Manuel Guzmán Rodríguez
Expediente 684/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Manuel Guzmán Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del diverso al que se anexó el juicio de amparo 684/2023-VIII del índice de este órgano jurisdiccional, con motivo de la incompetencia declinada a su favor; asimismo, comunica que asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Manuel Guzmán ...; de lo que se toma conocimiento. En consecuencia, archívese este expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente cuaderno de antecedentes es destruible en el plazo de seis meses, ya que este órgano federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado Oaxaca, mediante el cual remite diligenciado el exhorto 302/2023 del índice de esta órgano jurisdiccional; por tanto, téngase legalmente notificado al quejoso del proveído de cinco de junio de la presente anualidad. Háganse las anotaciones correspondientes. No se emite el acuse de recibo de la comunicación oficial de trato en razón de que el sistema electrónico por el cual fue remitida genera el acuse respectivo al momento de su envío, aunado a que no fue solicitado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de junio de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Manuel Guzmán..., por derecho propio; regístrese bajo el número 684/2023-III. ACTOS RECLAMADOS De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: -La omisión de vigilar el cumplimiento de la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 849/19-PC3-6 antes 849/19-15-01-9, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México, y Auxiliar, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, en la que se condenó a la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que emita una resolución en la que realice los ajustes correspondientes al monto de la pensión otorgada a favor del quejoso, y cubra el pago de las diferencias generadas a su favor, así como de la gratificación anual. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. Sin que se tengan como actos reclamados los restantes señalados como tal en el capítulo respectivo, relativas en la forma en que se ejecutaron los actos reclamados, pues a consideración del suscrito constituyen conceptos de violación. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, con número de registro 195745, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". INCOMPETENCIA Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora bien, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". (El énfasis es propio) Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Bajo esa tesitura, conviene señalar que la teoría general acerca de la naturaleza de los actos administrativos reconoce los actos positivos y negativos. En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer; los que a su vez se subclasifican en: a) Actos de ejecución instantánea, b) Actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone; y se subclasifican en: a) abstenciones, b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. No obstante, resulta importante destacar que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. En ese sentido, el acto que se reclama se trata de una conducta omisiva o una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone; de ahí que dicho acto reclamado por su forma de expresión sea uno negativo. Empero, respecto a las consecuencias del indicado acto, es positivo, si se toma en cuenta que implica la privación del ejercicio de un derecho como es el de disfrutar de la debida pensión, que en su caso se le reconozca. Por lo que, si bien el acto reclamado se asemeja por su forma de expresión a una abstención; por sus efectos, se deduce que en realidad tiene naturaleza positiva y como tal debe tratarse. Dilucidado lo anterior, debe señalarse que en virtud de que la falta de vigilar el cumplimiento de la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 849/19-PC3-6, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México, y Auxiliar, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, está directamente ligado al lugar donde se dará cumplimiento a dicha resolución que es en el lugar donde reside el quejoso -Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca-, pues es el lugar donde cobrará el monto actualizado de su pensión y las cantidades a las que fue condenada a pagarle la autoridad demandada Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, motivo por el que se establece que la omisión reclamada tiene consecuencias materiales en el ámbito privado del peticionario de amparo, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resienta su ejecución. Así, se insiste, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos e implica un impacto específico en la emisión de la resolución en la que se realicen los ajustes correspondientes al monto de la pensión otorgada a favor del quejoso, y cubra el pago de las diferencias generadas a su favor, así como de la gratificación anual, mismo que conlleva al pago de la pensión actualizada, así como de los conceptos referidos; motivo por el cual, trae consigo un principio de ejecución, pues el pago aludido está intrínsecamente ligado al lugar donde se efectuará, y será este lugar en el que resienta su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el lugar de pago. Ahora, la sentencia que la autoridad responsable ha sido omisa en vigilar su cumplimiento, es aquella a través de la cual, se resolvió el juicio de nulidad promovido por el impetrante en contra el oficio SP/DPSHT/0126/2019 expedido por la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que se dio respuesta a un ocurso presentando por el solicitante de amparo; aunado a lo anterior, el quejoso refiere tener su domicilio en el municipio de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, y la sede de la autoridad que habrá de dar cumplimiento a la sentencia, se ubica en aquella entidad federativa. Por lo tanto, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Apoya a la presente determinación, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.". Así como, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por qué el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. Por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo.". En consecuencia, este el suscrito determina carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, por considerar que quien debe hacerlo es el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 166109, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, octubre de 2009, página 95, de título, subtitulo y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Por tanto, se ordena remitir el juicio de amparo y traslados, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que tenga a bien manifestar, si acepta o no el conocimiento del asunto, en términos a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia, y acuse de recibo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado por la parte quejosa en la demanda de amparo se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano, dada la trascendencia de la presente determinación, con fundamento en los artículos 27, fracción II y III de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional instruya al actuario de su adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Sabinos, número quinientos uno-C, entre avenida Heroico Colegio Militar y calle Jazmines, en la colonia Reforma, en Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, código postal 68050 y notifique de manera personal al quejosa Manuel Guzmán Rodríguez, el presente proveído, corriéndole traslado con copia simple de éste. De igual forma, hágasele saber que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez, Estado de México), o bien, designar un usuario para recibir notificaciones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea); bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días legalmente computados, sin ulterior proveído, se le tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de distrito, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita que la devolución de las constancias respectivas, se realice mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles y se faculta al juez exhortado para que ordene y desahogue las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la antes señalada. Con relación al correo electrónico y teléfono que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y por exhorto a la parte quejosa.
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