Manuel Guzman Hernández
Expediente 1507/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1507/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Manuel Guzman Hernández
Actuaciones
- Principal
Juicio 1507/2021-IX-1 quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Manuel Guzmán Hernández, contra actos de la Juez Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, y la actuaria de su adscripción, ambas con residencia en esta ciudad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Juicio 1507/2021-IX-1 folio 13839. tres de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se acuerda; téngase por recibido e intégrese a los autos, el escrito presentado por Manuel Guzmán Hernández, mediante el cual desahoga la prevención formulada el veinticuatro de noviembre del presente año. Desechamiento De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Así, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia reclama lo siguiente 1. La negativa a la conversión de la pensión alimenticia provisional dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente 122/2021; y 2. La multa impuesta en el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 122/2021. Así, del libelo actio que se provee se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en razón de que la parte quejosa es parte formal y material en el juicio de origen, por lo que estaba obligado a agotar el principio de definitividad. A lo que el artículo citado dispone*** Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Dicho principio procesal del juicio de amparo, deriva del contenido de la fracción III del artículo 107 Constitucional, mismo que textualmente dispone*** El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de amparo, ya que a través de la sustanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 61 en su fracción XVIII, establece*** Por lo tanto, el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, derivado de un juicio en materia civil familiar en que el quejoso es parte, como lo es el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales, no se ajusta a las excepciones previstas por el numeral antes invocado. Así las cosas, como ya se dijo, el impetrante de amparo esencialmente reclama el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 122/2021 del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia el Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, relativo al juicio especial de pensión alimenticia, en el que se le impuso una multa consistente en cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en virtud de no dar cumplimiento en el término otorgado a lo requerido en el diverso auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte. De lo anterior se colige, que el acto esencial que reclama es el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de origen. Sin embargo, se trata de un proveído contra del cual procede un medio de defensa ordinario. En efecto, es de destacar que las personas que se sienten agraviadas por algún acto de esa naturaleza, deben impugnarlo ante las instancias correspondientes, en el caso, se reitera, por medio de recurso ordinario que contemple la legislación, y abstenerse de acudir directamente ante los jueces de distrito, pues ésta fue precisamente una de las intenciones por las que se instauró aquél tipo de jurisdicción. Los artículos 342, 343, 347, 349, 350, 352 y 365 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, a la letra disponen*** De los preceptos antes trascritos se desprende que en la legislación adjetiva civil de trato se contemplan tres recursos, a través de los cuales las partes de un procedimiento, pueden impugnar las resoluciones, interlocutorias y autos que emita un juzgador, a saber, reconsideración, apelación y queja. Luego, atendiendo al contenido de los citados numerales y del análisis de cada uno de los medios de impugnación se concluye que contra el auto dictado en el procedimiento de origen y el cual constituye el acto reclamado en este juicio de amparo; a saber, el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el trámite del juicio especial de pensión alimenticia, en el que el juzgado responsable impuso como medida de apremio la multa consistente en cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por haber incumplido con lo requerido en el diverso auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte; procede el recurso de reconsideración, lo anterior es así, en virtud de que el código adjetivo civil señalado, limita los supuestos contra los cuales proceden los medios de impugnación que en él se contienen; por tanto, al no encuadrar el auto que aquí se reclama dictado en el trámite del juzgado responsable (auto de diecinueve e octubre de dos mil veintiuno), en ninguno de los supuestos contra los que proceden los recursos de apelación, ni el de queja y en la legislación aplicable tampoco se contiene la previsión de que dicho auto sea irrecurrible, se concluye que el mismo es impugnable mediante el recurso de reconsideración. La consideración anterior resulta en esos términos, en razón que como ya se mencionó, el artículo 347 del Código Procesal Civil para el Estado de Tabasco, en relación con la primera instancia, dispone que los autos que no fueren apelables, pueden ser reconsiderados por el Juez que los dicte, salvo que la ley disponga expresamente que no son recurribles, y tratándose de la segunda los autos y decretos que se dicten en su trámite, pueden ser reconsiderados por el Tribunal de apelación. En consecuencia, si el quejoso no interpuso el recurso de reconsideración antes citado, inobservó el principio de definitividad referido, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue, que el impetrante de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de reconsideración antes de acudir a la instancia constitucional, porque no se actualiza para la procedencia del juicio de amparo indirecto intentado ninguno de los supuestos de excepción. De tal forma que la inconformidad del quejoso con dicha determinación pudo hacerla valer de manera inmediata mediante el medio ordinario de defensa, a través del cual tratara de obtener la revocación o modificación del auto que tilda de inconstitucional. Por lo antes expuesto, se advierte que se puede obtener la revocación o modificación, o en su caso la confirmación de la determinación que se reclama. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por tanto, contra el acuerdo reclamado por el impetrante es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra del mismo tendrá que agotar el recurso establecido en el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco***. En resumidas cuentas, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Juicio 1507/2021-IX-1 folio 13273. veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel Guzmán Hernández, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de Centro, Tabasco, residente en esta ciudad. Aspectos Generales. Regístrese en el libro de gobierno la demanda que nos ocupa con el número de juicio de amparo 15072021-IX-1, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ? Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el presente expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. Prevención. Previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este tribunal federal realiza el siguiente análisis El artículo 112 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente*** Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. El normativo anterior impone a este Juzgado de Distrito la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiarla para verificar que se colmaron los requisitos que marca la ley en cita, y que no existan irregularidades en la misma; así, entre los requisitos que marca la ley de la materia, se encuentran los previstos en su artículo 114, fracciones I y II que señalan lo siguiente Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) Por su parte, la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, estable lo siguiente Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) Ahora bien, en confrontación de los normativos citados con la demanda de derechos fundamentales, se obtiene que la parte quejosa no colmó lo previsto en tales preceptos legales. Ello es así, debido a que la demanda que nos ocupa carece de la precisión del tercero interesado; esto, porque así lo exige la fracción III, inciso b), del artículo 5 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, es necesario que el quejoso manifieste de manera precisa quién resulta tercero interesado en este juicio de amparo, a fin de conocer la parte que en su caso, buscará la subsistencia del acto reclamado, sobre todo, porque conforme a la revisión integral de la demanda se desprende en los antecedentes, la existencia de la tercera interesada Rosalía Cárdenas Hernández y su menor hija de identidad reservada con iniciales R.A.G.C., en razón, que el acto que reclama está vinculado a un juicio civil en materia familiar. Por lo tanto, en atención a la previsión del numeral 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, resulta necesario que el quejoso precise en su demanda quien tiene el carácter de tercero interesado y su domicilio, y no limitarse a manifestar en su demanda que no existe tercero interesado, pues el acto reclamado al derivar de un juicio civil de orden familiar donde es parte demandada el aquí quejoso, es obvio que existe una parte actora. Además, que en el apartado de antecedentes de su demanda de derechos fundamentales, hace alusión a que Rosalía Cárdenas Hernández y su menor hija demandaron la pensión alimenticia. En ese tenor, se advierte una contradicción respecto a la parte en este juicio, que le reviste el carácter de tercero interesada. Por otro lado, del texto íntegro del libelo constitucional se aprecia que el promovente en el capítulo relativo al acto reclamado señala como tal, el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, así como la multa que le fue impuesta en el citado proveído, dictado dentro del expediente 122/2021 del índice de la responsable. Por las razones expuestas, a fin de determinar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda intentada, resulta necesario prevenir al promovente, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114 fracciones I y II de la ley de la materia, a efecto de que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo que a continuación se indica 1. El quejoso Manuel Guzmán Hernández deberá precisar el nombre y domicilio actual y correcto de la parte que le reviste el carácter de tercero interesada. 2. Deberá exhibir un juego de copia de la demanda de amparo para la parte tercera interesada. Requerimiento de que las manifestaciones se realicen bajo protesta de decir verdad. Asimismo, se le hace saber al promovente del amparo que dado que se requiere que realice manifestaciones bajo protesta de decir verdad, deberán ser desahogadas de manera personalísima por quien promovió la demanda (Manuel Guzmán Hernández) y que la información que se desprenda de manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio serán confrontadas con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que investigue sobre la posible comisión de delitos***. En el entendido que del escrito mediante el cual cumpla la prevención impuesta en este acuerdo, deberá exhibir copias para cada una de las partes que tienen injerencia en el presente sumario, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo vigente; para estar en condiciones de correr el traslado de ley, habida cuenta que en el caso concreto, el escrito aclaratorio no puede quedar desvinculado al de demanda, ya que viene a formar parte de la misma. Apercibimiento en caso de incumplir con la prevención efectuada en este auto. Se apercibe al promovente que en caso de incumplir con la prevención precisada dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en los términos del citado numeral 114 de la ley de la materia, en su párrafo segundo. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a Claudia Isabel Vadillo Cortazar y Nallely Guadalupe Ricardez Hernández, en razón a que por el momento no hay constancia que las acredite como licenciadas en derecho o abogadas y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo sus derechos para acreditar legalmente encontrarse autorizadas para ejercer la profesión de licenciadas en derecho o abogadas. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la 1 En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto.
- Principal
Juicio 1985/2019-VIII-1 veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa, en relación al cumplimiento realizado por la autoridad responsable Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por lo que se procede al análisis respectivo. ANTECEDENTE EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO. El nueve de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Malinche González Salvador, para el efecto siguiente Así, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Subdelegado de Prestaciones Económicas, a través del Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán: Dejar insubsistente el oficio SP/DP/2738/2019, de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente en lo que atañe a la aplicación de la norma declarada inconstitucional, signado por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del citado Instituto, dirigido a la hoy quejosa Malinche González Salvador. Emitir otro, en donde se prescinda de aplicar lo dispuesto en la fracción I, inciso a), y segundo párrafo, del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio, por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la porción normativa mencionada y declare que a la quejosa Malinche González Salvador, le asiste el derecho a ser beneficiada por las dos pensiones; esto es, por viudez por el fallecimiento de su cónyuge; y por jubilación, respectivamente, ante la compatibilidad de ambas pensiones; y, Ordene que le sean reintegrados los montos que le han sido retenidos del pago que le corresponde por ambas pensiones, siempre que no se trate de descuentos respecto de los cuales se haya actualizado la prescripción. En el entendido que la nueva determinación que en cumplimiento a esta ejecutoria se emita deberá ser notificada de forma personal a la aquí promovente. FIRMEZA DE LA SENTENCIA. Misma que fue recurrida por la autoridad responsable Director General de Amparos Contra Leyes, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y quedó firme por ejecutoria de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, en el amparo en revisión 50/2021. Resolución que fue recibida por este juzgado mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, y se requirió el puntual cumplimiento a la Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco. ANÁLISIS EVALUATIVO. Ahora, la autoridad responsable Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, por oficio DET/UJ/7121/2021 de doce de noviembre de dos mil veintiuno, remitió lo siguiente Original del oficio SP/DP/4672/2021, emitido por la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene. Copia certificada de la resolución administrativa SP/1654/2021 de once de noviembre de dos mil veintiuno- Posteriormente, previo requerimiento, la autoridad responsable remitió copia certificada de la cedula de notificación de doce de noviembre del año en curso, realizada a la autorizada de la parte quejosa. Documentos de los cuales se advierte que en cumplimiento al requerimiento de veintinueve de octubre de la presente anualidad, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, y procedió a dictar una nueva determinación; sin embargo, de la resolución administrativa de once de noviembre del año en curso, se aprecia que la autoridad responsable sigue sin atender los efectos del fallo protector. Esto es, de la citada resolución, y sus anexos, se advierte que la autoridad responsable no motivó el por qué de las operaciones aritméticas que realizó para obtener las actualizaciones que le corresponden a la parte quejosa por ser beneficiaria de las pensiones por viudez y por jubilación. Toda vez, que si bien, indicó que datos corresponden a cada columna en la cual se plasman los datos para obtener los factores de actualización, mismo que lo llevo a determinar que la cantidad a devolver fue $14,739.69 (catorce mil setecientos treinta y nueve 69/100 M.N). De igual modo, en el siguiente esquema, aduce como aplicó el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, precisando que el periodo de actualización corresponde de junio de dos mil diecisiete a noviembre de dos mil veinte. Empero, en el desarrollo de su operación aritmética, fue omisa en precisar porqué al resultado de la división entre el último factor del índice nacional de precios al consumidor de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, por el primero de esos años, se le resta uno. Además, sigue sin precisar cómo obtiene el factor de actualización por cada año; es decir, no dice por qué el factor de actualización en todos los años (2017, 2018, 2019 y 2020), no tiene como medida el mes de noviembre de dos mil veinte, si dicha fecha -mes de noviembre de dos mil veinte- corresponde al mes anterior en el que se liquidó el adeudo. De ahí que, no se aprecia que haya realizado debidamente las actualizaciones correspondientes al citad periodo; por lo antes expuesto, se tiene por NO CUMPLIDA la sentencia de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la autoridad responsable Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, para que en el término de TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta determinación deje sin efecto la resolución administrativa de once de noviembre de dos mil veintiuno, y, emita otra en la que subsane las violaciones señaladas en la presente sentencia, esto es, para efectos de que realice el cálculo de las pensiones por viudez y jubilación, con las actualizaciones correspondientes. APERCIBIMIENTO Apercibida que de no dar cumplimiento a lo requerido en el término otorgado, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($89.62 ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, fracción I, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, no pasan desapercibidas las manifestaciones que realizó el autorizado de la parte quejosa referentes al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin embargo, como ya se precisó en párrafos que anteceden los efectos del fallo protector aún no han sido cumplidos. Notifíquese en términos de ley.
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