Manuel Humberto Lara Sansores

Expediente 1039/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1039/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Manuel Humberto Lara Sansores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo emitido el tres de febrero de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de garantías, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional señalada en autos, para resolver sobre la demanda de amparo promovida por ******************** Al respecto, se advierte de autos que la demanda de amparo fue promovida por********************, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, (según boleta de turno), misma que fue radicada veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, bajo el expediente 1039/2022-V-A, en que se actúa, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se especifica: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Hopelchén. ACTO RECLAMADO: La omisión de atender a la solicitud formulada por la parte quejosa, mediante escritos de veinte de julio de dos mil veintidós, presentados el mismo día ante la Junta de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén y Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Hopelchén. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior, también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumentos de sobreseimiento. En el caso particular, el quejoso********************, demanda: la omisión de atender a la solicitud formulada por la parte quejosa, mediante escritos de veinte de julio de dos mil veintidós, presentados el mismo día ante la Junta de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén y Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Hopelchén. No obstante, la secretaria del Ayuntamiento de Hopelchén, mediante oficio SMH/1034/2022, de catorce de octubre de dos mil veintidós, allegó copia del diverso SMH/1033/2022, de trece de octubre de dos mil veintidós, dirigido a********************, a través del cual se le hizo del conocimiento al quejoso que su petición sería presentada ante el Cabildo del Ayuntamiento de Hopelchén, en la sesión ordinaria de octubre de dos mil veintidós, para que previo a su estudio y análisis, se emita el acuerdo correspondiente. Seguidamente, a través del oficio SMH/1289/2022, de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, la secretaria del Ayuntamiento de Hopelchén, exhibió la certificación Acuerdo de Cabildo número doscientos cincuenta y nueve, con el que fueron atendidos los escritos de veinte de julio de dos mil veintidós, presentados por el quejoso ******************** Asimismo, remitió el oficio SMH/1147/2022, con el cual hizo del conocimiento del quejoso, el contenido de dicha sesión a través de la cual dio respuesta a su solicitud que le fue planteadas, mismo que quedó notificado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Con ello, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, porque la responsable ha dado contestación a los escritos de veinte de julio de dos mil veintidós, donde el impetrante solicitó que se dictaminara la autorización para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Campeche, del contrato privado de compraventa suscrito ante el presidente municipal y secretario del Ayuntamiento de Hopelchén, de diez de mayo de dos mil veintidós, mismo que fue atendido en la sesión de cabildo del mes de julio de dos mil veintidós (sic), y notificado al recurrente el dieciséis de noviembre de ese mismo año, de modo que, cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos del demandante con motivo del acto aquí reclamado, han quedado destruidos de manera total e incondicional, porque la autoridad responsable ya se pronunció con relación a la solicitud presentada por el quejoso mediante escrito de veinte de julio pasado, de manera que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica del promovente que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, del Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Supresión de datos sensibles. Las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, Gerardo Antonio Quijano de la Cruz, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vistos; hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, que mediante oficio SEADS/1151/2022 de siete de diciembre de dos mil veintidós, se comunicó que en sesión ordinaria celebrada el siete de diciembre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Juez Perla Fabiola Estrada Ayala, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En vista de lo anterior, se difiere la celebración la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y en su lugar, se fija como nueva fecha las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo tal evento procesal, lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta, con el cual, la secretaria del Ayuntamiento de Hopelchén, Campeche, a través del cual, en cumplimiento al proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, remite lo acordado en la sesión ordinaria del mes de octubre de esta anualidad, con relación al escrito de veinte de julio de dos mil veintidós, presentado por *********. Por tanto, en términos de los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes y téngase como prueba ofrecida por la responsable las documentales que anexa, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto..

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