Manuel José Mier Y Teran Fortuny

Expediente 1494/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1494/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Manuel José Mier Y Teran Fortuny

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Finalmente, toda vez que no existe objeto alguno para que sigan permaneciendo en este Juzgado los tres legajos que remitió la autoridad responsable Magistrada Segunda y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en apoyo a su informe de ley; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dichas constancias. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Martín Placito Cambero, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, se hace la relación de las constancias del juicio, en entre las cuales se encuentra la demanda de amparo, el auto de admisión, constancia de notificación realizada a las autoridades responsables, emplazamiento del agente del Ministerio Público de la adscripción y a la parte tercera interesada, los informes justificados de las autoridades responsables Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y el resto de las actuaciones de trámite. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez que la parte quejosa ofreció la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana. Por su parte, la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por conducto de la Magistrada Segunda y Presidenta, remitió copia certificada del toca ********************y del juicio extraordinario hipotecario ********************, constantes de veinticinco, catorce y ciento sesenta y nueve fojas, con las que se formaron TRES LEGAJOS; en tanto que la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado remitió copias certificadas del expediente ******************** de su índice. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que las partes no los formularon y el Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. El Juez acuerda: En atención a la relación secretarial, se cierra la etapa de alegatos. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1494/2023, promovido por el quejoso ********************, contra el acto de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El catorce de julio de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo, presentada por el quejoso ********************, contra un acto de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y otra autoridad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En quince de junio de dos mil veintitrés, por razón de turno, se recibió la demanda en este juzgado; por lo cual, en auto de dieciséis de junio posterior, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1494/2023; y se previno a la parte quejosa, por lo que previo cumplimiento a la misma, por auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron los informes con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En la secuela procesal, se emplazó al representante social quien no formuló pedimento y a la tercera interesada ********************. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman un acto de un tribunal en materia civil ejecutable dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hace consistir en: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado La sentencia interlocutoria de fecha diez de abril de dos mil veintitrés en autos del toca civil ********************respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria derivado del juicio extraordinario hipotecario ********************, promovido ante el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento de Justicia del Estado de Yucatán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las documentales que aportaron consistentes en las copia certificada del toca ********************y del juicio extraordinario hipotecario ********************, de las que se advierte la certeza del acto reclamado; en virtud que dichas constancias tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Extemporaneidad para presentar la demanda Este juzgador, estima que la parte quejosa presentó su demanda de amparo fuera de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo y por tanto, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, al consentir tácitamente el acto reclamado. Al respecto el numeral invocado dispone lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. (...)" Dicho precepto dispone que el juicio de amparo será improcedente cuando no se promueve dentro de los plazos previstos para ello. Así, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. En ese sentido, el acto reclamado en este juicio de amparo es la resolución de diez de abril de dos mil veintitrés, en autos del toca civil ********************respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria derivado del juicio extraordinario hipotecario ********************, promovido ante el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento de Justicia del Estado de Yucatán; por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso, debe considerarse la primera hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo que de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, mediante publicación 35089, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, la cual en términos del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, surtió sus efectos desde la fecha de esa publicación. Conforme a lo anterior, el plazo para ejercer la acción constitucional transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil veintitrés, sin contar los sábados y domingos de dicho periodo por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, como la demanda de amparo se presentó físicamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el catorce de junio de dos mil veintitrés, se concluye que la acción constitucional se ejerció extemporáneamente. Ahora bien, aunque la fecha señalada por el quejoso en su demanda respecto a la relativa en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado, o bien de la notificación de la resolución o acuerdo, constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito, lo cierto es que ello está condicionado a que no exista prueba en contrario que desvirtué la fecha señalada por el quejoso Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno del Alto Tribunal, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, registro 163172, Novena Época, registro 163172, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Conforme a lo anterior, aunque el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, lo cierto es que de las documentales que aportó la responsable a su informe y de las que se dio vista, estas no fueron objetadas de falsas, ni tampoco en la celebración de la audiencia constitucional que precede este fallo, de ahí que se tenga como auténtica para los efectos del presente juicio de amparo, con las consecuencias procesales que ello implica, es decir, que el quejoso tuvo conocimiento en una fecha anterior a la señalada en su demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 19/2016 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE SON SUSCEPTIBLES DE OBJECIÓN DE FALSEDAD POR PARTE DEL QUEJOSO, CUANDO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación armónica de los artículos 5o., fracción II, y 117 de la Ley de Amparo, se colige que en el juicio constitucional la autoridad responsable tiene el carácter de parte y debe rendir su informe justificado, al cual podrá anexar copias de las actuaciones existentes, las que pueden ser objetadas por alguna de las partes en cuanto a su autenticidad o continente, acorde con la jurisprudencia P./J. 5/2001, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.". Por tanto, al revestir ese informe el carácter de documento público, nada impide que alguna constancia que lo integra, que vincule al tercero extraño por equiparación al juicio de origen, pueda ser rebatida a través de la objeción de falsedad de documento prevista en el artículo 122 de la legislación referida, pues dicho tercero sólo tiene conocimiento de ese documento hasta que la autoridad responsable lo exhibe para justificar la existencia o inexistencia del acto reclamado; de ahí que no se le puede exigir que presente pruebas respecto al llamamiento a juicio que obre en el juicio de origen, si no conocía su tramitación, máxime que conforme al artículo 119 de la ley citada, tratándose del ofrecimiento de pruebas, es fundamental tener la oportunidad de hacerlo a partir de la fecha en que conozca el hecho a probar o desvirtuar. Es por lo expuesto, que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada a las partes en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, con el informe justificado rendido por la Jueza Primera Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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