Manuel Ibarra Aranda

Expediente 2198/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2198/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Manuel Ibarra Aranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual se negó el amparo solicitado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración en el plazo de tres años, toda vez que se negó el amparo solicitado. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio que remite la Jefa de Departamento de Exhorto o Cartas Rogatorias, adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del cual informa que no es posible abrir los archivos que se ordenó su remisión en atención al auto de cinco de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, remítasele nuevamente los citados archivos por la misma vía de interconexión, así como la impresión de los mismos con firma e evidencia criptográfica, a fin de que la autoridad oficiante esté en posibilidades de dar cumplimiento a lo requerido en dicho auto. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    AUDIENCIA INCIDENTAL: V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 323/2022; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. *****, por propio derecho, mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, promovió ampliación de demanda en contra de la autoridad y por el acto precisado en su escrito de ampliación. SEGUNDO. Admitida la ampliación de demanda de amparo, por auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se formó por duplicado incidente de suspensión, se pidió a la autoridad señalada como responsable rindiera su informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional del acto reclamado, y se citó a las partes a la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el incidente de suspensión, por ser competente para conocer del juicio de derechos fundamentales del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo; así como, los diversos 57, 58, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente. SEGUNDO. El Subdirector de Apoyo a la Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al rendir su informe previo, manifestó que es cierto el acto reclamado. TERCERO. De la demanda de amparo así como del escrito aclaratorio, se advierte que se solicita la suspensión de los actos reclamados que consisten, en síntesis, en: El oficio *****, de nueve de octubre de dos mil veintidós, signado por el Subdirector de Apoyo a la Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por medio del cual se solicita al quejoso la devolución de los estímulos económicos depositados en su cuenta bancaria por la cantidad de $35,101.08 (treinta y cinco mil ciento un pesos 08/100 M.N.), correspondiente a los meses de febrero a abril de la presente anualidad, y se le apercibe que en caso de no reintegrar dicho estímulo, le será cancelada su distinción. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa precisa los efectos para los cuales peticiona la suspensión del acto reclamado, al tenor siguiente: "1. Las autoridades responsables se abstengan de exigir al quejoso la devolución de los estímulos económicos recibidos en los meses de febrero, marzo y abril de 2022 hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo; lo que se traduce en que el quejoso no se veo obligado a devolver en estos momentos dichos estímulos económicos hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria. 2. Las autoridades responsables se abstengan de hacer efectivo el apercibimiento de la cancelación de la distinción contenida en el oficio CA300/SNI/EEPNE/0000406/2022, hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo." En consecuencia, se analizará la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión definitiva solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En esas condiciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a lo que debe entenderse por la figura de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, ha señalado que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos para el otorgamiento de la suspensión, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por la parte quejosa sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis siguiente: "Novena Época Registro: 200136 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 15/96 Página: 16 SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.". En consecuencia, se concede a la parte quejosa, la suspensión definitiva de la ampliación de la demanda solicitada, ello con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que se satisfacen los requisitos que establece el precepto citado, esto es, que la solicitó la parte agraviada, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, puesto que no es está en presencia de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni de sus casos análogos y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte peticionaria del amparo. Se precisa que el interés suspensional de la parte quejosa se encuentra acreditado con el oficio CA300/SNI/EEPNE/0000406/2022, de nueve de octubre de dos mil veintidós, signado por el Subdirector de Apoyo a la Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; asimismo, con las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad en el escrito de ampliación de demanda y, finalmente, con la manifestación de la propia autoridad al momento de rendir su informe previo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción número 5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce del Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del rubro y texto siguientes: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Efectos de la medida. Así pues, se concede la medida cautelar de mérito, para el efecto de que la responsable se abstenga de exigir al quejoso la devolución de los estímulos económicos recibidos en los meses de febrero, marzo y abril de dos mil veintidós, solicitados mediante el oficio CA300/SNI/EEPNE/0000406/2022, de nueve de octubre de dos mil veintidós, signado por el Subdirector de Apoyo a la Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, asimismo, para que no se ejecute en contra del quejoso, el apercibimiento contenido en el referido oficio, hasta en tanto exista sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente. QUINTO. Condiciones de efectividad. La suspensión surte efectos desde luego, siempre y cuando no se hubiera ejecutado los actos reclamados, o bien, si deriva de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo. SEXTO. Garantía. Sin que sea necesario fijar garantía para que surta efectos la suspensión provisional, en términos de lo previsto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, puesto que no se señaló, ni se tuvo a algún tercero interesado, y los efectos para los que se solicita la suspensión son únicamente para que la autoridad se abstenga de ejecutar en contra del quejoso, lo estipulado en el oficio señalado como acto reclamado. En razón de lo anterior, se RESUELVE: ÚNICO. Se concede a **** la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los razonamientos y para los efectos expresados en la presente resolución. Notifíquese por lista física y electrónica.

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