Manuel Hernández Nava

Expediente 1025/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1025/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Manuel Hernández Nava
  • Telefonos de Mexico, S.A.B de C.V.
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Juzgado Primero de Distrito En la Laguna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de abril de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciado Ernesto Rubio Hernández. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte, ante la autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, Manuel Hernández Nava, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra la autoridad y el acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONASBLES.- Tiene tal carácter C. MAGISTRADO TITULAR DE LA SALA CIVIL UNITARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE DURANGO, CON RESIDENCIA EN GÓMEZ PALACIO, DGO., IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable reclamo la sentencia dictada en segunda instancia en fecha 24 de septiembre de 2020 dentro de los autos del TOCA DE APELACIÓN 056CU/2020." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señalo que los derechos fundamentales que en su concepto se transgredieron son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Incompetencia y returno. La demanda correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, quien por cuestión de antecedente returnó la demanda al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad. El Tribunal pleno de dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal por razón de grado y la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna. Radicación. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Mediante acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se radicó y aceptó la competencia declinada, se registró con el número estadístico 1025/2021-II, y se mandó prevenir señalara los antecedentes del caso. Admisión. Previa aclaración, mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por solventada la aclaración y se admitió a trámite la demanda de amparo. Se solicitó el informe justificado correspondiente, se fijó fecha para celebrar audiencia constitucional, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido el trámite se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumbe a la vía indirecta, fue emitido por una autoridad con residencia en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511)". "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.)" Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: i. La sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, emitida por el Magistrado Civil de la Sala Unitaria, con residencia en Gómez, Palacio, Durango, en el toca civil 56CU/2020, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso que confirmó la interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Gómez Palacio, Durango, en la que se resolvió el incidente de liquidación de costas. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable pues al rendir su informe justificado expresamente reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con la constancia relativa al acto reclamado, que fue allegada a este contradictorio federal por la propia autoridad responsable, a la que por tener la calidad de documento público, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En este sentido, el suscrito juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". Del precepto antes citado se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente en aquellos supuestos en que se encuentra pendiente de resolver un recurso o medio de defensa legal que tenga como finalidad modificar o nulificar el auto que se tilda de ilegal, el cual debe tener por objeto que quien lo hizo valer pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses. En este orden de ideas, conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un asunto que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan del juicio de amparo. Contexto: El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, (acto reclamado) el Magistrado responsable determinó confirmar el incidente de liquidación de gastos y costas emitido en la primera instancia. Luego, el mismo magistrado, mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, regularizó el procedimiento, al advertir que no substanció el diverso recurso de apelación interpuesto por Juan Manuel Trujillo Silva, quien es demandado en el juicio de origen. Dicho recurso de apelación, fue interpuesto en contra del auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, en que se llevó a cabo la diligencia de admisión de pruebas previo al dictado de la sentencia de liquidación de primera instancia de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Posteriormente, el juez de primera instancia el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, resolvió el incidente de liquidación de gastos y cosas. Resolución la cual, fue apelada por el aquí quejoso Manuel Hernández Nava. Esta última apelación, fue la que originó la resolución aquí reclamada de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, que confirmó la diversa de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve de primera instancia. Ahora, en la especie, el magistrado responsable el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a lo anterior relatado, regularizó el procedimiento a fin de substanciar el recurso de apelación de la parte demandada respecto una diligencia que fue tomada en cuenta para emitir la resolución de primera instancia y confirmada en la segunda, de tal suerte, que puede variar la resolución de primera instancia. Ello, con independencia de que el magistrado responsable, expresamente no haya dejado sin efectos la sentencia reclamada de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, lo cierto es que, con la regularización del veintinueve de septiembre siguiente, con el propósito de substanciar un diverso recurso de apelación interpuesto en contra de una diligencia que se realizó antes del dictado de la resolución de primera instancia, por lo menos, -en este momento-, se advierte un recurso de apelación que podría variar el sentido de la resolución de primera instancia y en su caso la de segunda, de apelarse la misma. Es por tales consideraciones, que se considera la existencia de un medio de defensa ordinario pendiente de resolución, que actualiza la causal de improcedencia en comento y en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo, al no acreditarse fehacientemente la afectación real, actual y directa que permita entrar al estudio de fondo de la cuestión efectivamente planteada. Sin que pase inadvertido que el referido recurso de apelación no fue interpuesto por el aquí quejoso, sin embargo, el medio de impugnación que se encuentra pendiente de resolución, es eficaz e idóneo, pues su alcance podría modificar el origen del acto reclamado, esto es, será procedente el juicio de amparo, una vez que resuelto aquello, subsista la resolución aquí reclamada por adquirir firmeza y ser definitiva, y en ese sentido, analizar -de no actualizarse alguna otra causal de improcedencia-, los conceptos formulados en su contra, pues de estimarse lo contrario, se analizaría una resolución que derivado del propio actuar del magistrado responsable al tramitar un recurso previo, genera consigo esa falta de firmeza para que en contra del acto aquí reclamado sea procedente el juicio de amparo. Por identidad de razón se transcribe la jurisprudencia emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tesis: I.11o.C. J/6 K (11a.), publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2866, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PUEDE PROMOVERSE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTARLO, SI UN RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA ES IDÓNEO PARA REVOCAR, MODIFICAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO, PERO NO RESULTA EFICAZ PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL QUEJOSO. Hechos: El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo indirecto porque estimó que la quejosa no agotó el principio de definitividad, motivo por el cual interpuso el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un recurso o medio ordinario de defensa, aunque sea idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado no resulte eficaz para salvaguardar los derechos del quejoso, por su propia naturaleza, por la forma en que se regule su sustanciación o por las circunstancias especiales que se presenten en determinado caso concreto, el particular podrá promover de inmediato el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad. Justificación: Lo anterior, porque el principio de definitividad deriva de lo previsto en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es uno de los principales ejes rectores de la procedencia del juicio de amparo y que ratifican su naturaleza como medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser solucionada por otros medios. Este principio se encuentra regulado, como causa de improcedencia de la acción constitucional, en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; hipótesis normativa que sólo resulta aplicable a los procedimientos jurisdiccionales y no para los actos propiamente administrativos, pues respecto de éstos se regula en forma específica en la fracción XX del mismo precepto. Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, consagrados en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación o carga procesal de agotar el principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo, lleva inmersa la lógica de que el recurso o medio ordinario de defensa que proceda contra el acto de autoridad que el gobernado estima lesivo de sus derechos, debe satisfacer los siguientes requisitos: I. Idoneidad. Debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y, II. Eficacia. Dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe: i. Permitir al particular el despliegue pleno de su derecho de defensa; y, ii. Regularse un procedimiento que impida la consumación irreparable en los derechos del gobernado, de los efectos que produce el acto de autoridad. Por lo que si el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la legislación procesal no satisface cualquiera de los anteriores requisitos, no existirá obligación de la quejosa de interponerlo antes de acudir al amparo." En tales consideraciones, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal contenida en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no se encuentra debidamente integrado, toda vez que a la fecha no se encuentra emplazada la tercera interesada Ofelia Hernández Nava. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con veinte minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Se notifica por lista el presente auto y los proveidos de veintiuno de septiembre y catorce de diciembre de dos mil veintiuno y diecinueve de enero en curso, a la tercera interesada Ofelia Hernández Nava y se le emplaza a juicio, se l Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no ha sido emplazada a juicio la tercera interesada de nombre ********************, en el domicilio establecido en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno.****************************************Se ordena emplazar a tercera. En tales condiciones, en obvio de mayores dilaciones procesales, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que se constituya en ********************en esta ciudad y emplace a juicio a la tercera interesada mencionada, lo anterior a fin de que el presente juicio de amparo se encuentre debidamente integrado para proceder con el dictado de la resolución correspondiente.****************************************

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