Manuel Jesús Batún May
Expediente 113/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Jesús Batún May
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la última notificación a las partes del acuerdo de mérito se hizo el catorce de mayo del año en curso, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el cinco de abril de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada de siete de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 81/2017, por la que negó conceder el beneficio de libertad anticipada previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2. Dictara otra en la que: a) Reiterara lo concerniente a los requisitos exigidos por la legislación aplicable para la concesión del beneficio en comento y lo atinente a los que ya se habían tenido por satisfechos a favor del sentenciado en dicha determinación (aspectos que no fueron objeto de pronunciamiento en el presente fallo). b) En cuanto al diverso requisito contenido en la fracción IV del numeral 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, atendiendo a los parámetros del modelo del sistema penitenciario actual y a las consideraciones expuestas en dicha sentencia, lo tuviera por satisfecho, esto es, concluyera que el sentenciado cumplió con el plan de actividades mientras estuvo en reclusión; y hecho ello resolviera lo que en derecho correspondiera. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, las responsables remitieron sendos oficios, siendo que con el número 175, de nueve de mayo en curso, signado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, recibido por auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, comunicó que ese propio día dictó una nueva resolución de la que se desprende lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de siete de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 81/2017, por la que negó conceder el beneficio de libertad anticipada previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2. Dictó otra en la que: a) Reiteró lo concerniente a los requisitos exigidos por la legislación aplicable para la concesión del beneficio en comento y lo atinente a los que ya se habían tenido por satisfechos a favor del sentenciado en dicha determinación (aspectos que no fueron objeto de pronunciamiento en el presente fallo). b) En cuanto al diverso requisito contenido en la fracción IV del numeral 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, atendiendo a los parámetros del modelo del sistema penitenciario actual y a las consideraciones expuestas en dicha sentencia, lo tuvo por satisfecho, esto es, concluyó que el sentenciado cumplió con el plan de actividades mientras estuvo en reclusión; y revocó la resolución impugnada de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, y concedió al sentenciado aquí quejoso MANUEL JESÚS BATÚN MAY, el beneficio de libertad anticipada previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en consecuencia, decretó la libertad del amparista. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas del expediente 495/2011, que el Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, con sede en esta ciudad, remitió junto con su informe justificado, devuélvase a dicha autoridad el referido legajo. Notifíquese personalmente, en términos de ley.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta 175 signado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado de lo anterior, así como de los diversos oficios suscritos por el Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado y Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, todos con sede en esta ciudad, recibidos por auto de seis de mayo de dos mil diecinueve. Lo anterior por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Por otro lado, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo del toca penal 81/2017 y del expediente de ejecución 495/2011 (en dos tomos). Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente expediente y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 149, signado por la Magistrada Primera y Presidenta de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, con el que solicita a este Juzgado que se remita el toca penal 81/2017 y el expediente de ejecución 495/2011 (en dos tomos). Por lo que, al apreciarse en autos que mediante proveído de treinta de abril del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y por cuanto no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado. En consecuencia, devuélvase a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante oficio que al efecto se le dirija, el toca penal 81/2017 y el expediente de ejecución 495/2011 (en dos tomos), además, pídasele que comunique a este Juzgado cuando los haya recibido, como prueba de su recepción. Por otra parte, agréguense a estos autos los oficios signados por el Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado y Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, ambos con sede en esta ciudad, que remiten con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, se reserva acordar lo conducente al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, hasta en tanto la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el cinco de abril de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jueza Segundo de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, todos con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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