Manuel Ixta Cervantes
Expediente 95/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Ixta Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, certifica: que el plazo de diez días otorgado a la parte quejosa para que impugnara la sentencia definitiva emitida en el presente juicio, transcurrió del siete al veinte de abril del año en curso, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho; asimismo, que el expediente electrónico es coincidente con el expediente físico; asimismo, que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio, el cual quedó registrado bajo el folio 7259. Con ello doy cuenta al Juez, así como con el estado de autos. Conste.Uruapan, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee: 1. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Zamora de Hidalgo, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 7271, con el que se le notificó la sentencia emitida en el presente juicio. 2. Ejecutoria. En otro aspecto, visto que no fue impugnada en legal término el sobreseimiento decretado en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Se ordena el archivo y reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo; una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. En virtud de que se negaron ambas medidas cautelares, provisional y definitiva, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del referido acuerdo. 3.1. Plazo de destrucción. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.3. Constancia. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 4. Devolución de documentos. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia de los autos que, la autoridad judicial responsable acompañó como anexo a su informe justificado, devuélvase a su lugar de origen; se solicita acuse el recibo correspondiente. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, el Secretario Ernesto Adame Ruíz.
- Principal
Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la 1 Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el diecisiete de febrero de dos mil veinte. 2 Esta precisión se realiza con fundamento en el 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". ??????????????? Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,3 toda vez que el acto reclamado es susceptible de ejecutarse dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. El Juez Primero Civil de Zamora, Michoacán, aceptó la existencia de los actos que se les reclaman, por tanto, se tienen por ciertos. El Director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Chilchota, Michoacán, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, dado su carácter de autoridad ejecutora, debe desvirtuarse la negativa del acto y tenerse como cierto, ya que la autoridad ordenadora aceptó su existencia. Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que posee valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones4. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción Xll, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la parte quejosa.5 Al respecto, conviene destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo6, establecen que el 3 Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como de los Juzgados de Distrito. 4 Consúltese la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." 5 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" 6 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter el quejoso, quien aduce ser titular de un derecho; y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales es posible entender que, detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que, conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que, atendiendo a la situación particular del quejoso, puede otorgar facultad para acudir al amparo.7 Por tanto, para verificar la procedencia del juicio resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario constatar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; en ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto sobre el inmueble de su propiedad 8, porque la afectación a su esfera jurídica se produce al existir la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad o posesión e inviolabilidad del domicilio injustificadamente. Lo anterior, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble o poseedora y tener su domicilio en éste. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" 7 En la tesis aislada P. XIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO." 8 En la jurisprudencia 1a./J. 123/2013 (10a.)Época: Décima Época, Registro: 2005231, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 123/2013 (10a.), Página: 1023. De rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." ??????????????? Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/20029, sostuvo que del artículo 14 de la Constitución no se desprenden datos o elementos que sirvan para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo; esto es, si se trata de aquélla que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, además, concluyó que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común, esto es, la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio de origen, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por ende, para acreditar el interés jurídico es necesario que el solicitante del amparo demuestre los siguientes supuestos: a) La causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta; b) La detentación material del bien; y, c) La identidad entre el bien objeto del juicio de origen, y del que el quejoso asegura tener la posesión. En el caso, el quejoso no logró demostrar la totalidad de esos requisitos, en atención a lo siguiente: De la demanda de amparo se advierte que el quejoso acude al amparo indirecto ostentándose como tercero extraño a juicio stricto sensu, ya que aduce ser poseedor del inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán, número ciento noventa y seis, 9 Novena Época, Registro: 187733, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia(s): Civil, Tesis: P./J. 1/2002, Página: 5, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." del Chilchota, Michoacán, derivado del contrato de usufructo celebrado con María Dolores Cervantes Madrigal, sin ser parte procesal en el juicio ordinario civil 1428/2014, del índice del Juzgado Primero Civil de Zamora, Michoacán y para acreditar su derecho de propiedad y posesión ofreció lo medios de convicción siguientes: Copia certificada de la credencial de elector expedida en favor del quejoso por el Instituto Nacional Electoral. Constancia de origen y residencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán. Copia certificada del acta de matrimonio entre Manuel Ixta Cervantes y Socorro Chávez Silva. Copia certificada del acta de nacimiento de Sandra Lucía Chávez Ixta. Copia certificada del acta de nacimiento de Reinaldo Ixta Chávez. Copia certificada del acta de matrimonio de Martín Ixta Molina y Dolores Cervantes. Copia certificada del acta de nacimiento de Gabriela Ixta Chávez. Probanzas con valor probatorio en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sin embargo, resultan ineficaces para acreditar el derecho que ostenta, como se evidenciará. En relación con la prueba señalada en apartado 1, únicamente se demuestra que el Instituto Nacional Electoral emitió la credencial para votar a favor del quejoso, indicando como domicilio el ubicado en calle Aquiles Serdán, sin número, del Centro de Chilchota Michoacán. Así, para efectos de obtener una credencial de elector, la persona interesada acude ante la entidad respectiva y proporciona ciertos datos, entre ellos, su dirección actual, sin que la institución exija acreditar fehacientemente los datos proporcionados, basándose exclusivamente en la manifestación del interesado. ?? Sobre el tema, es aplicable la Jurisprudencia10 de rubro y texto: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria". De ahí, es dable sostener que el hecho de que en la credencial de elector tenga domicilio en la calle que se encuentra el inmueble que defiende, no significa que sea legítimo poseedor de éste ya que, como se dijo, la información proporcionada al órgano que emite dicha identificación se basa en la simple manifestación del solicitante, sin que se encuentre corroborada, además que no es coincidente con el inmueble materia de desposesión. Ahora, por lo que ve al documento descrito en el número 2, pues si bien, es de fecha cierta, dicha certeza partió desde el veintidós de diciembre de dos mil veinte, en la que se llevó a cabo su expedición, pero no fue expedida por un fedatario público, además no se revela la forma en que a su emisor le consta bajo que figura jurídica el quejoso detenta el inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán sin número de Chilchota, Michoacán, pues de su contenido únicamente se aprecia que es habitante de dicho inmueble, el cual de igual forma, no coincide con el inmueble materia de desposesión en el juicio de origen. Por su parte, los documentos enumerados del 3 al 7, únicamente sirven para demostrar los actos del registro civil que ahí se contienen (registros de nacimiento y matrimonio), sin que de ellos se pueda establecer el interés jurídico del quejoso para instar el presente juicio En ese sentido, la posesión que la quejosa afirma tener 10 Jurisprudencia VI.1o.C. J/26, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 986, tomo XXIX, mayo de 2009, materia civil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta. en cuanto habitante del inmueble descrito en párrafos precedentes, no es apta para protegerse a través de esta instancia constitucional, ya que para que ésta pueda tener consecuencias jurídicas, es necesario haberse generado a través de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, lo que en el caso, no se acreditó. Es aplicable la siguiente tesis11: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley." Por ello, como se indicó, la posesión material del inmueble, sin título jurídico que avale dicha posesión, hace improcedente el juicio de amparo, pues éste no puede tener como efecto constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda de amparo; es decir, el juzgador estará obligado a garantizar los derechos en estos casos, siempre y cuando existan y estén acreditados, porque de lo contrario, no existe derecho que garantizar. Por lo que, para acreditar el derecho subjetivo que dice tener el promovente del amparo respecto del bien inmueble referido, debió exhibir algún medio de convicción tendente a demostrar la causa generadora de la posesión que aduce tener respecto del bien inmueble de mérito, por lo que, con las documentales, no puede tenerse por acreditado el interés jurídico para ocurrir a instar la acción constitucional, ya que la simple detentación como habitante del inmueble no le genera la titularidad de la posesión. 11 Tesis 2a. LIII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 333, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ???? Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo establecido en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, el cual se hace extensivo respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. Alegatos. Finalmente, respecto a los alegatos formulados por el fiscal federal adscrito a este Juzgado, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales manifestaciones, porque no está obligado a pronunciarse al respecto.12 Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Manuel Ixta Cervantes, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma
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En diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el secretario certifica que el plazo de tres días concedido a la tercera interesada Elena Ixta Servantes o Elena Ixta Cervantes, en cuanto albacea intestamentaria de la sucesión a bienes de Martín Ixta Molina, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del trece al diez de enero del año en curso, sin que lo hubiera hecho, toda vez que fue notificado el ocho del mismo mes y año, con ello se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el número 3471, y con el estado procesal de los autos. Conste.Uruapan, Michoacán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe oficio. Visto lo de cuenta, téngase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, remitiendo el despacho 327/2020 (número de orden 875/2020), del índice de este Juzgado. Dese de baja la comunicación oficial y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, de dicha comunicación oficial se advierte que el término de tres días concedido a la tercera interesada Elena Ixta Servantes o Elena Ixta Cervantes, en cuanto albacea intestamentaria de la sucesión a bienes de Martín Ixta Molina, a efecto de que señalara domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, ha fenecido, sin que lo haya hecho, circunstancia que se corrobora con la certificación de cuenta; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las personales, por lista de acuerdos que se publica en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación; para el efecto legal conducente, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. 2. Estado de autos. Ahora, del estado procesal que guardan los autos se advierte que el veinticinco de febrero y diez de marzo de dos mil veinte, se reservó acordar el escrito del quejoso Manuel Ixta Cervantes, en los que ofreció como pruebas de su parte, la testimonial e inspección judicial. En atención a lo anterior, se provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, se desecha la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso, con la finalidad de que personal de este juzgado se constituya en el domicilio que refiere y se diera fe de que en dicho lugar se encuentra viviendo, lo anterior en virtud de que la posesión material de un inmueble está constituida por una posesión constante en el tiempo, en la cual, quien la aduce se comporta ante las demás personas como el dominador de la cosa, a través de actos de poder sobre ella, que generalmente pueden traducirse en su beneficio, como su empleo para habitación o trabajo o la obtención de frutos naturales y civiles, por lo que no es susceptible de demostración en juicio con alguna prueba directa. Al ser así las cosas, con la inspección judicial, sólo se muestran lo que ocurrió en breves momentos pero no una posesión constante en el tiempo. En cambio, en términos del aludido numeral 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba testimonial, misma que estará a cargo de Adelina Silva Espinoza, María Guadalupe Nolasco Fernández y Carolina Acuña Hernández quienes declararán al tenor del interrogatorio exhibido, previa su calificación en el momento de la diligencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 175 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Córrase traslado a las partes con las copias del interrogatorio, para que si a su interés conviene, estén presentes en el desahogo de la prueba, y en su caso formulen repreguntas. Asimismo, requiérase a las demás partes para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifiesten si es su deseo ampliar el interrogatorio para que puedan formular repreguntas en el momento de su desahogo. Desahogo de prueba testimonial. El desahogo de dicha probanza se llevará por videoconferencia conforme a lo dispuesto por los acuerdos generales 12/2020 y 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan, en ese orden, la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y el esquema de trabajo relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en la fecha y hora programada para la audiencia constitucional. Con la finalidad de evitar la comunicación de los referidos testigos con el oferente de la prueba, se les requiere, por conducto del quejoso, para que en la hora y fecha antes señalada, comparezcan personalmente a las instalaciones de este Juzgado, con identificación oficial vigente, a fin de que rindan su testimonio. En atención a que para el desarrollo de la diligencia o audiencia resulta fundamental mantener la separación de los referidos atestes, en determinados momentos de la misma, con fundamento en el artículo 29, del mencionado Acuerdo General, al momento de la diligencia se adoptarán las medidas tendientes a verificar dicha separación física y la ausencia de influencias o injerencias que puedan afectar el testimonio de los mismos. Con fundamento en el artículo 3 del citado Acuerdo General, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, computado legalmente, agende cita a los atestes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", para la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional y genere el código QR a nombre de los mismos, debiendo confirmar, en dicho plazo, la autorización y QR brindados para tal efecto. Se precisa que los testigos deben presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que puedan ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, diez minutos antes de la hora señalada para la audiencia constitucional, a fin de que pueda iniciarse puntualmente en el honorario y fecha fijados. Desde este momento, se habilita a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este Órgano Jurisdiccional, para que realice todas aquellas actuaciones que sean necesarias a efecto de desahogar en debida forma la audiencia a que se viene haciendo referencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, del referido Acuerdo General 12, para la preparación de la mencionada diligencia: I. Se cita a las partes, al desahogo de la prueba testimonial que se verificará en la audiencia constitucional, en la etapa correspondiente, a fin de que las partes interesadas acudan a la misma. II. Dicho citatorio, considerará un lapso de hasta quince minutos previos a la hora y fecha señalada para la audiencia de que se trata, lo cual permitirá a los intervinientes prepararse para su desahogo, así como la implementación de la logística operacional. III. La clave de acceso para presenciar e intervenir en el desahogo de la testimonial ofrecida en autos, se proporcionará a las partes con la anticipación debida; en el entendido de que su participación, genera los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realiza con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. Al concluir la audiencia respectiva, se levantará un acta en la que se harán constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado, misma que será parte del expediente electrónico. Por otra parte, se requiere a las partes, para que manifiesten, por escrito, la persona que acudirá a la audiencia por vía electrónica en su representación, así como para que proporcionen su número telefónico y correo electrónico, a fin de que este órgano jurisdiccional les notifique con anticipación el acceso para la videoconferencia. Asimismo, se les previene para que, con la oportunidad debida, se alleguen de los medios tecnológicos necesarios que les permitan asistir con éxito al desahogo de la probanza de mérito, dentro de la audiencia en cita, bajo la modalidad mencionada, como podrían ser, alguno de los dispositivos citados en párrafos que anteceden, que deberá contar con cámara, audio y micrófono. Se les recuerda a las partes que la audiencia constitucional está señalada para las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese personalmente y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, el Secretario Ernesto Adame Ruíz.
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Uruapan, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: De la certificación de cuenta se desprende que se encuentra pendiente de diligenciar por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Zamora, Michoacán, el despacho 327/2020 (número de orden 875/2020), que se envió a fin de emplazar a juicio a la parte tercera interesada; en esa virtud, requiérase al titular del mencionado órgano jurisdiccional, para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente en que tengan conocimiento de este auto, devuelva la referida comunicación con las constancias que acrediten su diligenciación. Se le apercibe que, de no hacerlo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional se difiere para las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruiz.
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