones que pretende, lo que deriva de un conflicto entre particulares, lo cual necesariamente debe decretarse por una autoridad judicial y no por medio del juicio de amparo. En esta hipótesis, en el juicio natural que se pueda llegar a promover con el propósito de nulificar las inscripciones respectivas, la autoridad en cita debe ser oída, teniendo obligación legal de acatar lo que se resuelva en la sentencia ejecutoria que llegue a dictarse. Lo anterior, sin perjuicio de que los particulares interesados puedan promover el juicio constitucional contra la sentencia definitiva que solucione la apuntada controversia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/15, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la foja 388, del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 197412, que informa: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto." Así como la tesis XI.2o.96 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1423, del Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 190803, que establece: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, INSCRIPCIONES EN EL. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VÍA LEGAL ADECUADA PARA OBTENER SU CANCELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 2854 del Código Civil dispone que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de lo que se deduce que fuera del caso en que la cancelación de una inscripción registral se haga por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario oír a los interesados, o sea, que cuando exista controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad, sólo por orden de una autoridad jurisdiccional puede cancelarse. Ahora bien, como las inscripciones están vinculadas con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo, según el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles, es evidente que quien pretenda su cancelación debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional, pues de no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO ALTERNO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio alterno de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo, toda vez que solicitó que las notificaciones relativas al presente asunto se le realicen por la vía electrónica. Asimismo, téngase como sus autorizados: en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo a ********************; mientras que en forma restringida, con las limitantes del citado precepto, a ********************, y como lo solicita, a********************, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. Para lo cual, los autorizados restringidos, deberán no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte quejosa, se otorga autorización a los usuarios "********************", "********************" y "********************", para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio y las notificaciones relativas se les realicen vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese vía electrónica y regístrese. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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