Manuel Isidro Hernández López
Expediente 215/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Manuel Isidro Hernández López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
UNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO..
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ********************y ********************contra un acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche y otra autoridad.Con fundamento en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ******************** SIN TRAMITARSE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN PORQUE NO SE SOLICITÓ EXPRESAMENTE.Atento a lo que establece el artículo 5, fracción IV, dese al Representante Social de la adscripción la intervención que le compete.****************************************Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de entre ellos al primero de los nombrados En términos del artículo 117 de la Ley Normativa del Juicio de Garantías pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciban los oficios notificatorios y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por el equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la ley de la materia.Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a las autoridades responsables que están en aptitud de aportar como pruebas toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que, podrá adjuntar a su informe justificado el disco magnético que contenga la resolución reclamada; lo anterior permitirá además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del Ordenamiento Legal invocado, exhórtesele para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 251, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo), se apercibe al quejoso que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Asimismo, para la celeridad del procedimiento, se habilitan desde ahora, los días y horas inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se reserva proveer respecto al tercero interesado, hasta en tanto se reciba el informe justificado de la autoridad responsable y así tener mayor certeza jurídica, respecto de quien es o son las partes en el juicio laboral de origen y sus domicilios de los que intervienen en el juicio de origen del que deriva el acto reclamado. En cumplimiento al "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2014, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO, Y EL ACCESO A ÉSTE, ASÍ COMO LAS NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIREL, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE AMPARO", fórmese tanto cuaderno impreso como electrónico del presente juicio de amparo. Para ello, se ordena efectuar la digitalización electrónica del juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el presente expediente. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena que se le practiquen todas las notificaciones inclusive las personales, mediante la lista que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************toda vez que el presenta asunto versa en materia laboral y se trata de la parte trabajadora. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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