Manuel Hiromoto Yoshino
Expediente 633/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Manuel Hiromoto Yoshino
Actuaciones
- Principal
agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo ++e informa que acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y se avoca a su conocimiento. En vista de lo anterior y al no existir acuerdo pendiente que proveer ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, la constancia de notificación que antecede realizada el ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual, el quejoso manifiesta ratificar el escrito en el que subsana la presente demanda de amparo. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, del ordenamiento antes invocado, y al constituir el acto reclamado, una resolución que puso fin al procedimiento dentro del juicio de origen, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por ++. En ese tenor, remítase el expediente respectivo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en Turno, para que resuelva conforme a sus facultades legales; por tanto, con copia de las constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL AVISO DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL AUTO DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, la constancia de notificación que antecede realiza el ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual, el quejoso manifiesta ratificar el escrito en el que subsana la presente demanda de amparo. En atención a lo anterior, se tiene al promovente ratificando el escrito presentado ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito registrado con el folio 10730, mediante el cual subsana la prevención realizada en autos. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa manifiesta que le reclama a la Tercer Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el auto mendicante el cual desechó la demanda promovida por la parte quejosa. En ese tenor, sin proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de que se trata, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la misma, en atención a las siguientes consideraciones: Del escrito inicial de demanda, se advierte que en un inicio señaló como acto reclamado: La omisión de emitir aceptar la demanda entablada contra la autoridad demandada, así como las múltiples violaciones al procedimiento, ya que NO HUBO UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA en los términos establecido por el artículo 17 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Asimismo, en atención a la prevención formulada en los presentes autos, la parte quejosa aclara que reclama lo siguiente: PRIMERO: El acto reclamado en esta instancia constitucional es la negación de justicia del que fui objeto por parte de la Tercer Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ya que como se desprende del escrito inicial de demanda, una vez que el conflicto de competencia fue resuelto, declinando la competencia al Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, aproximadamente 30 días después de dicha resolución, dicho Órgano Autónomo, designo a la Tercer Sala para conocer de este conflicto, dicho órgano jurisdiccional emitió un auto, el cual ordenaba la adecuación de la demanda interpuesta, dicha prevención se subsano dentro de los cinco días hábiles que fueron otorgados, siendo el13 de abril del 2021 , sin embargo, con fecha 19 de mayo de 2021 la Tercer Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, notifico un auto, donde desechaba la demanda, siendo así, una evidente negación a la justicia, por todos los ámbitos, por un lado, es evidente la dilación procesal, ya que en la Ley de Justicia Administrativa, marcan lapsos de 24 horas, sin embargo, 30 días después de que fue declinada la competencia, 30 días para dirimir si admitían o desechaban la demanda, esto da un total de 60 días, es decir 2 meses. Por otro lado, después de 2 años sobre conflictos de competencia, y emitir autos meses después, se puede considerar que solo realizan actos con el propósito de no asistir a mis derechos, negándome la procuración de la justicia. (lo subrayado es propio). En tal virtud, como ya se dijo, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido por el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;.". A su vez, el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. Por su parte el diverso numeral 34 de la misma Ley de la Materia, determina lo siguiente: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo directo procede contra las resoluciones que ponen fin al juicio, es decir, aquellas que inclusive, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, o bien ya se haya agotado el mismo. En ese sentido, debe estimarse que contra la resolución que aquí se combate, consistente en el desechamiento de la demanda registrada con el número 17/2021, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procede el juicio de amparo directo, del que corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de que se desecha la demanda interpuesta por el promovente; por tanto, se está en presencia de una resolución que, sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido impidiendo el dictado de la sentencia. Lo anterior se afirma así, pues, al finalizar la instancia judicial de esa manera, se actualiza el segundo supuesto de procedencia previsto por la Ley de Amparo respecto de aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, y en contra de dicha resolución las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificado o revocado. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene establecido en diversas ejecutorias, que por juicio, para los efectos del amparo, debe entenderse el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma, hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva, por lo cual, es dable afirmar que el desechamiento de la demanda intentada por el promovente, debe entenderse como un acto producido en el juicio, pues éste se inició con la presentación de dicho ocurso a fin de excitar el ejercicio de la función jurisdiccional del órgano a quien se dirigió, y que por lo tanto, al impedir su continuación tiene efectos conclusivos sobre él. De esta manera, el desechamiento de la demanda resulta una resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del amparo en su contra en la vía directa. Es de invocarse, por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 65/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 346, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, Materia Administrativa, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, del ordenamiento antes invocado, y al constituir el acto reclamado, una resolución que puso fin al procedimiento dentro del juicio de origen, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por Manuel Hiromoto Yoshino. Al caso, se cita como apoyo la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve página ciento noventa y seis, que establece: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, PRESENTADA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO COMO AMPARO INDIRECTO. EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE LA MATERIA CONTIENE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA PREVISTA EN EL ARTICULO 165 DE LA MISMA LEY. El artículo 49 de la Ley de Amparo establece una excepción a la regla general prevista en el artículo 165 del mismo ordenamiento, esto es, que en el caso de que la demanda de amparo en contra de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, se dirija y presente ante un juez de Distrito, éste se declarará incompetente de plano y la mandará al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. El referido Tribunal decidirá también de plano, si confirma o revoca la resolución del juez de Distrito. En el primer caso, el propio Tribunal deberá proceder como sigue: a).- Podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario; b).- Mandará tramitar el expediente; y c).- Señalará al quejoso y a la autoridad responsable un término que no podrá exceder de quince días para que la presentación de las copias y del informe correspondiente. De lo anterior se sigue que para efectos del cómputo, en este caso debe tomarse como fecha de presentación, aquella en que se recibió en el juzgado. Sin que pase inadvertido para quien esto provee, que en la demanda de amparo, ni en el escrito aclaratorio, el inconforme no refiere si en contra de la determinación que reclama hizo valer un medio ordinario de defensa, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que aun cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatir las resoluciones que ponen fin al juicio, el Tribunal Colegiado es el competente para conocer del amparo que se promueva en contra de las resoluciones de esa naturaleza, por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Lo anterior, quedó estipulado en la Jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 95 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, que dice: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. En ese tenor, remítase el expediente respectivo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Décimo Octavo Circuito, en Turno, para que resuelva conforme a sus facultades legales; por tanto, con copia de las constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Finalmente, la presente determinación se guarda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de: PRINCIPAL. RATIFICA ESCRITO Y DECLARA INCOMPETENTE Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Alejandro del Castillo Trejo, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy Fe.
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