Manuel Guillén Hernández y Otros.
Expediente 621/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Guillén Hernández
- María Silvia Arreola Morales
- Manuel Guillén Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ la protección de la Justicia Federal solicitada por María Silvia Arreola Morales, por conducto de su endosatario en procuración; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución de las constancias relativas a las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 54/2019, que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad, adjuntó a su informe, sin ser necesario acuse de recibo de las mismas, toda vez que el sello de recepción hace las veces de acuse de estilo. ARCHIVO. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal; así como concedido la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-621/2022, promovido por Manuel Guillén Hernández, endosatario en procuración de la quejosa María Silvia Arreola Morales, contra actos de la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de junio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente hábil por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, la quejosa María Silvia Arreola Morales, por conducto de su endosatario en procuración, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza y Secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. La parte promovente estimó transgredidos en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Sustanciación del juicio. Previa prevención formulada, en actuación de veinte de junio pasado, por una parte se desechó la demanda por lo que ve a los actos reclamados al Secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y, por otro lado, se admitió la demanda por lo que ve a la titular del aludido órgano jurisdiccional, y se le dio el número progresivo V-621/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Seguido el juicio por sus fases legales y una vez emplazado el tercero interesado David Eduardo Murillo Galindo, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes del demandado Arnoldo Galindo Rodríguez, quien formuló alegatos, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad jurisdiccional circunscrita al territorio en el que este órgano federal ejerce jurisdicción y competencia mixta. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la resolución interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil veintidós, relativa a la planilla de liquidación derivada del juicio ejecutivo mercantil 54/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través de la cual se declaró parcialmente procedente la incidencia y se condenó a la actora, aquí quejosa, a pagar en favor de la parte demandada la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de gastos de honorarios de su perito. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Jueza responsable se advierte que es cierto el acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con las constancias relativas al expediente de origen; documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. QUINTO. Antecedentes. En las constancias del juicio ejecutivo mercantil 54/2019, se obtienen los siguientes antecedentes: La aquí quejosa reclamó en la citada vía y en ejercicio de la acción cambiaria directa de Arnoldo Galindo Rodríguez, el pago de la suerte principal de $166,292.00 (ciento sesenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional), intereses moratorios a razón del cuatro por ciento mensual, así como el pago de gastos y costas que se originaran con el trámite del expediente; Previa admisión del asunto y sustanciada la secuela procesal, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva, en la que se estudió la excepción de falsedad de documento, para lo cual se analizaron los dictámenes en grafoscopía emitidos por los peritos de las partes, así como por la tercera en discordia y, con base en ellos, se determinó que la firma plasmada en el documento base de la acción, no provino del puño y letra del accionado. En consecuencia, se declaró improcedente la acción cambiaria directa ejercida por la aquí quejosa y se le condenó al pago de gastos y costas judiciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio; En proveído de diecisiete de enero del año en curso, se tuvo compareciendo a juicio a David Eduardo Murillo Galindo, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes del demandado Arnoldo Galindo Rodríguez, así como promoviendo incidente de liquidación de sentencia; además se ordenó correr traslado a la incidentada con tal acción para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera; El diecinueve de enero de la anualidad que transcurre se notificó por instructivo a la actora, sin que hubiere hecho manifestación al respecto, como se obtiene en la certificación que obra al rubro del auto de uno de marzo anterior; actuación en la que se dejaron los autos en estado de dictar resolución; El veintiocho de abril de dos mil veintidós se dictó resolución interlocutoria, en la que se fijó líquidamente el monto de la condena a la promovente del amparo por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de honorarios de quien fungió como perito del demandado en el juicio de origen -acto reclamado en la presente instancia constitucional-. SEXTO. Causas de improcedencia. La parte tercera interesada indicó en sus alegatos que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII y XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que, por una parte, el acto reclamado se encuentra ajustado a derecho y, por ese motivo, no se afectan sus intereses jurídicos o legítimos y, por otro lado, consintió el acto reclamado al no desahogar la vista a que se hizo referencia en los incisos c) y d) de los antecedentes. Quien suscribe estima que no se actualizan tales causas de improcedencia por los motivos que se exponen enseguida. Por lo que ve a la falta de afectación a los intereses de la promovente del amparo, no se actualiza, en primer lugar, porque su configuración no puede hacerse derivar de la ineficacia de los conceptos de violación, pues tal aspecto atañe al estudio del fondo del asunto. Además, se reitera que en la resolución combatida se condenó a la aquí quejosa al pago de los honorarios del perito de la parte demandada, en atención a que la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen no fue favorable a sus pretensiones; por tanto, se estima que sí se afecta su interés jurídico, pues no solo es parte formal dentro del procedimiento, si no que se trata de una resolución que eventualmente le exigirá el pago de la cantidad ahí determinada en favor de su contraparte. Respecto a la diversa causa relacionada con el consentimiento del acto reclamado, si bien la parte actora no desahogó la vista que se le dio en auto de diecisiete de enero de la presente anualidad, con motivo del incidente planteado por su contraria, se precisa que en el presente asunto no se combate dicha actuación, sino que se reclama la resolución recaída en el propio incidente. Es decir, el hecho de que no hubiere realizado manifestación alguna respecto a la citada vista, no constituye un consentimiento de lo resuelto interlocutoriamente, sino que únicamente precluyó su derecho para imponerse de la acción ejercida en su contra. Tanto es así que a través del presente juicio de amparo combate tal determinación. Por las razones que contiene, se invoca en apoyo a lo anterior la tesis XVII.1o.C.T.12 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 13, diciembre de 2014, tomo I, página 823, con registro digital 2008131, de contenido siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. AL CONSTITUIR UN JUICIO AUTÓNOMO DEL PRINCIPAL, LAS MANIFESTACIONES EMITIDAS POR EL DEMANDADO INCIDENTISTA SON PARTE DE LA LITIS A DIRIMIR, Y EL JUZGADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO AL RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene el derecho fundamental a la seguridad jurídica en favor del gobernado, consistente en la administración de justicia, la cual comprende, entre otros principios, el de justicia completa, que radica en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y asegure al justiciable la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene en su tesis aislada 1a. XXXVIII/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 580, de rubro: ´INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO).´, que el incidente de liquidación de sentencia regulado en el Código de Comercio es un procedimiento contencioso, en el que la cuestión a dilucidar consiste en determinar la cantidad líquida a la que debe ascender una condena establecida de manera ilíquida en la sentencia definitiva que puso fin a un juicio; de manera que existe una pretensión, que no versa ya sobre la existencia del derecho de crédito, sino sobre su cuantía y aunque en ocasiones la resolución de esta pretensión no requiere mayores conocimientos de derecho, por sustentarse en operaciones aritméticas, no debe perderse de vista que tal resolución requiere de un pronunciamiento esencialmente jurídico, consistente en determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. El procedimiento contencioso descrito es, desde un primer punto de vista, autónomo respecto del juicio principal, pues su resolución no altera la cosa juzgada contenida en la sentencia definitiva, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de un juicio, en términos del numeral 1348 del Código de Comercio, pues parte de una demanda incidental mediante la cual se ejercita el derecho de acción, que contiene una pretensión jurídica consistente en la correcta estimación de un derecho cuya existencia ha sido previamente declarada y existe la posibilidad de que el demandado incidentista oponga a dicha acción, las excepciones y defensas que estime procedentes. Bajo esa línea argumentativa, tomando en consideración que la tramitación del incidente de liquidación constituye un procedimiento autónomo del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de un juicio, cuya génesis es la pretensión del promovente, la cual es factible controvertir por el demandado incidentista, a través de excepciones y defensas que estime procedentes, es inconcuso que la oposición en la vertiente autónoma de la incidencia de mérito constituye el vehículo a través del cual el disidente ejerce su derecho de defensa, por lo que sus manifestaciones son parte de la litis a dirimir y, por ende, el juzgador tiene la obligación constitucional de pronunciarse al respecto al momento de resolver la procedencia o no de la liquidación; estimar lo contrario, esto es, que no está constreñido a examinar la oposición de la demandada incidentista, fijaría una propuesta disfuncional del precepto que se interpreta, habida cuenta que la vista a la contraparte del accionante de la liquidación para tal efecto se traduciría en una formalidad inútil, con detrimento del derecho de defensa y del principio de justicia completa tutelados en el artículo 17 constitucional". Por su parte, conforme a lo establecido en el numeral 62 de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa la actualización de diversa causa de improcedencia. SÉPTIMO. Estudio de fondo. La parte quejosa refiere los siguientes conceptos de violación: 1. La resolución reclamada carece de fundamentación y motivación al haber establecido la Jueza responsable el monto a pagar por concepto de honorarios del perito de la parte demandada, con base en un recibo de cobro que no reúne los requisitos fiscales, establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y, que es falsa e inexistente la operación ahí consignada; 2. El perito de la parte accionada en el juicio de origen no expidió el recibo o no lo elaboró en el momento de la fecha que contiene; o bien, que firmó un recibo por un servicio que no se prestó; 3. Que por no haberse satisfecho tales requisitos fiscales para emitir el recibo y acreditar el servicio prestado, se transgrede la libertad de trabajo contemplada en el artículo 5 constitucional, lo que se traduce, según su dicho, en una pena trascendental e inusitada prohibida por el artículo 22 de la constitución federal; y, 4. En atención a la causa de pedir, la quejosa arguye la transgresión a los artículos 6 y 8 de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, esto es, la indebida cuantificación de los honorarios. El primer y tercer conceptos de violación son infundados y los diversos segundo y cuarto son inoperantes, en atención a las siguientes razones. De inicio, se menciona que en el presente asunto, al emanar de una controversia mercantil, de estricto derecho, no opera alguna de las hipótesis relativas a la suplencia de la queja, previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Por lo que ve al primer motivo de disenso, contrariamente a lo aseverado por la quejosa, la Jueza responsable sí fundó y motivó las causas por las que con el recibo de pago se acreditaron los honorarios generados con motivo las pruebas periciales verificadas a cargo su contraparte. Al efecto, adujo que se demostró con dicho recibo la prestación del servicio ofrecido por el especialista, precisamente porque en las constancias del juicio se aprecian los dictámenes emitidos; además le otorgó valor probatorio tanto a la documental privada, como a la instrumental de actuaciones, en términos de los artículos 1238, 1294 y 1296 del Código de Comercio. Incluso, se le dio vista a la parte actora con la planilla base de la acción incidental, sin que se hubiere opuesto a su contenido; por lo que de conformidad al referido artículo 1296, al haber sido presentado en la incidencia como prueba y no objetado, se tuvo admitido y surtió sus efectos como si hubiere sido reconocido expresamente. Lo que se estima correcto, dado que se advierte que se exhibieron dictámenes en materia de criminalística y el precepto legal 1082 del Código de Comercio dispone que en caso de condena en costas, la parte vencida indemnizará a la otra de todas las que se hubieren causado; en esa virtud, resulta inconcuso que la actora e incidentada sí está obligada a cubrir el monto por concepto de honorarios del referido perito. Bajo ese contexto, se concluye que si el profesionista de que se trata acreditó en el juicio su capacidad para intervenir como perito en materia de criminalística, el recibo de honorarios que expidió, adminiculado al desahogo de los dictámenes que le fueron requeridos, resultan suficientes porque producen indicios sobre la existencia de dicha prestación, susceptible de alcanzar plena fuerza probatoria, al margen de los requisitos fiscales que rigen para ese tipo de documentos, en tanto que el Código de Comercio no lo exige en tales términos. De ahí que la Jueza tampoco debía fundar y motivar específicamente lo relativo a la observancia del recibo de honorarios sobre los requisitos fiscales que alude. Menos aun la quejosa ofertó algún medio de prueba tendente a evidenciar la falsedad del citado recibo; no obstante que sobre ella recaía dicha carga procesal, al estimar que era falsa e inexistente la operación ahí consignada. Apoya lo expuesto por identidad jurídica esencial, la tesis VIII.2o.13 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, noviembre de 1995, página 541, con registro digital 203784, de contenido siguiente: "GASTOS Y COSTAS EN MATERIA CIVIL. PAGO DE HONORARIOS Y VIATICOS A LOS PERITOS. INNECESARIA JUSTIFICACION PREVIA AL INCIDENTE DE LIQUIDACION. (LEGISLACION CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO). Ante la condena al pago de gastos y costas en contra de la parte vencida en un juicio ejecutivo mercantil, la parte que obtuvo tiene derecho a ser restituida de los gastos necesarios para la prosecución de un juicio, que hubiere anticipado, sin que sea necesario que justifique que previamente pagó los honorarios de los peritos mediante los recibos que éstos hubieren expedido al recibir dicho pago, supuesto que en tratándose de un negocio de cuantía indeterminada, el monto de dichos honorarios debe regularse en el incidente de liquidación relativo conforme a la Ley de Aranceles de los Licenciados en Derecho, Arbitros, Depositarios, Intérpretes, Traductores y Peritos en Asuntos Jurídicos de cualquier naturaleza del Estado de Durango; y por otra parte, su justificación se encuentra en la condena al pago de gastos y costas y se acredita mediante pruebas preconstituidas, esto es, las desahogadas en el juicio que las generó. Lo anterior en virtud de que el incidente de costas tiene una tramitación especial, conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango y aun cuando la parte demandada en dicho incidente exprese no estar de acuerdo con la regulación de costas o bien impugne la planilla, no existe fundamento legal para abrir un período de pruebas, toda vez que, la base de la condena al pago de gastos y costas la constituye el fallo del juez, y en el procedimiento obran las constancias de los trabajos profesionales realizados tanto por el abogado patrono como por los auxiliares de la justicia". En tanto el principio de presunción de inocencia que alega violado, en forma alguna es aplicable en las controversias de naturaleza mercantil, donde opera el principio dispositivo con mayor rigor, así como el relativo a que quien afirma debe probar los hechos correspondientes. Por otro lado, el segundo motivo de inconformidad resulta inoperante, en virtud de que se hace depender del resultado del concepto de violación que fue analizado en los términos que anteceden, y catalogado infundado. De ahí que el sustento del presente concepto de violación resulta inexistente. Sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, abril de 2005, página 1154, con registro digital 178784, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos". Respecto al cuarto concepto de violación relacionado con la cuantificación de los honorarios, el artículo 1348 del Código de Comercio, que rige el procedimiento de origen, establece lo siguiente: "Artículo 1,348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. Por su parte, el numeral 8 de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, prevé lo que enseguida se transcribe: "Artículo 8°.- Los negocios judiciales de cuantía indeterminada se considerarán con la estimación que resulte según la importancia del derecho que se ventile, los trabajos que se presten, el éxito obtenido y las circunstancias personales del cliente". De la interpretación del primer numeral se obtiene que tratándose de asuntos de cuantía indeterminada, para la ejecución de lo sentenciado se presentará la liquidación correspondiente y se llevará a cabo el procedimiento para su fijación. Del diverso artículo en cuestión, invocado por la parte quejosa y aplicado de manera supletoria, se desprende que en los procesos sin cantidad líquida se fijarán los honorarios según los aspectos subjetivos y característicos del negocio. Uno de ellos se refiere a los trabajos prestados durante el juicio en beneficio o para la defensa de las partes. En el caso, se reitera que en el fallo definitivo emitido en el juicio ejecutivo mercantil 54/2019 de origen, se determinó la improcedencia de la acción, por lo que se trata de una cuantía indeterminada. Máxime que tal aspecto a fecha ha causado firmeza. En este panorama, en el recibo de honorarios expedido el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve por el perito Julio César Ramírez León, se obtiene que participó en dos dictámenes periciales, por lo que fijó sus honorarios por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional). Se desglosan diversos factores particulares del asunto: i) la suerte principal en el juicio de origen ascendió a $166,292.00 (ciento sesenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional); ii) se cobró por la elaboración y/o participación en dos opiniones técnicas, virtud de haberse opuesto la excepción de falsedad de firma en el título basal, que a la postre resultó fundada (trabajos); y, iii) en la sentencia definitiva únicamente se le otorgó valor probatorio a los emitidos por dicho experto, así como por la tercera en discordia (éxito obtenido). Quien suscribe estima que tomando en consideración tales aspectos, la suma de honorarios por la prestación del servicio técnico no es excesiva ni desproporcionada, por lo que la parte condenada en gastos y costas no se vería obligada a cubrir una cantidad injustificadamente. Finalmente el tercer motivo en estudio es inoperante en lo tocante a la afectación al derecho fundamental de la libertad de trabajo, en tanto que, se hace derivar nuevamente de lo relativo al incumplimiento del recibo sobre los requisitos fiscales, lo que ya fue desestimado previamente. Sin embargo, la cuestión relativa a la aplicación de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional obliga al suscrito a pronunciarse de fondo al respecto. Por una pena trascendental se entiende como aquellas inhumanas, crueles, infamantes o excesivas, o que no corresponden a los fines perseguidos por la penalidad en general, y las inusitadas son aquellas cuyos efectos van más allá de la persona, es decir, que va en contra de terceros extraños. En el presente asunto se trata de una resolución interlocutoria sobre fijación de honorarios profesionales derivada de una condena de costas, procedimiento del que es parte la aquí quejosa y el cual, como se dijo, se estableció una cantidad que no es excesiva; por lo que no se trata de una transgresión al artículo 22 constitucional en perjuicio de la promovente del amparo. Con independencia de ello, con tales argumentos, la quejosa no combate o desvirtúa las consideraciones y fundamentos que sustentan la resolución que constituye la materia de reclamo en esta instancia constitucional. Es así ya que no versa sobre alguna de las razones sustentadas por la responsable, o bien, la interpretación que realizó de manera sistemática y funcional de las porciones normativas a que aludió; de manera que no esgrime razonamiento alguno en contra de la resolución aquí combatida. Sirve de sustento la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 139-144, Cuarta Parte, página 26, Séptima Época, con registro digital 240779, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya". No pasa inadvertido que en sus motivos de disenso y capítulo correspondiente de la demanda de amparo, la parte quejosa refiere como terceros interesados al perito Julio César Ramírez León. No obstante, no tiene ese carácter que se le pretende asignar, en tanto que el profesionista no fue señalado como parte material en la controversia de origen, sino que fungió como auxiliar. De ahí que esa situación no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el artículo 5, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Silvia Arreola Morales, por conducto de su endosatario en procuración, dados los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejando Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe, hasta el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Conste.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante el Secretario Luis Felipe Sánchez Luna, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo V-621/2022, promovido por Manuel Guillén Hernández, endosatario en procuración de la quejosa María Silvia Arreola Morales, contra actos de la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, se destaca que en el presente asunto se le reconoció el carácter de tercero interesado a David Eduardo Murillo Galindo, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes del demandado Arnoldo Galindo Rodríguez, quien se encuentra debidamente emplazado en autos. El Juez: Téngase hecha la relación de hechos que antecede. Secretario, dé cuenta con el informe justificado que obra en autos. El Secretario: Se da cuenta con el informe justificado rendido por la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. El Secretario en funciones de Juez: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se hace constar que obra en autos la documental que exhibió el quejoso con sus escritos de demanda y aclaratorio, respectivamente; asimismo, en cuaderno de prueba por separado copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 54/2019. El Juez: Ténganse admitidas y desahogadas tales documentales y, al no haber pruebas por pendientes de verificar se pasa al período de alegatos; Secretario, dé cuenta con los formulados en autos. El Secretario: Se hace constar que únicamente la parte tercera interesada formuló los alegatos que a su parte corresponden. El Juez: Ténganse reproducidas tales alegaciones, con lo cual concluye la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.Juez Tercero de Distrito en el Estado Omar Alejandro Elizalde Herrera. Secretario del Juzgado Luis Felipe Sánchez LunaDva
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Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintidós. Se apersona tercero interesado. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el tercero interesado David Eduardo Murillo Galindo, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes del demandado Arnoldo Galindo Rodríguez, a través del cual se apersona al juicio de amparo en que se actúa. Se le tiene señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones; asimismo, como sus autorizadas a las personas que refiere, en términos del segundo párrafo, del artículo 24 de la Ley de Amparo. Finalmente se tienen hechas sus manifestaciones a guisa de alegatos, en términos del artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva
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