Manuel Jesús Coronado Sosa
Expediente 2542/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2542/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Jesús Coronado Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. ********************Visto el estado procesal que guardan estos autos y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los mismos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en atención a lo que solicita, devuélvansele las documentales que se exhibieron con el escrito de demanda, para los efectos legales correspondientes. ********************Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el dieciocho de enero de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 2542/2022-VII-A, promovido por Manuel Jesús Coronado Sosa; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el referido quejoso, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Secretario, Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular, Director Jurídico y Jefe del Depósito Vehicular, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda de que se trata con el número 2542/2022-VII-A y se admitió a trámite la misma; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este Juzgado, Manuel Jesús Coronado Sosa, amplió su demanda por la autoridad responsable Unidad de Investigación y Litigación de Cordemex (PERIFERICA TRES) del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, a quien le atribuyó el siguiente acto: La desposesión y retención del vehículo marca Nissan tipo NP 300, línea chasis, modelo 2018, número de serie 3N6AD35C2JK890909, motor QR25247201H, color blanco, dos puertas, cuatro cilindros, clave vehicular 1041557, con placas de circulación SZ-7662-H, del Estado de Quintana Roo, así como de la factura con número de folio AP06953, de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, expedida por Maya Motriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Iza Nicole Vera Ávila, y la tarjeta de circulación vehicular de dicho vehículo. En acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la ampliación de la demanda, al pretender llevar a cabo actos desvinculados de los originalmente reclamados; sin embargo, se ordenó remitir el escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, para que se registre como una nueva demanda. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, previos diferimientos de ley, se celebró la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes al tenor de lo asentado en el acta correspondiente, y en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: 1. La retención del vehículo marca Nissan tipo NP 300, línea chasis, modelo 2018, número de serie 3N6AD35C2JK890909, motor QR25247201H, color blanco, dos puertas, cuatro cilindros, clave vehicular 1041557, con placas de circulación SZ-7662-H, del Estado de Quintana Roo. 2. La retención de la factura con número de folio AP06953, de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, expedida por Maya Motriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Iza Nicole Vera Ávila. TERCERA. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Secretario, Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular, Director Jurídico y Jefe del Depósito Vehicular, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (promoción 25721). CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, con relación a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Se afirma lo anterior, ya que de las copias certificadas remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con su informe justificado que rindió por sí y en representación del Secretario, Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular y Jefe del Depósito Vehicular de dicha Secretaría, así como en alcance del mismo, las que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que mediante oficio SSP/DJ/47248/2022, de fecha seis de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, se puso a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, los siguientes objetos por constituir hechos posiblemente delictuosos: "INDICIO NÚMERO UNO: Original de factura folio número AP 06953 expedida por Maya Motriz S.A. DE C.V. de fecha 10 de abril de 2018, a nombre de Iza Nicole Vera Ávila. INDICIO NÚMERO DOS: Hoja de la respuesta de verificación de factura con número de oficio SSP/RCV/CF-0083/2022. INDICIO NÚMERO TRES: Vehículo de la marca Nissan tipo NP 300, de color blanco, modelo 2018, serie 3N6AD35C2JK890909, con número de motor QR25247201H y placas de circulación SZ-7662-H." Lo anterior, generó un cambio en la situación jurídica que guarda el asunto, y, por tanto, que se actualice la causal de improcedencia en estudio, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones relacionadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues es incuestionable que las autoridades responsables han dejado de intervenir en la retención del vehículo y documentos señalados, que se le imputan, desde el momento en que el vehículo y documentos afectos fueron puestos a disposición de la señalada autoridad ministerial; por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, con número de registro 199808, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar en este aspecto, el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Secretario, Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular, Director Jurídico y Jefe del Depósito Vehicular, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese, para los efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta signado por Carlos Herrera Villanueva, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en atención a lo que solicita, respecto a que se le otorgue el acceso al presente expediente por la vía electrónica. Al efecto, toda vez que en su demanda de amparo, el quejoso Manuel Jesús Coronado Sosa, lo facultó para ello, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como solicita la parte quejosa, se otorga autorización para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico, al usuario "cherreravillanueva". En consecuencia, proceda la Secretaria a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.
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