Manuel Humberto Leyva Lujan
Expediente 10503/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 10503/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/05/2018
Partes del expediente
- Manuel Humberto Leyva Lujan
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del oficio y anexos remitidos por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en el que informó que le fue ejercida a la parte quejosa la facultad prevista en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, consistente en la revisión electrónica, la cual concluyó con resolución definitiva emitida mediante oficio 500-31-00-07-03-2017-17211, de trece de junio de dos mil diecisiete, por la que se le determinó un crédito fiscal, señalando los plazos de ley que tiene para interponer un medio de defensa en su contra; sin que a la fecha lo haya hecho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (fojas 414-684), mediante la cual informa en esencia que si bien a la parte quejosa MOLEX DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, le fue ejercida la facultad prevista en el el artículo 53-B fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, consistente en la revisión electrónica, considera hacer del conocimiento de este órgano federal, que como se advierte del oficio 500-31-00-00-00-2017-476, de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, fue emitida la resolución provisional dirigida a la quejosa, en la que se le informó que se detectó la posible omisión de enterar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, concediéndole un plazo de quince días para que manifestara y proporcionara la información y documentación tendente a desvirtuar los hechos y posibles irregularidades que podrían entrañar en el incumplimiento de las disposiciones fiscales. De igual manera, hace del conocimiento que toda vez que la quejosa no aportó documentación alguna, ni ofreció pruebas ni alegatos, mediante oficio de preliquidación 500-31-00-00-00-2017-2796, de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se hizo de su conocimiento la propuesta de crédito fiscal que podría pagar en el caso que aceptara los hechos y posibles irregularidades detectadas en la resolución provisional. Además, mediante oficio 500-31-00-07-03-2017-17211, de trece de junio de dos mil diecisiete, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2", debido a que la contribuyente no desvirtuó los hechos e irregularidades en sus obligaciones fiscales, emitió resolución definitiva en términos del artículo 53-B, párrafos primero, fracción IV, inciso a), penúltimo y último, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017, determinando a la empresa Molex de México, Sociedad Anónima de Capital Variable un crédito fiscal. También manifiesta que las autoridades fiscalizadoras en el ámbito de su competencia, le señalaron los plazos de ley que tiene para interponer el medio de defensa en su contra; respetaron y otorgaron el derecho de audiencia para la exhibición de pruebas dentro del plazo establecido para ello, por lo que solicita tener por cumplido el fallo protector; aunado a lo anterior, agrega la documentación correspondiente a fin de corroborar su dicho, entre ellas: Oficio 500-31-00-00-00-2017-476 de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual se emitió la resolución provisional y se le otorgó a la parte quejosa, un plazo de quince días para presentar pruebas, documentos e información que desvirtúe los hechos y posibles irregularidades o para acreditar el pago de las contribuciones señaladas. Oficio 500-31-00-00-00-2017-2796 de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual se emitió la preliquidación y señaló una propuesta de pago sobre el crédito fiscal, así como la posibilidad de corregir su situación fiscal tal y como lo establece el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación. Oficio 500-31-00-07-03-2017-17211 de trece de junio de dos mil diecisiete, a través del cual se emitió la resolución definitiva, en la que resolvió que ante la omisión de la parte quejosa de manifestar y/o proporcionar la información o documentación respecto a los hechos y posibles irregularidades en sus obligaciones fiscales, se le determinó un crédito fiscal señalando los plazos de ley que tiene para interponer un medio de defensa en su contra. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que se encuentra cumplida la sentencia concesoria del amparo, toda vez que las autoridades fiscalizadoras en el ámbito de su competencia, respetaron y otorgaron el derecho de audiencia para la exhibición de pruebas dentro del plazo establecido para ello, y al no hacerlo la contribuyente quejosa, se emitió la resolución definitiva en la cual también se estableció el derecho que tiene el gobernado para en su caso, interponer los medios de defensa correspondientes, es por lo que este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: Es importante traer de manera prioritaria al razonamiento el extracto de los efectos de la sentencia del presente juicio de amparo para analizar el tema correspondiente al cumplimiento de la citada ejecutoria, que consiste para el caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. En el caso que nos ocupa, la autoridad hacendaria inicio el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa, por lo que se ajusta al supuesto señalado en los citados efectos; en ese sentido, de las constancias remitidas así como de la lectura integral de los autos se advierte que el procedimiento llevado a cabo por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2", ha sido correcto y apegado a la normatividad, por lo que con el fin de observar las reglas y procedimientos señalados en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación a efecto de revisar el actuar de la autoridad hacendaria se expresa el contenido del mismo a través de la siguiente representación gráfica: Con base en las consideraciones establecidas en los artículos mencionados con anterioridad, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2", inició el procedimiento de fiscalización respecto de la revisión electrónica a la parte quejosa y en atención a lo estipulado en el contenido de las normas el procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera, tomando en consideración los anexos remitidos por la autoridad a quien corresponde dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 1.- Oficio 500-31-00-00-00-2017-476 de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual se emitió la resolución provisional y se le otorgó a la parte quejosa, un plazo de quince días para presentar pruebas, documentos e información que desvirtúe los hechos y posibles irregularidades o para acreditar el pago de las contribuciones señaladas. 2.- Oficio 500-31-00-00-00-2017-2796 de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual se emitió la preliquidación y señaló una propuesta de pago sobre el crédito fiscal, así como la posibilidad de corregir su situación fiscal tal y como lo establece el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación. 3.- Oficio 500-31-00-07-03-2017-17211 de trece de junio de dos mil diecisiete, a través del cual se emitió la resolución definitiva, en la que resolvió que ante la omisión de la parte quejosa de manifestar y/o proporcionar la información o documentación respecto a los hechos y posibles irregularidades en sus obligaciones fiscales, se le determinó un crédito fiscal señalando los plazos de ley que tiene para interponer un medio de defensa en su contra. Atento a lo anterior, se observa que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" y/o Jefe de Servicio de Administración Tributaria, se apegó a cada uno de los lineamientos establecidos en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, aunado a que al contemplar la posibilidad de darle a la quejosa el derecho de audiencia para la exhibición de pruebas dentro del plazo establecido para ello y el derecho de interponer el recurso procedente en contra de la resolución definitiva. Esto revela que la autoridad hacendaria no desacató los efectos establecidos en la sentencia de amparo dictada en autos, puesto que ésta señala claramente que "para el caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente". Por tanto, debe considerarse que la autoridad al instaurar el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa, le otorgó el derecho de audiencia para la exhibición de pruebas dentro del plazo establecido para ello, así como el derecho de interponer el recurso procedente en contra de la resolución definitiva. Esta circunstancia nos da la pauta de que con base en los documentos aportados por el Jefe de Servicio de Administración Tributaria se ciñó en los lineamientos establecidos en el procedimiento de revisión electrónica, aunado a que al contemplar la posibilidad de darle a la quejosa el derecho de audiencia para la exhibición de pruebas y el derecho de interponer el recurso procedente en contra de la resolución respectiva no deja lugar a haber exigido el monto del crédito fiscal a través de un procedimiento administrativo de ejecución, en ese sentido, por los motivos expuestos en el contenido de este proveído se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Ahora, respecto de las documentales que exhibió la parte quejosa en copia certificada como anexos a su demanda, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, por lo que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dicha documentación podrá ser depurada junto con el expediente. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA CONFORME A LO DISPUESTO EN PROVEÍDO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
VISTO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS Y ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA, POR NO ASISTIR A NOTIFICARSE EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO FEDERAL. NOTIFÍQUESE.
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