Manuel Huidobro Rafugio

Expediente 144/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
144/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Manuel Huidobro Rafugio

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    "...Vista la demanda de amparo presentada por... contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla, Veracruz, y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 144/2022-IV-A. Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo indirecto, se debe considerar que el normativo 113 de la ley de la materia, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo indirecto para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión declara que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo esa óptica, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]" Luego, esa confesión expresa del promovente, permite establecer que al hoy quejoso le fue notificado el acto reclamado el dieciocho de enero de dos mil veintidós. Por tanto, si dicho promovente presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, resulta evidente la extemporaneidad de su presentación, pues se interpuso fuera del plazo de quince días a que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo. Sin que en la especie se actualice alguno de los casos de excepción a que se refiere la fracción IV, del numeral 17 ya invocado, pues el acto reclamado aquí tratado no tiene por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento (pues en el caso, el acto reclamado emana de un juicio civil), incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada, se desecha de plano la demanda constitucional de que se trata. A mayor abundamiento, respecto del acto reclamado, también cobra vigencia la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, con la disímil IV del 107, ambos de la Ley de Amparo. La última de las normas invocadas, en su fracción IV párrafos primero y segundo, se prevén dos reglas generales y dos específicas. La primera, establece que el juicio resulta procedente contra actos de tribunales (en general) ejecutados fuera de juicio, los cuales han sido identificados por la jurisprudencia, como aquéllos que ocurran antes de que inicie el mismo, por ejemplo, aquéllos acaecidos en los medios preparatorios. La segunda regla general, dispone la procedencia del juicio contra actos ejecutados después de concluido el juicio, los cuales, como su nombre lo indica, serán aquéllos que se realicen una vez dictada la sentencia definitiva en el proceso. Pero aunado a éstas dos reglas generales, el legislador incluyó dos específicas, sobre todo tratándose de actos después de concluido el juicio. La primera de estas reglas específicas, dispone que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, entendiéndose ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en tanto que la segunda, dispone que en los casos de remate, el amparo procederá sólo contra la última resolución; entendiéndose como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En estas reglas específicas, se distingue un propósito común del legislador, que fue, el evitar que el juicio de amparo se utilizara para entorpecer la ejecución de las sentencias dictadas por las autoridades jurisdiccionales, que tienen la calidad de cosa juzgada, ya que dispone que tanto en el período de ejecución, como en aquél relativo al remate, el juicio de amparo sólo resulta procedente contra la resolución final; expresamente así se dice en la primera hipótesis, y se entiende de tal manera en la segunda parte, pues la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, es la final de tal período. Lo anterior, se encuentra justificado, pues con la emisión de las sentencias definitivas se presume un proceso previo, seguido con las formalidades de la ley, en donde se ha oído y vencido a una de las partes, y en donde ésta tiene la obligación de acatar la autoridad del Estado, contenida y concretada en la decisión del tribunal relativo, ya que emana de la constitución y las leyes respectivas. Además, dicha cuestión otorga seguridad jurídica a los particulares, al tener la certeza de que las controversias sometidas a la potestad del Estado, serán resueltas por una sentencia y que ésta será acatada. Atento a lo anteriormente expuesto, en relación a las reglas específicas analizadas (tratándose de la ejecución de sentencias) es claro que sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra la última resolución, la cual es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en el entendido de que en los casos de remate, el amparo procederá sólo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Cabe señalar que esta regla tiene algunas excepciones, entre las que se encuentran, a saber: 1. que se trate de actos intermedios (que afecten derechos sustantivos) dictados en la etapa de ejecución de sentencia, con autonomía propia y destacada, pero que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y 2. que el amparo lo promueva una persona extraña al juicio. El acto que por esta vía se impugna no se ubica en ninguna de las anotadas excepciones, puesto que el promovente, conforme a sus manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, no le asiste el carácter de tercero extraño al juicio ordinario civil 864/2010, sino que es parte demandada en el mismo, incluso contestó la demanda; tampoco, que se trate un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución de sentencia, con autonomía propia y destacada, por el contrario, la finalidad directa e inmediata de dicho acto es ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Por tanto, ante la mencionada vinculación que tiene el requerimiento de entrega de la posesión del inmueble materia del reclamo en el juicio ordinario civil reivindicatorio... con la sentencia definitiva respectiva, no sería posible llevar a cabo el análisis constitucional de ese acto de autoridad, aun cuando llegara a tener alguna incidencia en los derechos sustantivos de la parte promovente, pues el cumplimiento de lo que constituye cosa juzgada, ubica a dicho acto de autoridad no en la hipótesis de excepción, sino en aquella regla específica alusiva a los actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, conforme a la cual el amparo solo procede contra la última determinación dictada en el procedimiento de ejecución. Aquí cabe destacar que la orden de requerimiento de entrega de la posesión con apercibimiento de lanzamiento señalada como acto reclamado, no puede equipararse a la última que podría dictarse en el procedimiento de remate, prevista por la Ley y la jurisprudencia: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el indicado criterio interpretativo, está relacionado con la subclasificación de actos que pueden presentarse en el periodo de ejecución de sentencia, consistente en el remate de bienes embargados, en el que la procedencia del amparo directo en su contra por disposición de lo establecido en el artículo 107, fracción IV de la ley de amparo, solo procede contra la orden de escrituración o contra el mandato de entrega de la posesión del bien adjudicado. Sin embargo, por la naturaleza de la que participa el juicio reivindicatorio, en el que la acción ejercida es de tipo real y tiene por finalidad obtener la restitución del bien reclamado por su propietario, queda excluida la realización de un procedimiento de remate como forma de materializar el cumplimiento de lo que constituye sentencia definitiva en la referida contienda civil. Es decir, el promovente no puede beneficiarse de la hipótesis de procedencia de amparo indirecto para analizar la constitucionalidad de los actos emitidos en un procedimiento de remate, para someter al conocimiento de la justicia federal, aquel acto que identificó como el requerimiento de entrega de la posesión del inmueble que detenta, con apercibimiento de lanzamiento, que a decir suyo, se habría emitido en el juicio reivindicatorio promovido en su contra, en el que como él mismo lo refiere, participó formal y materialmente como demandado. Bajo esa premisa, la demanda de amparo deberá presentarse, en su caso, contra la última resolución dictada dentro de ese procedimiento, en donde el impetrante estará en aptitud legal de hacer los planteamientos formulados, relativos a cuestiones relativas a inconformarse en contra de todas aquellas violaciones que durante el procedimiento respectivo se hayan cometido en su perjuicio y que la hayan dejado sin defensa... En consecuencia, al actualizarse también respecto del acto reclamado la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo, por esta otra razón, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la misma ley de la materia..."

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