Manuel Jesús Castillo Mejía

Expediente 983/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
983/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Manuel Jesús Castillo Mejía
  • Manuel Jesús Castillo Mejía y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo que promovió Manuel Jesús Castillo Mejía; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En virtud de lo anterior, archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese el escrito signado por Manuel Jesús Castillo Mejía, en contra de los actos que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, mediante el cual cumple con la prevención de treinta de agosto del año en curso, por lo que se provee respecto a la demanda de amparo en los siguientes términos. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo que se analiza, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone que no procede el juicio de amparo: ". XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Ahora bien, se arriba a la conclusión de que en este caso concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado consistente en el acuerdo emitido dentro de un procedimiento de divorcio sin causales que está tramitándose ante un Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Estado de Yucatán, en el cual la legislación adjetiva aplicable, lo es el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán vigente. También se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer en contra del acto reclamado -como el caso que nos ocupa- el cual es el recurso de revocación, por medio del cual puede ser modificado o revocado el acuerdo impugnado, cuya procedencia se establece en la Ley. En efecto, los artículos del 421 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán establecen: "Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación." "Artículo 422. Los recursos no son renunciables." "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado." "Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles." "Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda." "Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno." "Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De los preceptos transcritos se advierte que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que rige el procedimiento en los juicios del orden familiar, como aquél del que deriva el acto reclamado, reconoce como recursos los de apelación y revocación. Asimismo, de los mencionados numerales deriva que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. También se aprecia que únicamente procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto, contra el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y en contra de las resoluciones interlocutorias y definitivas. De lo anterior, se colige que contra el auto reclamado en este juicio procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que el mismo no resulta apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin a la controversia, al no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva; esto, con base en que el citado numeral 423 del mencionado ordenamiento legal, establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de defensa en contra de todos los autos y decretos que no sean apelables, sin exclusión alguna, tratándose de acuerdos o decretos dictados fuera de la audiencia. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del mencionado acuerdo reclamado en este juicio, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es el de revocación. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". Por último, debe decirse que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni el quejoso es persona extraña al procedimiento, sino que es parte demandada en el mismo, tal y como lo refiere en su escrito inicial. En ese orden de ideas, en contra del acuerdo reclamado, procedía el mencionado recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar, pues fue notificado personalmente del auto impugnado; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis actos respecto de los cuales previamente debió interponerse el medio de impugnación que la ley prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone en consecuencia, desechar la demanda de amparo que se provee. La presente determinación se emite en el sentido señalado, sin que obste que en el caso el acto reclamado guarda relación con los derechos de dos menores de edad, lo cual puede considerarse como un acto cuya ejecución es de imposible reparación; sin embargo, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad; de ahí que el quejoso se encontraba obligado a agotar previo a la promoción del presente juicio de amparo, el recurso de revocación procedente en contra del acto aquí reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Aunado a que en el caso, se estima que con dichas medidas provisionales y de restricción lo que se buscó fue la protección de los derechos de los hijos menores del quejoso en privilegio de su interés superior y no lo contrario; esto es, no se advierte que con la ejecución del acto reclamado se genere la existencia de un riesgo para los menores y que por ello se requiera la existencia de un medio de impugnación que permita la suspensión de la ejecución del acto reclamado; sobre todo, si se toma en cuenta que de la lectura de los conceptos de violación del quejoso aparece que los aspectos que se reclaman del acto mencionado, entrañan violaciones a los derechos del demandado, aquí quejoso y no propiamente a sus hijos menores, por lo que en el caso en particular no se actualiza el supuesto de excepción establecido en la Jurisprudencia mencionada. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    aviso ... Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese el escrito signado por Manuel Jesús Castillo Mejía, en contra de los actos que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, mediante el cual cumple con la prevención de treinta de agosto del año en curso, por lo que se provee respecto a la demanda de amparo en los siguientes términos. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo que se analiza, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone que no procede el juicio de amparo: ". XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Ahora bien, se arriba a la conclusión de que en este caso concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado consistente en el acuerdo emitido dentro de un procedimiento de divorcio sin causales que está tramitándose ante un Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Estado de Yucatán, en el cual la legislación adjetiva aplicable, lo es el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán vigente. También se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer en contra del acto reclamado -como el caso que nos ocupa- el cual es el recurso de revocación, por medio del cual puede ser modificado o revocado el acuerdo impugnado, cuya procedencia se establece en la Ley. En efecto, los artículos del 421 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán establecen: "Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación." "Artículo 422. Los recursos no son renunciables." "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado." "Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles." "Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda." "Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno." "Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De los preceptos transcritos se advierte que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que rige el procedimiento en los juicios del orden familiar, como aquél del que deriva el acto reclamado, reconoce como recursos los de apelación y revocación. Asimismo, de los mencionados numerales deriva que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. También se aprecia que únicamente procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto, contra el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y en contra de las resoluciones interlocutorias y definitivas. De lo anterior, se colige que contra el auto reclamado en este juicio procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que el mismo no resulta apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin a la controversia, al no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva; esto, con base en que el citado numeral 423 del mencionado ordenamiento legal, establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de defensa en contra de todos los autos y decretos que no sean apelables, sin exclusión alguna, tratándose de acuerdos o decretos dictados fuera de la audiencia. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del mencionado acuerdo reclamado en este juicio, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es el de revocación. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". Por último, debe decirse que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni el quejoso es persona extraña al procedimiento, sino que es parte demandada en el mismo, tal y como lo refiere en su escrito inicial. En ese orden de ideas, en contra del acuerdo reclamado, procedía el mencionado recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar, pues fue notificado personalmente del auto impugnado; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis actos respecto de los cuales previamente debió interponerse el medio de impugnación que la ley prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone en consecuencia, desechar la demanda de amparo que se provee. La presente determinación se emite en el sentido señalado, sin que obste que en el caso el acto reclamado guarda relación con los derechos de dos menores de edad, lo cual puede considerarse como un acto cuya ejecución es de imposible reparación; sin embargo, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad; de ahí que el quejoso se encontraba obligado a agotar previo a la promoción del presente juicio de amparo, el recurso de revocación procedente en contra del acto aquí reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Aunado a que en el caso, se estima que con dichas medidas provisionales y de restricción lo que se buscó fue la protección de los derechos de los hijos menores del quejoso en privilegio de su interés superior y no lo contrario; esto es, no se advierte que con la ejecución del acto reclamado se genere la existencia de un riesgo para los menores y que por ello se requiera la existencia de un medio de impugnación que permita la suspensión de la ejecución del acto reclamado; sobre todo, si se toma en cuenta que de la lectura de los conceptos de violación del quejoso aparece que los aspectos que se reclaman del acto mencionado, entrañan violaciones a los derechos del demandado, aquí quejoso y no propiamente a sus hijos menores, por lo que en el caso en particular no se actualiza el supuesto de excepción establecido en la Jurisprudencia mencionada. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO..QUEJOSA ...VI. SE REQUIERE A PARTE QUEJOSA

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