Manuel Jesús Barnet Kú
Expediente 1621/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1621/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Santiago Montejo Teh
- Gabriel Herrera Y Góngora
- Miguel Ángel Chí Canul
- Manuel Jesús Barnet Kú
- Director de Transporte del Ayuntamiento de Peto, Yucatán
- Oscar Rolando Flores Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que los informes justificados rendidos por el Presidente Municipal, Director de Transporte y Director de Seguridad Pública y Viabilidad, todos del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, fueron puestos a la vista de las partes por acuerdo de veintiséis de diciembre del año en curso, notificado al día hábil siguiente, por lo que se encuentra transcurriendo el término señalado en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de permitir que las partes tengan oportunidad de conocer con debida anticipación el contenido de dicho informe, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las doce horas del treinta de enero de dos mil veinte. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 836/2019 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se niegue el amparo o se sobresea en el juicio y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en este asunto. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el alegato de mérito, para ser tomadas en cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita el representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los presentes autos, para que obren como correspondan los informes justificados rendidos por el Presidente Municipal, Director de Transporte y Director de Seguridad Pública y Vialidad, todos del Ayuntamiento de Peto, Yucatán; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse los mismos a la vista de las partes, para el ejercicio de sus derechos de estimarlo pertinente. Por otra parte, toda vez que las autoridades responsables antes citadas, en sus informes justificados, manifiestan que en ese Ayuntamiento de Peto, Yucatán, no han conformado un Consejo Municipal de Transporte, mismo que fue señalado como autoridad en los presentes autos, por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda respecto a dicha autoridad; apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna, no se le tendrá a la citada como autoridad como responsable, suspendiéndose toda comunicación con la misma. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Incidental
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, con quien actúa legalmente, se procedió a celebrar la audiencia incidental sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia la secretaria da lectura al escrito de demanda, y da cuenta con el informe previo rendido por las autoridades responsables en este asunto, con excepción del Consejo Municipal de Transporte del Municipio de Peto, Yucatán, autoridad señalada como responsable en este asunto. Asimismo, toda vez que por auto de fecha cuatro de diciembre del año en curso, se otorgó a la parte quejosa el término de tres días para que manifestara lo que en derecho correspondiera respecto a lo manifestado por las autoridades responsables en cuanto a la inexistencia del Consejo Municipal de Transporte, que fue señalado en el presente asunto como autoridad responsable, siendo que dicho término feneció sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y, por tanto, no se tiene como autoridad responsable al Consejo Municipal de Transporte del Municipio de Peto, Yucatán y, se continua el trámite del presente incidente de suspensión, por lo que respecta a las demás autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo de que se trata. En atención a lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar, por rendido los informes de las autoridades responsables, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 141, 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo aplicable, celébrese la presente audiencia incidental. En el período de pruebas se da cuenta con las documentales que en copia simple exhibió la parte quejosa en este asunto mediante su escrito inicial de demanda y las exhibidas por los diversos escritos de presentados el veinticinco de noviembre y doce de diciembre del año en curso. Con lo que se cierra este período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaría da cuenta con los escritos signados por el representante común de los quejosos, agregados el veintiséis de noviembre y trece de diciembre ambos del año en curso. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que se vierten en los escritos de cuenta; con lo anterior, se cierra esta etapa. A continuación y encontrándose debidamente integrado el incidente en que se actúa, se procede a dictar la siguiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1621/2019, promovido por Manuel Santiago Montejo Teh, representante común de la parte quejosa, contra del Presidente Municipal de Peto, Yucatán y otras autoridades; por violación a los artículos 1,5,11,14,16 y 17 Constitucionales; y C o n s i d e r a n d o: Único. El Presidente Municipal, el Director de Transporte y el Director de Seguridad Pública y Vialidad, todos del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, autoridades señaladas como responsables en este asunto, en sus informes previos manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama, consistente en la conformación de un Consejo Municipal de Transporte y los retenes habilitados en diversos lugares del Municipio de Peto, Yucatán, en contra de los que transitan y conducen mototriciclos; por tanto, toda vez que las autoridades responsables negaron la existencia de dichos actos reclamados sin prueba en contrario de la parte quejosa, al no haber materia sobre la que deba versar la suspensión definitiva, debe negarse la citada medida cautelar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 286, visible a página 237, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME PREVIO. DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS CONTRA LO QUE EN EL SE AFIRMA, Y CONSECUENTEMENTE, NEGARSE LA SUSPENSIÓN SI SE NEGÓ LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, A NO SER QUE EN LA AUDIENCIA SE RINDAN PRUEBAS EN CONTRARIO". Sin que sea óbice a lo anterior que la parte quejosa haya exhibido diversos documentos con su escrito inicial de demanda y con diversos escritos presentados el veinticinco de noviembre y doce de diciembre del año en curso, toda vez que los mismos fueron exhibidos en copia simple, por lo que carecen de valor probatorio alguno, aunado a que de su contenido no se advierte dato alguno que desvirtúe la negativa expresa de la autoridad responsable. Segundo. Negativa de la medida cautelar. Por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la retención de sus mototriciclos en el corralosn del municipio de Peto, Yucatán, sin que se les proporcione ninguna boleta de infracción o documento que fundamente o motive dicha retención, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no sean aprehendidos o detenidos en los retenes de la policía municipal cuando estén transitando en sus mototriciclos en el Municipio de Peto, Yucatán; por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se niega a los quejosos la suspensión definitiva que solicitan respecto los actos que reclaman, toda vez que no acreditan, ni de manera presuntiva su interés legítimo para la obtención de la medida cautelar que instan. En efecto, para la obtención de la suspensión provisional los peticionarios del amparo deben acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene un interés jurídico o legítimo que se afecta de manera personal y directa con los actos reclamados, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional. En la especie los quejosos no exhibieron documento alguno que evidencie la concesión o permiso correspondiente que les permita transitar y otorgar el servicio de mototriciclos; entonces es evidente que para los efectos de la suspensión instada no acreditó la titularidad del derecho cuya preservación pretende obtener; por lo tanto, no cumple con los requisitos señalados en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, por similitud de razón, la tesis visible a foja 262, del Tomo IX, Enero de 1992, Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar." Asimismo, sirve de orientación la tesis de jurisprudencia, visible a foja 225, del Tomo VIII, Julio de 1991, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación." No se soslayan las documentales que la parte quejosa acompañó a su demanda consistente en diversas copias simples de facturas de mototriciclos, de credenciales para votar, fotografía de un retén, un recorte de periódico del Diario de Yucatán y el copia simple de un documento expedido por el Director de Transporte del Ayuntamiento de Peto, Yucatán; así como las exhibidas mediante sus diversos escritos presentados el veinticinco de noviembre y doce de diciembre del año en curso, consistentes en copia simple de diversas que si bien señalan los acreditan como integrantes del Padrón Municipal de Prestadores del Servicio de Mototaxis, sin embargo de dichos documentos no se advierte una vigencia actual a la fecha de esta resolución, aunado a que se trata de copias simples que carecen de valor probatorio alguno; por lo que, tales probanzas no resultan idóneas para acreditar el derecho subjetivo para la obtención de la medida cautelar provisional instada, esto es, que cuentan con la concesión o permiso vigente que a su favor le hubiese otorgado la autoridad correspondiente; y al no haber acontecido así, no es dable su otorgamiento pues sería tanto como permitir el desarrollo de una actividad por parte de quien no acreditó que cumple con los requisitos reglamentarios correspondientes; lo cual no es factible habida cuenta que la suspensión en el juicio de amparo no es constitutiva de derechos. Además de lo anterior, es de indicarse que la actividad que la parte quejosa aduce realizar, consistente en transportar personas en la ciudad de Peto, Yucatán, lo cual constituye una actividad regulada por la Ley, precisamente porque consiste en prestar a terceras personas, de manera habitual o reiterada, el servicio de transporte que se oferta a un público indeterminado lo que actualiza la prestación del servicio público de transporte y, en consecuencia, tiene la obligación de obtener, primero, una autorización específica del Estado en términos de la ley. De ahí que, en términos de lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo, para poder obtener la suspensión, la parte quejosa estaba obligada a acreditar que, al momento de promover la demanda de amparo, tenía el derecho a realizar la actividad referida, lo que no acreditó, toda vez que no exhibió documento alguno del cual se advierta que alguna autoridad, del Estado de Yucatán o del Municipio de Peto, Yucatán, le haya otorgado concesión o autorización para prestar dicho servicio, así como que el mismo este vigente y, en consecuencia, si no demostró tener un derecho vigente a realizar la actividad mencionada, no puede considerarse que haya acreditado que sus derechos estén siendo afectados directamente por actos de autoridad. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Manuel Santiago Montejo Teh, representante común de la parte quejosa, contra los actos que reclama respecto de las autoridades responsables por los motivos precisados en el cuerpo de esta resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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