Manuel Jesús Navarro Mena

Expediente 476/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 39 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
476/2018
Año
2018
Actuaciones
39
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano En Quintana Roo
  • Manuel Jesús Navarro Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término concedido a las partes mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, para efectuar manifestación relativa al cumplimiento del fallo protector de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho [la cual se confirmó el seis de junio de dos mil diecinueve], sin que al respecto la parte quejosa realizara expresión alguna; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para efectuar lo anterior, es necesario puntualizar que los efectos para los cuales se concedió el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa Manuel Jesús Navarro Mena, fueron los siguientes: "[.] el Delegado Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad y Director General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus atribuciones, en una fecha que no deberá exceder de un mes, procederán a efectuar los trabajos de medición y deslinde que ya fueron autorizados en el procedimiento de enajenación número 619/17, respecto del predio denominado "VILLAS JESÚS", ubicado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y, previo las trámites subsecuentes, ponga en estado de resolución la solicitada resolución [.]" Esa sentencia fue impugnada por la autoridad responsable director de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De ese medio de impugnación, conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún Quintana Roo, a través del amparo en revisión 81/2019, quien en sesión ordinaria de seis de junio de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia recurrida. En consecuencia, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se requirió a la responsable el cumplimiento de la sentencia constitucional dictada en este expediente. Mediante oficio I/143/SJ/6035/2019, de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el subdelegado de Desarrollo Urbano, Territorial y Vivienda, Delegación Estatal en Quintana Roo, remitió acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual, determinó lo siguiente: "[.] Primero.- Se cumplimenta la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de amparo 476/2018 por el Juez Primero de Distrito en el estado de Quintana Roo, promovido por Manuel Jesús Navarro Mena, respecto del predio denominado "Villas Jesús, ubicado en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Segundo.- Se instruye a la Subdirección de Terrenos Nacionales para que realice los actos necesarios para que la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, ejecute los el estado de Quintana Roo, concedió el amparo y protección el justicia federal para el efecto de que el delegado estatal de esta secretaria en la citada entidad federativa y el Director General de la Propiedad Rural, en el ámbito de sus atribuciones en un término de un mes proceda a efectuar los trabajos de medición y deslinde autorizados en el procedimiento derivado de la solicitud de enajenación del predio denominado "Villas Jesús" ubicado en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. No obstante lo señalado en la resolución de mérito, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano debe actuar en estricto apego a la normativa aplicable, los trabajos de medición y deslinde, en términos de los artículos 160 de la Ley Agraria y del 104 al 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, observando los principios de legalidad, legalidad objetiva y debido proceso adjetivo, sin dejar de tener en cuenta que los de seguridad jurídica, gratuidad, celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia, buena fe, y publicidad, que sirven de garantía al peticionario en la tramitación de su solicitud, para que se emita una resolución fundada y motivada. Bajo ese tenor, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito se instruye a la Subdirección de Terrenos Nacionales para que realice los actos necesarios a efecto de que la delegación en el estado de Quintana Roo, ejecute los trabajos técnicos de medición y deslinde respecto del predio materia de la litis, dentro del término establecido por el juez federal, y se integre total y debidamente el expediente que corresponda. Cabe aclarar que, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los terrenos nacionales y los baldíos, son propiedad originaria de la nación y su transmisión a los particulares es una facultad potestativa de la federación, ejercida por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de ahí que no basta que un particular eleve una petición de adquisición para que el estado se encuentre obligado a transmitir, trabajos técnicos de medición y deslinde, del predio "Villas Jesús" ubicado en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en términos del considerando II del presente documento, para tal efecto se le remite el original del acuerdo y para que se engrose al expediente que corresponda Tercero.- Envíense coplas certificadas de este acuerdo a la delegación estatal de esta secretaria en Quintana Roo, para su conocimiento y para que notifique de manera personal o por conducto de quien legalmente represente a Manuel Jesús Navarro Mena, así como para que en el ámbito de su competencia de manera inmediata realice lo ordenado en el considerando II del presente documento. Cuarto.- Remítase copia de este acuerdo a la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, para los efectos precisados en el - considerado III de este instrumento legal. Quinto.- Remítase copia certificada de este acuerdo a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que por su conducto se informe al Juzgado Primero de Distrito en el estado de Quintana Roo, el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de amparo 476/2018. Dado en la Ciudad de México, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve." En oficio I/143/SJ/1182/2020, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, signado por el subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda Ofician de Representación en Quintana Roo, remitió el acta circunstanciada de veintinueve de enero de dos mil veinte, relativa a la realización de los trabajos técnicos de medición y deslinde e inspección ocular del predio denominado "Villas Jesús". A través del oficio I.110.UAJ.DGAE.E.9021.2020, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, signado por el subdirector de cumplimiento de ejecutorias con sede en la Ciudad de México, remitió la determinación que dictó el subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda, Oficina de Representación en Quintana Roo, en el expediente interno 619/17, correspondiente al predio "Villas Jesús", la opinión siguiente: "[.] 13. Conforme a lo expuesto, analizados los antecedentes que obran en el expedientillo del inmueble materia del análisis, así como el informe rendido por el Ing. Sergio Aguirre Perez, se concluye en términos de los artículos 157, 158, 160, 161, de la Ley Agraria; 96, 97, 02, 104, 105, 112, 113 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento 106 Propiedad Rural, 34, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que la superficie de 24-65-53.41 hectáreas resultando de la medición y deslinde no son susceptibles de enajenación a favor del C. MANUEL DE JESUS NAVARRO MENA, toda vez que la superficie solicitada, se encuentra inmerso un título de propiedad, por lo que se emite OPINION NEGATIVA a trámite de enajenación promovido por el C. MANUEL JESUS NAVARRO MENA, sobre el inmueble denominado "VILLAS JESUS", ubicado en el Municipio de SOLIDARIDAD, Quintana Roo, con una superficie deslindada de 24-65-53.41 hectáreas. Por lo que esa Dirección General de la Propiedad Rural a su cargo acuerde lo que en derecho corresponda [.]" Mediante promoción identificada con el folio 10685, de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, signado por el subdirector de Cumplimiento de Ejecutorias, con sede en la Ciudad de México, informó que en acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente 619/17, relativo al predio "Villas Jesús", determinó que el mencionado predio se encontraba sobrepuesto al diverso denominado "San Guadalberto", del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que salió del dominio de la Nación el once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con número de título 55586, expedido por la Secretaria de la Reforma Agraria a favor de Carlos Enrique Coronado Trejo. Por esa razón, dicha autoridad se declaró incompetente para continuar con el procedimiento de enajenación onerosa del predio denominado "Villas Jesús". Así, mediante oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DE.0693.2023, de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dicha autoridad reiteró la información precisada en párrafos precedentes, pero además, remitió la constancia de notificación realizada al quejoso el treinta de marzo de dos mil veintiuno, relativa al acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que se dictó en el expediente 619/17, relativo al predio "Villas Jesús" [en el cual, por la razón ya precisada, la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se declaró incompetente para continuar con el procedimiento de enajenación onerosa del predio denominado "Villas Jesús"]. Documentales todas las anteriores, a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Así, mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, con las documentales remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que haya realizado manifestación alguna. Ahora, de conformidad con los artículos 192, 193, 196 y 201, fracción II, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que concedió la protección constitucional se debe pronunciar respecto de la ejecutoria recaída al juicio de amparo, al ser quien conoce los alcances protectores de la sentencia, pues cuando no se ha cumplido, se encuentra en vías de cumplimiento o está cumplida, le corresponde hacer la declaratoria relativa o, en su caso, iniciar el procedimiento respectivo, como acontece en el caso particular. Al efecto, el procedimiento a seguir para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo y que a través de éste se tenga cumplida o en su caso se decrete la imposibilidad que hubiere, consiste en lo siguiente: 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se conceda el amparo y el órgano jurisdiccional ordena notificar la resolución a las partes. 2. En el auto en que se ordena la notificación señalada, se debe requerir a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo de la responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo y su posterior consignación. Asimismo, en el acuerdo referido, en su caso, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a ésta cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, se le impondrá multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable, conforme lo dispuesto en artículo 193 de la Ley de Amparo. 3. Adicionalmente, de conformidad con el diverso artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable remite al órgano judicial de amparo el informe relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, se deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. 4. La ejecutoria se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. En caso de que el juzgador de amparo emita resolución en el sentido de que la ejecutoria de amparo está cumplida, podrá ordenar el archivo del expediente, pero si determina que existe incumplimiento en razón de que no está cumplida la ejecutoria de amparo o no está cumplida correctamente o la considera de imposible cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, o bien, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda para que se siga de nuevo el procedimiento previsto en el numeral 193 de la referida ley. De lo anterior, se advierte que en juicio constitucional, una vez que las autoridades informen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, el juez de distrito puede determinar lo siguiente: a) Que la sentencia de amparo está cumplida y ordene el archivo del asunto; b) Que no está cumplida; c) Que no está cumplida totalmente; d) Que no lo está correctamente, o e) Que existe imposibilidad para cumplir el fallo. En relación con los supuestos identificados en los incisos b, c y d, no existe duda que el juzgador de amparo tiene el deber de enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito -en inejecución de sentencia-, a fin de que dicho órgano sea el que continúe con el procedimiento de cumplimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en relación con la hipótesis marcada en el inciso e, consistente en que exista imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, el procedimiento impone remitir el sumario al Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de que confirme si se actualizó esa imposibilidad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia Pde rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Respecto a la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, se debe recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo tendrá por efecto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, esto es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sin embargo, en ocasiones no es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, ya que si la autoridad al pretender dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo encuentra obstáculos insuperables, el incumplimiento no obedecería a su voluntad, sino a la existencia de factores externos de lo que se infiere que la intención fundamental del legislador, respecto de la ejecución de las sentencia de amparo, no es que se sancione a las autoridades responsables, que no cumplieron con éstas, sino que se acate. Esto es, si el legislador hubiere pretendido que, en todo caso se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se trata; extremo éste que permite inferir la necesidad de que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables. En ese contexto, no se deben aplicar las sanciones establecidas en la fracción XVI del numeral 107 constitucional, dado que la parte quejosa puede optar, de ser procedente, por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación jurídica, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia, en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el legislador al instaurar los procedimientos en comento, que es la de evitar la desobediencia de las ejecutorias y ello no se logra ordenando la separación del cargo de una autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento, por lo que está en derecho la autoridad responsable de acreditar si le es imposible jurídica o materialmente acatar la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Ahora, la imposibilidad jurídica y material se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original. Partiendo de las premisas apuntadas, se considera que en el presente asunto existe imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector, tal como se evidencia a continuación. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que si bien, mediante acta circunstanciada de veintinueve de enero de dos mil veinte, se realizaron los trabajos técnicos de medición y deslinde e inspección ocular del predio denominado "Villas Jesús"; sin embargo, en determinación de veinticinco de febrero de dos mil veinte, que dictó el subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda, Oficina de Representación en Quintana Roo, en el expediente interno 619/17, correspondiente al predio "Villas Jesús", concluyó que en términos de los artículos 157, 158, 160, 161, de la Ley Agraria; 96, 97, 02, 104, 105, 112, 113 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento, 106 Propiedad Rural, y 34, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la superficie de 24-65-53.41 hectáreas resultando de la medición y deslinde no son susceptibles de enajenación a favor de Manuel de Jesús Navarro Mena, toda vez que en esa superficie, se encontraba inmerso un título de propiedad, por lo que emitió opinión negativa al trámite de enajenación promovido por el quejoso, sobre el inmueble denominado "Villas Jesús", ubicado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. En tanto, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el subdirector de Cumplimiento de Ejecutorias, con sede en la Ciudad de México, informó que en acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente 619/17, relativo al predio "Villas Jesús", determinó que el mencionado predio se encontraba sobrepuesto al diverso denominado "San Guadalberto", del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que salió del dominio de la Nación el once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con número de título 55586, expedido por la Secretaria de la Reforma Agraria a favor de Carlos Enrique Coronado Trejo. Por lo cual, dicha autoridad se declaró incompetente para continuar con el procedimiento de enajenación onerosa del predio denominado "Villas Jesús". La anterior determinación, se notificó personalmente al quejoso el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Sobre el particular, se debe tener presente que los efectos del fallo protector fueron 1. Realizar los trabajos de medición y deslinde del predio denominado "Villas Jesús", lo cual se hizo, el veintinueve de enero de dos mil veinte; y, 2. Previos tramites subsecuentes poner en estado de resolución la solicitud de enajenación de ese predio, lo cual no se hizo, ello, porque en acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente 619/17, relativo al predio "Villas Jesús", determinó que el mencionado predio se encontraba sobrepuesto al diverso denominado "San Guadalberto", del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que salió del dominio de la Nación el once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con número de título 55586, expedido por la Secretaria de la Reforma Agraria a favor de Carlos Enrique Coronado Trejo. Motivo por el que, dicha autoridad se declaró incompetente para continuar con el procedimiento de enajenación onerosa del predio denominado "Villas Jesús". En este sentido, no existe una conducta contumaz por parte de la autoridad responsable, tendente a evadir su obligación de cumplimentar el fallo protector, por lo que no se le pueden imputar omisiones culposas o dolosas, dado que tal situación redunda en la imposibilidad jurídica para hacerlo, lo que hace excusable el incumplimiento. Es así, porque como ya se dijo, si la actualización de la imposibilidad a que se alude se actualiza ante el cambio de un factor jurídico, como en el caso lo es el traslape total de predio controvertido, respecto de lo cual, se tuvo noticia hasta en la realización de las gestiones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es evidente encontrarnos ante una imposibilidad jurídica para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo que nos ocupa. De ahí que, una vez que transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que sea necesario que se interponga recurso de inconformidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, a efecto de que se pronuncie sobre la existencia de la imposibilidad decretada o bien lo que legalmente determine a efecto de continuar con el procedimiento en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    I-Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el director de ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, informa las gestiones que llevó a acabo a efecto de dar cumplimiento al fallo protector y remite las siguientes constancias: Copia del oficio II210.DGOPR.AJ.13121.2022 de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Copia del oficio 1S.1.I.143.OR.ROO.SJ.002429.2022 de seis de junio de dos mil veintidós. Copia del oficio II210.DGOPR.AJ.02411.2022 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Copia de la notificación personal de treinta de marzo de dos mil veintiuno. Copia del acta circunstanciada de treinta de marzo de dos mil veintiuno. Copia del acuerdo de incompetencia de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las aludidas documentales, para que dentro del plazo de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga si así lo estima pertinente; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los se advierte que en proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Cumplimiento de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, manifestó que se encontraba imposibilitado jurídica y materialmente para cumplir con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, a efecto de que manifestaran lo que sus intereses conviniera con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sin embargo, en proveído de dos de marzo del año en curso, se recibió el oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DE.0790.2022, de veintiuno de enero del año en curso, firmado por directora de ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, con el que, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, adjuntado copias certificadas de diversas constancias para corroborar su dicho y se le requirió a efecto de que una vez que hubiere realizado las diligencias correspondientes, acreditara con constancias fehacientes el total cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; esto es, se tuvo a dicha responsable en vías de cumplimiento. En consecuencia, dado el tiempo transcurrido sin que la autoridad responsable haya dado cumplimiento al fallo protector y a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la responsable directora de ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquel en que sea legalmente notificada de este auto, remita a este Juzgado Primero de Distrito las constancias con las que acredite el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la referida autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad de $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a doscientas veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193, así como en el ordinal 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el juez de distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable correspondiente.

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