Manuel Gutiérrez López

Expediente 630/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
630/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Manuel Gutiérrez López
  • Manuel Gutiérrez López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de octubre de dos mil diecinueve. Súmese a los autos el oficio de cuenta, para que conste como legalmente corresponda, con el cual la Actuaria Judicial adscrita al Primero Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de esta ciudad, hace partícipe de este juzgado el proveído de veintisiete de septiembre pasado, a través del cual ese tribunal aceptó la competencia declinada por este juzgado mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes. Ahora, de la certificación que antecede, se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción, según lo dispuesto por la fracción I, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio, por el que, se remitió el original de la demanda y los autos del juicio de amparo ********************/2019-I-2, así mismo informa que quedó registrado bajo el número de toca ********************/2019, reservándose proveer sobre la aceptación de la competencia y admisión de la demanda de amparo. Lo anterior con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *************. Doy fe.*

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por ******* contra actos de la Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 630/2019-I-2. A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en dicho escrito se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, la sentencia de diecinueve de julio de dos mil diecinueve que emitió en el toca *******, por la cual, resolvió el recurso de denegada apelación interpuesto contra la determinación de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por la que el Décimo de lo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos desechó la apelación contra la sentencia del juicio ordinario civil *******, al considerar que era extemporánea su interposición. Primeramente, es necesario hacer el análisis de la competencia legal en razón de la vía, por ser un presupuesto procesal de orden público que puede analizarse en cualquier estado del juicio. Este juzgado federal estima carecer de competencia legal para resolver el presente asunto en atención a las consideraciones siguientes. Los artículos 33, fracción II, 34, primer párrafo y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, disponen: 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: [.] II. Los tribunales colegiados de circuito; [.] 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.] 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.] Conforme a lo dispuesto en los numerales trascritos, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, en la inteligencia de que la sentencias definitivas son aquellas que resuelven el juicio en lo principal, respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del tribunal colegiado de circuito correspondiente. En el caso, del análisis de la demanda se desprende que la parte quejosa: a). Reclama en esta instancia constitucional: I. Del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, la sentencia pronunciada dentro del toca ******* formado con motivo del recurso de denegada apelación interpuesto en contra del auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve por el Juez Décimo de lo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos. II. De la Juez Décimo Civil por audiencias del distrito judicial Bravos la ejecución, consecuencias y efectos legales de esa sentencia. b). El quejoso ******* manifiesta, bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, en lo que interesa, lo siguiente: 1. La parte quejosa en la vía ordinaria civil demandó a *******, la reducción de la renta mensual, juicio que se radicó bajo el expediente ******* del índice del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos, en esta ciudad. 2. El referido juicio fue admitido, se ordenó el emplazamiento de la demandada, seguido que fue el juicio en sus etapas, el diez de junio de dos mil diecinueve se dicó sentencia y se absolvió a la demandada. 3. Posteriormente, el quejoso interpuso recurso de apelación en contra de esa sentencia y el Juez Décimo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos, en esta ciudad, lo desechó en auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por considerar que su interposición fue extemporánea. 4. Contra esa determinación el quejoso interpuso el recurso de denegada apelación, que se tramitó bajo el consecutivo ******* del índice de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 5. La denegada apelación fue resuelta el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el sentido de desestimar por improcedente el recurso de denegada apelación interpuesto contra la resolución dictada el veintisiete de junio de este año y confirmar la no admisión del recurso de apelación. Tal determinación constituye el acto reclamado. Ahora, la parte quejosa promueve demanda de amparo, al considerar que la resolución de segunda instancia vulnera sus derechos por determinar que es extemporáneo el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia que resolvió el juicio de origen. Conviene destacar que aun cuando se duela de dicha sentencia, tal determinación confirma la no admisión del recurso de apelación que se traduce en la conclusión del juicio de origen; entonces, no se trata de una cuestión que pueda analizarse en juicio biinstancial, sino en el amparo uniinstancial dado que con ello se deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra la sentencia definitiva, de tal forma que constituye una resolución definitiva que pone fin al juicio. Es incuestionable que dicho acto queda comprendido en la fracción I del normativo 170 de la ley de la materia, al ser una resolución que pone fin al juicio dado que deja intocada la sentencia de primera instancia que resolvió la controversia de origen; por ende, su estudio es competencia de un tribunal colegiado de circuito a través del juicio de amparo en la vía directa. Apoya lo anterior en la tesis I.11o.C.13 K (10a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, Tomo III, materia común, febrero de dos mil catorce, Décima Época con número de registro 2005654 del tenor siguiente: AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE ENCUENTRA SUJETA A LA PROCEDENCIA DE ESA VÍA, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSTITUYAN SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, CONTRA LAS QUE YA NO PROCEDA RECURSO ORDINARIO POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS (ALCANCES DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO A) Y V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DEL 2013 Y 37 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, establecía la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponían fin al juicio, en contra de las cuales ya no procedía recurso ordinario, elemento característico que también preveía el artículo 46 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; con motivo de esa reforma constitucional y de la emisión de la nueva Ley de Amparo vigente, desaparecieron esas precisiones, sin embargo, en dicho precepto constitucional, párrafo tercero, se establece la procedencia del juicio de amparo en contra de dichos actos siempre que se agoten previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales aquéllos puedan ser modificados o revocados, salvo en el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos, cuya redacción también se reprodujo en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente. En los procesos legislativos que dieron origen a los ordenamientos vigentes, no se expusieron las razones por las cuales se excluyó la precisión que originalmente se preveía en dichas normas, lo que pone de manifiesto que tanto el Constituyente como el legislador ordinario tuvieron la intención de precisar, aunque con diferente redacción, que sólo podrán ser materia de amparo directo las resoluciones terminales, pues establecen que, previamente, deben agotarse los recursos ordinarios, lo que significa que éstos deben haber sido interpuestos o que la ley no los prevea, para que se promueva el juicio de amparo directo; lo que incide en la competencia del Tribunal Colegiado atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, precisamente, en atención al principio de definitividad de cuya observancia depende la característica de resolución terminal de aquél, circunstancia que corrobora el citado artículo 107, fracción V, en su redacción original y en la vigente, que reservan la competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de dichas resoluciones; lo anterior, máxime que el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual no fue sujeto de las actuales reformas, establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, y precisa que son aquellas respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. En ese orden, para los efectos del juicio de amparo directo, por sentencia definitiva se entiende, procesalmente, por regla general, la que decide el juicio en lo principal, y por resolución que ponga fin al juicio, la que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, las cuales deben ser irrecurribles, ya sea porque se agotó el medio ordinario de defensa o porque la ley ordinaria no lo prevea; por tanto, si en esa vía es promovida una demanda en contra de una resolución que no cumpla con esa característica, el Tribunal Colegiado deberá declararse incompetente para conocer del asunto, y remitirlo al Juez de Distrito competente para que resuelva lo que en derecho proceda; por ende, es dable considerar que las tesis de jurisprudencia por contradicción, números P./J. 16/2003 y P./J. 40/97, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.", las cuales prevén como requisito para que se actualice la competencia, que el acto reclamado constituya una resolución irrecurrible, son acordes con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales correlativas vigentes, amén de que, conforme al artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, no se contraponen con ese ordenamiento. En consecuencia: a). Este juzgado de distrito declara de plano su legal incompetencia; por lo que, con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, remítase el presente juicio de amparo y las copias que acompañó el garante a su escrito de demanda al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para lo que tenga a bien ordenar; b). Solicítese comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c). Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de demanda, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando para tales efectos a los licenciados ******* y *******, toda vez que se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del 24 de la ley de la materia a *******, ******** y *******, por no encontrarse inscritos en dicho sistema. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por ******* contra actos de la Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 630/2019-I-2. A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en dicho escrito se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, la sentencia de diecinueve de julio de dos mil diecinueve que emitió en el toca *******, por la cual, resolvió el recurso de denegada apelación interpuesto contra la determinación de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por la que el Décimo de lo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos desechó la apelación contra la sentencia del juicio ordinario civil *******, al considerar que era extemporánea su interposición. Primeramente, es necesario hacer el análisis de la competencia legal en razón de la vía, por ser un presupuesto procesal de orden público que puede analizarse en cualquier estado del juicio. Este juzgado federal estima carecer de competencia legal para resolver el presente asunto en atención a las consideraciones siguientes. Los artículos 33, fracción II, 34, primer párrafo y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, disponen: 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: [.] II. Los tribunales colegiados de circuito; [.] 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.] 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.] Conforme a lo dispuesto en los numerales trascritos, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, en la inteligencia de que la sentencias definitivas son aquellas que resuelven el juicio en lo principal, respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del tribunal colegiado de circuito correspondiente. En el caso, del análisis de la demanda se desprende que la parte quejosa: a). Reclama en esta instancia constitucional: I. Del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, la sentencia pronunciada dentro del toca ******* formado con motivo del recurso de denegada apelación interpuesto en contra del auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve por el Juez Décimo de lo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos. II. De la Juez Décimo Civil por audiencias del distrito judicial Bravos la ejecución, consecuencias y efectos legales de esa sentencia. b). El quejoso ******* manifiesta, bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, en lo que interesa, lo siguiente: 1. La parte quejosa en la vía ordinaria civil demandó a *******, la reducción de la renta mensual, juicio que se radicó bajo el expediente ******* del índice del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos, en esta ciudad. 2. El referido juicio fue admitido, se ordenó el emplazamiento de la demandada, seguido que fue el juicio en sus etapas, el diez de junio de dos mil diecinueve se dicó sentencia y se absolvió a la demandada. 3. Posteriormente, el quejoso interpuso recurso de apelación en contra de esa sentencia y el Juez Décimo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos, en esta ciudad, lo desechó en auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por considerar que su interposición fue extemporánea. 4. Contra esa determinación el quejoso interpuso el recurso de denegada apelación, que se tramitó bajo el consecutivo ******* del índice de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 5. La denegada apelación fue resuelta el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el sentido de desestimar por improcedente el recurso de denegada apelación interpuesto contra la resolución dictada el veintisiete de junio de este año y confirmar la no admisión del recurso de apelación. Tal determinación constituye el acto reclamado. Ahora, la parte quejosa promueve demanda de amparo, al considerar que la resolución de segunda instancia vulnera sus derechos por determinar que es extemporáneo el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia que resolvió el juicio de origen. Conviene destacar que aun cuando se duela de dicha sentencia, tal determinación confirma la no admisión del recurso de apelación que se traduce en la conclusión del juicio de origen; entonces, no se trata de una cuestión que pueda analizarse en juicio biinstancial, sino en el amparo uniinstancial dado que con ello se deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra la sentencia definitiva, de tal forma que constituye una resolución definitiva que pone fin al juicio. Es incuestionable que dicho acto queda comprendido en la fracción I del normativo 170 de la ley de la materia, al ser una resolución que pone fin al juicio dado que deja intocada la sentencia de primera instancia que resolvió la controversia de origen; por ende, su estudio es competencia de un tribunal colegiado de circuito a través del juicio de amparo en la vía directa. Apoya lo anterior en la tesis I.11o.C.13 K (10a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, Tomo III, materia común, febrero de dos mil catorce, Décima Época con número de registro 2005654 del tenor siguiente: AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE ENCUENTRA SUJETA A LA PROCEDENCIA DE ESA VÍA, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSTITUYAN SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, CONTRA LAS QUE YA NO PROCEDA RECURSO ORDINARIO POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS (ALCANCES DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO A) Y V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DEL 2013 Y 37 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, establecía la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponían fin al juicio, en contra de las cuales ya no procedía recurso ordinario, elemento característico que también preveía el artículo 46 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; con motivo de esa reforma constitucional y de la emisión de la nueva Ley de Amparo vigente, desaparecieron esas precisiones, sin embargo, en dicho precepto constitucional, párrafo tercero, se establece la procedencia del juicio de amparo en contra de dichos actos siempre que se agoten previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales aquéllos puedan ser modificados o revocados, salvo en el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos, cuya redacción también se reprodujo en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente. En los procesos legislativos que dieron origen a los ordenamientos vigentes, no se expusieron las razones por las cuales se excluyó la precisión que originalmente se preveía en dichas normas, lo que pone de manifiesto que tanto el Constituyente como el legislador ordinario tuvieron la intención de precisar, aunque con diferente redacción, que sólo podrán ser materia de amparo directo las resoluciones terminales, pues establecen que, previamente, deben agotarse los recursos ordinarios, lo que significa que éstos deben haber sido interpuestos o que la ley no los prevea, para que se promueva el juicio de amparo directo; lo que incide en la competencia del Tribunal Colegiado atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, precisamente, en atención al principio de definitividad de cuya observancia depende la característica de resolución terminal de aquél, circunstancia que corrobora el citado artículo 107, fracción V, en su redacción original y en la vigente, que reservan la competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de dichas resoluciones; lo anterior, máxime que el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual no fue sujeto de las actuales reformas, establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, y precisa que son aquellas respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. En ese orden, para los efectos del juicio de amparo directo, por sentencia definitiva se entiende, procesalmente, por regla general, la que decide el juicio en lo principal, y por resolución que ponga fin al juicio, la que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, las cuales deben ser irrecurribles, ya sea porque se agotó el medio ordinario de defensa o porque la ley ordinaria no lo prevea; por tanto, si en esa vía es promovida una demanda en contra de una resolución que no cumpla con esa característica, el Tribunal Colegiado deberá declararse incompetente para conocer del asunto, y remitirlo al Juez de Distrito competente para que resuelva lo que en derecho proceda; por ende, es dable considerar que las tesis de jurisprudencia por contradicción, números P./J. 16/2003 y P./J. 40/97, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.", las cuales prevén como requisito para que se actualice la competencia, que el acto reclamado constituya una resolución irrecurrible, son acordes con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales correlativas vigentes, amén de que, conforme al artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, no se contraponen con ese ordenamiento. En consecuencia: a). Este juzgado de distrito declara de plano su legal incompetencia; por lo que, con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, remítase el presente juicio de amparo y las copias que acompañó el garante a su escrito de demanda al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para lo que tenga a bien ordenar; b). Solicítese comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c). Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de demanda, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando para tales efectos a los licenciados ******* y *******, toda vez que se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del 24 de la ley de la materia a *******, ******** y *******, por no encontrarse inscritos en dicho sistema. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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