Manuel Jesus Medina Basto

Expediente 480/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
480/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
16/05/2019

Partes del expediente

  • Manuel Jesus Medina Basto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el dieciséis de abril del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó el incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser depurable, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y el auto que la tuvo por no presentada, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Ahora bien, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA II. Agréguense a estos autos para que obren como legalmente corresponda los telegramas remitidos por el Subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Delegado designado por la Secretaría de Gobernación, ambos con sede en la Ciudad de México, por medio de los cuales acusan recibo de los oficios II-6381/2019, II-6384/2019 y II-6385/2019, del índice de este Juzgado, con los que se les notificó respecto del auto de seis de marzo del presente año, con el cual se desechó el presente juicio de amparo e informan que dichos oficios fueron recibidos el veintinueve de marzo del año en curso en tal virtud tómese nota de lo anterior para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, glósese a los autos el telegrama signado por el Subsecretario de Gestión para la protección ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México y toda vez que la autoridad responsable antes citada, así como el Subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, informan que no recibieron los oficios II-8432/2019 y II-8425/2019 respectivamente, de veinticinco de marzo del año en curso con el cual la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del acuerdo de seis de marzo del presente año; reexpídanseles nuevamente, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el oficio 32/2019, suscrito por el Director de la Policía Municipal de Teya, Yucatán, y anexo que acompaña. Ahora bien, de la revisión de la constancia que fue anexada por el Director citado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de la constancia que adjuntó a su oficio de cuenta, el Director de la Policía Municipal de Teya, Yucatán, informó que el diez de abril del año en curso, recibió una queja por parte de los ciudadanos Lilia María Durán Pech y José Armín Nuñez, en la cual el directo quejoso, se encontraba frente a la casa haciendo disturbios de nueva cuenta ya que con anterioridad, ya había sido denunciado el siete de abril del año en curso, por dichas personas, y dado que el directo quejoso volvió a incurrir en dichos actos en contra de la señora Durán Pech, se procedió a su detención, para mantenerlo únicamente recluso por el término de doce horas, siendo que fue liberado a las 00:05 horas del once de abril del presente año. Indicando dicha autoridad que de cumplir con tal término que le impuso se ordenó su libertad; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose a la agraviada en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del veintiocho de mayo del año en curso

  4. Principal

    IV. Agréguense a los presentes autos los informes justificados suscritos por el Presidente Municipal y el Director de la Policía Municipal, ambos de Teya, Yucatán, el primero nombrado acompañado de un anexo; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con los informes justificados a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, y toda vez que de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que no remitieron las constancias relativas a la detención del directo quejoso Manuel Jesús Medina Basto. En mérito de lo anterior; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase a las citadas autoridades, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remitan copias certificadas de todas y cada una de las constancias que obran en la carpeta o expediente que hubiere aperturado con motivo dela detención del directo quejoso Manuel Jesús Medina Basto; apercibidos que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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