Manuel Jesus Quintal Paredes

Expediente 673/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
673/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Manuel Jesus Quintal Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le informe el domicilio señalado en autos por el aquí quejoso Manuel Jesús Quintal Paredes. En tal virtud, remítasele el mismo en un sobre cerrado, a fin de que se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA II. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veintiuno de mayo del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  3. Principal

    MESA II. Agréguese a estos autos el escrito de Manuel Jesús Quintal Paredes, quejoso en el presente juicio de amparo, mediante el cual pretende desistir del presente juicio de amparo; sin que haya lugar hacer pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se desechó el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    VMESA II. Vista la demanda de amparo promovida MANUEL JESUS QUINTAL PAREDES, con nueve copias, contra actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. De manera que la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, el auto aprobatorio de remate en pública subasta y primera almoneda, de ocho de mayo del año en curso, respecto del cincuenta por ciento del predio número cuarenta y siete letra F de la calle diecinueve, por diez y doce del Municipio de Unan, Yucatán, en el juicio reclamatorio laboral 369/2017, promovido por Nieger Moisés Castañeda Puga en contra de Juan Pablo Quintal Paredes; procedimiento de remate al cual fue llamado el quejoso, con el carácter de acreedor. En el caso, este Juzgador Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, que establecen: "rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede:IV Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior Conforme a la transcripción que antecede, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate. El dispositivo legal en cita, regula la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos 1. Un supuesto general referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos, consistentes en a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase y, b) Actos de remate. La acción constitucional slo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. El contenido del referido artículo es el mismo de la ley abrogada, siendo que lo único que realizó el legislador, fue precisar lo que debe entenderse por la última resolución en la etapa de ejecución y, en el caso de remate, ya no le dio esa calidad a la resolución que lo aprueba o desaprueba, pues ahora la confirió a la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Con esto se pretende evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las determinaciones emitidas por las autoridades competentes, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución de las mismas. Lo anterior, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista por la autoridad, por regla general de dar una cantidad de dinero, que la parte deudora no cubrió voluntariamente. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa impugna el auto aprobatorio de remate en pública subasta y primera almoneda, de ocho de mayo del año en curso, respecto del cincuenta por ciento del predio número cuarenta y siete letra "F", de la calle diecinueve, por diez y doce del Municipio de Unan, Yucatán, en el juicio reclamatorio laboral 369/2017, promovido por Nieger Moisés Castañeda Puga en contra de Juan Pablo Quintal Paredes; procedimiento de remate al cual fue llamado el quejoso, con el carácter de acreedor. Como puede advertirse con meridiana claridad, dicha determinación no constituye la última resolución en el procedimiento de remate, entendiéndose por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; siendo que se trata de una mera determinación de índole procesal, que no trastoca derechos sustantivos de la parte quejosa, en la medida que únicamente aprueba el remate del bien embargado a favor del actor del juicio. Siendo que, en su caso, de existir alguna violación procesal en dicho procedimiento, podrá alegarla en el juicio de amparo que promueva contra la última resolución emitida en el procedimiento de remate, acorde a lo preceptuado por el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo ello, pues aun cuando el quejoso pretende ostentarse como tercero extraño al juicio, lo cierto es que de sus propias manifestaciones se advierte que señala que fue llamado al procedimiento con el carácter de acreedor, en mérito de lo cual, se integró a dicho procedimiento en defensa de sus derechos en el remate, con lo que perdió tal carácter. Es dable citar al caso, la tesis visible en la página 774, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone REMATE, AMPARO CONTRA EL AUTO QUE APRUEBA O DESAPRUEBA EL. NO PUEDEN ALEGARSE VIOLACIONES COMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO NATURAL. Conforme al artículo 114, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, tratándose de remates procede el amparo indirecto sólo contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por tanto, como en el caso se reclama la resolución de segunda instancia que confirma la del Juez de primer grado y aprueba el remate, la parte quejosa sólo puede alegar violaciones cometidas durante el procedimiento de remate, desde la orden de llevarlo a efecto, mediante la publicación de las convocatorias o edictos correspondientes, designación de peritos valuadores, etcétera, pero en ningún caso violaciones cometidas en procedimientos previos ni durante la sustanciación del juicio natural En esas condiciones es dable concluir, que la determinación del auto aprobatorio de remate en pública subasta y primera almoneda, de ocho de mayo del año en curso, respecto del cincuenta por ciento del predio número cuarenta y siete letra F de la calle diecinueve, por diez y doce del Municipio de Unan, Yucatán, en el juicio reclamatorio laboral 369/2017, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues no se trata de aquella que ordena otorgar la escritura, ni la que ordena entregar la posesión de los bienes rematados. Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por el Pleno (sic) en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Página: 1738, que señala: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla En efecto, se afirma que dicha determinación no constituye la resolución impugnable en el juicio de origen, pues no se trata de la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega de los bienes rematados; por tanto, como ya se dijo, debe tomarse en cuenta, que de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, se desprende que el legislador, en forma específica, estableció que el amparo indirecto sólo procede en tratándose de actos de tribunales judiciales, en específico, en el procedimiento de remate, contra la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia ante ponderada y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de mérito, y como su autorizado a Sergio Ramón Herrera Moreno, en términos del artículo 12 de la Ley de. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que, en caso de ser necesario, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto incluso en días y horas inhábiles

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano