Manuel Hernández Magaña
Expediente 314/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Manuel Hernández Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
mesa 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista, la certificación de cuenta se tiene que las partes no desahogaron la vista que se les dio en proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, el suscrito procede a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Manuel Hernández Magaña, para los efectos siguientes: ".En mérito de lo anterior, la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 1659/2019, de su índice. En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida audiencia observando el plazo previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar cabal cumplimiento a lo instituido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Resolución que causó ejecutoria en proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, y por ello, se requirió al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para que dentro del término de cinco días hábiles, dieran cumplimiento al fallo protector. Asimismo, por diverso auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, al que adjuntó el acuerdo de veintidós de junio actual, del que se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 1659/2019, de su índice, y en su lugar, señaló las doce horas del catorce de julio de dos mil veintiuno, para que tenga lugar el desahogo de la referida diligencia. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por un servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Finalmente en el citado auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, con el contenido de las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo conducente, sin que en el caso lo hicieran. CONCLUSIÓN En consecuencia, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, mediante oficio recibido en auto de veinticinco de junio del presente año, remitió el diverso acuerdo de veintidós de junio actual, del que se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 1659/2019, de su índice, y en su lugar, señaló las doce horas del catorce de julio de dos mil veintiuno, para que tenga lugar el desahogo de la referida diligencia. Lo anterior, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA Villahermosa, Tabasco, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Presidente de Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo de fecha veintidós de junio actual, del que se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 1659/2019, de su índice, y en su lugar, señaló las doce horas del catorce de julio de dos mil veintiuno, para que tenga lugar el desahogo de la referida diligencia. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a las constancias que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, este Juzgador efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Manuel Hernández Magaña; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para que dentro del término de cinco días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 1659/2019, de su índice. En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida audiencia observando el plazo previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar cabal cumplimiento a lo instituido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en Turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
mesa 8 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 314/2021-8, promovido por Manuel Hernández Magaña. A continuación, el Secretario da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con un anexo, registrado con el folio 4727. Atento a lo anterior el Juez acuerda, se agrega a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, sin que sea el caso diferir la presente audiencia dado el sentido del presente fallo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa consistentes en la presuncional legal y humana, así como copia autógrafa de la diligencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, relativa al expediente laboral 1659/2019. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 314/2021-8, promovido por Manuel Hernández Magaña, contra actos de la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y, turnado a éste órgano jurisdiccional el mismo día, Manuel Hernández Magaña, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan. ACTO RECLAMADO El acuerdo de fecha 16 de Marzo del año 2021, dictado en el juicio laboral número 1659/2019, mismo que me fue notificado el mismo 16 de marzo del año 2021, en el que la Autoridad hoy responsable incumple lo previsto en los artículos 685, 871, 873, 874, 876 y 878 Fracción n, de la Ley Federal del Trabajo en vigor, ya que ordenó la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, fuera de los plazos y términos legales establecidos para ello, con lo que viola el principio de legalidad y seguridad jurídica, así como el de inmediatez en el proceso, vulnerando con su proceder mis garantías constitucionales. AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 314/2021-8, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral número 1659/2019, en el que se señalan las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado acepta la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Es sustancialmente fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. En principio, se aclara que el quejoso en su escrito de demanda de amparo en el capítulo relativo al acto reclamado refiere que se duele del acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral número 1659/2019, en el que se señalan las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo que se corrobora con el informe justificado que rindió la autoridad responsable. Sobre el particular, concretamente aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio, entre otros, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la fecha establecida por la responsable para la aludida audiencia, se encuentra fuera del término previsto por la ley para ese efecto. Al respecto, este juzgador considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el precitado motivo de inconformidad, porque la fecha establecida en el acuerdo reclamado excede el plazo de quince días otorgado por el legislador en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En consonancia con ese derecho fundamental, el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo instituye que al recibirse el escrito de demanda, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes. Asimismo, del ordinal 685 de la ley laboral en cita, se deduce que las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Sobre el particular, es aplicable la tesis X.1o.99 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 373, cuyo rubro y texto es: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, EXCEDIENDOSE DEL TERMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse". Conforme a lo anterior, es claro que la determinación de la responsable al señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1659/2019 de su índice, vulnera el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, porque constituye una fecha que excede el plazo previsto para ese efecto en la legislación laboral precitada. Esto, tomando en cuenta que entre la data del acuerdo reclamado y la programada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones median más de siete meses. Aunado a ello, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el caso particular, el legislador determinó un plazo de quince días para que la junta señalara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a partir de la recepción de la demanda. Por tanto, la fecha señalada por la autoridad responsable para la audiencia de mérito, además de exceder el plazo establecido por el legislador para ese efecto, tampoco resulta razonable. Es de tomar en cuenta, lo expuesto en la tesis I.4o.A.5 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1453, cuyo rubro y texto es; "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". Por lo que le asiste la razón a la parte quejosa al exponer que el acuerdo reclamado vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, se concede a la parte quejosa la protección de la justicia federal, a efecto de resarcirla en el goce del derecho fundamental transgredido con la omisión reclamada. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 1659/2019, de su índice. En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida audiencia observando el plazo previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar cabal cumplimiento a lo instituido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Manuel Hernández Magaña, respecto del acto reclamado y la autoridad precisados en el resultando PRIMERO, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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