Manuel Jesús Aldana Raz

Expediente 1497/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1497/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Manuel Jesús Aldana Raz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada por este juzgado el dieciséis de mayo del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, por el hecho de que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios 14606/2019-I-B y 14607/2019-I-B, por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata al Director de la Policía Municipal de Buctzotz y Comandante de la Secretaría de Seguridad Pública encargado de Valladolid, con sede en dichos municipios, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. De igual forma, en relación a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la ley de la materia, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les hubiera reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia que sobreseyó el juicio, por tanto, no afecta el interés que pudieran tener en que sus actos subsistan. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 1497/2018-I-B, promovido por MANUEL JESÚS ALDANA RAZ; y R E S U L T A N D O*************Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MANUEL JESÚS ALDANA RAZ, en contra de los actos que reclamó del Coordinador Estatal de la Policía Federal (en su correcta denominación), Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán y con residencia en esta ciudad, Director de la Policía Municipal de Buctzotz, Yucatán, y Comandante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado asignado al Municipio de Valladolid, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por la Directora de la Policía del municipio de Buctzotz, Yucatán, con residencia en dicho ayuntamiento, así como con los anexos que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, en virtud que aún no transcurre el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del invocado numeral 117 de la ley de la materia, en relación a la vista que se dará a las partes del informe relacionado en líneas precedentes, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, como nuevas fecha y hora para su celebración. Ahora bien, el informe justificado de mérito fue presentado después del plazo establecido en el párrafo primero del artículo 117 de la Ley de Amparo, como se advierte de la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio que se le giró para tal efecto, que evidencia como fecha de recepción de la solicitud el diecisiete de enero de dos mil dieciocho (foja 33); pero un día antes de la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, por lo que no se trata de una conducta sancionable en términos del artículo 260, fracción II, de la citada Ley de Amparo y de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 74/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "MULTA. LA PRESENTACIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY, PERO ANTES DE LA CONCLUSIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO DA LUGAR A IMPONERLA. Los artículos 149 de la anterior Ley de Amparo, y 117 y 260, fracción II, de dicho ordenamiento vigente disponen, respectivamente, que se sancionará con multa a la autoridad cuando no rinda el citado informe, lo haga sin remitir copia de las constancias para apoyarlo, o bien, omita referirse a la representación que aduzca tener el promovente de la demanda de amparo en términos del artículo 11 de la ley. Ahora, el mencionado artículo 260, fracción II, es una norma que prevé una sanción, por lo cual su contenido no admite una interpretación extensiva a conductas diversas de las señaladas en la norma, toda vez que conforme al principio de tipicidad, la realización del hecho que se pretende castigar debe encuadrar exactamente en el supuesto previsto en la ley, a fin de que los destinatarios y el órgano jurisdiccional sepan con exactitud, de manera predeterminada, clara y precisa, las condiciones imprescindibles que actualizan la omisión punible. En consecuencia, si el informe justificado es depositado por vía postal o presentado después del plazo establecido en el párrafo primero del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente (y su correlativo 149 de la ley anterior), pero antes de la conclusión de la audiencia constitucional, no se trata de una conducta sancionable en términos del artículo 260, fracción II, de la citada Ley de Amparo; en cambio, si la autoridad lo deposita por vía postal o lo presenta una vez cerrada dicha audiencia, tal conducta sí es sancionable. En cualquier caso, la inobservancia de los deberes de acompañar al informe justificado las constancias que permitan la solución del juicio constitucional y/o los relativos a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la vigente Ley de Amparo, harán acreedor al omiso de la sanción a que se refiere el señalado artículo 260, fracción II." (Época: Décima Época, Registro: 2011890, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 74/2016 (10a.), Página: 1022). Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la cuenta que antecede, relativa a que el Director de la Policía Municipal de Buctzotz, Yucatán, con residencia en dicho municipio, aún no ha remitido las constancias que se le requirieron mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio por el que se le solicitaron. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, como nuevas fecha y hora para su celebración; ello, con apoyo en el artículo 17 constitucional, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, y evitar acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales, pues el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera del lugar de residencia de este juzgado. Asimismo, a fin de darle celeridad al presente asunto, remítasele vía telegráfica a la autoridad de referencia, el oficio 5240/2019-I-B de veintidós de febrero último, para los efectos conducentes. Notifíquese y cúmplase.

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