Manuel Guadalupe López López y Otros.

Expediente 705/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
705/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
27/05/2015

Partes del expediente

  • Manuel Guadalupe López López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del citado punto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del citado punto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese como corresponda. Así lo provee y firma el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz Alejandro Quijano Álvarez, ante Miguel Ángel González Limón, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    De la diligencia de notificación efectuada el seis de mayo del año en curso, por el fedatario de la adscripción, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, se advierte que el quejoso Manuel Guadalupe López López manifestó que desiste de este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno e infórmese a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Interina del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, a través del cual remiten copia certificada de las constancias requeridas en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa por el término de TRES DÍAS para que manifieste lo que a su interés legal convenga, y tómense en cuenta al momento de resolver este asunto de conformidad con los artículos 75 y 124 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Analizada la demanda de amparo promovida por Manuel Guadalupe López López, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 37, 107, 108, 115, 117, y demás relativos a la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 705/2015. SUSPENSIÓN DE PLANO Del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial por la supuesta falta o infracción cometida; por lo que comuníquese a las autoridades responsables que la suspensión de plano se hace extensiva a dichos actos; de conformidad con los artículos 125 y 126 en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se suspenda la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial; asimismo, deberán restituir los estímulos y beneficios penitenciarios que hayan sido suspendidos, salvo que exista alguna causa justificada en contrario; lo cual deberá efectuarse bajo su más estricta responsabilidad, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo. Se previene a las autoridades responsables para que informen a este Juzgado de Distrito en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262 y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se le reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en el artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro hómine. INCIDENTE Sin tramitarse incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, la cual se fija de manera objetivamente, atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su informe justificado, para lo cual se les remite copia simple del escrito de demanda. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo 117 que antecede, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando las autoridades adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, de ser el caso, deberá anexar copia certificada del reporte que dio origen al supuesto correctivo disciplinario impuesto al quejoso, el citatorio con el que se le hizo de su conocimiento la fecha y hora en que se resolvería sobre la infracción que le atribuyó y que originó dicha sanción y, en su caso, de las constancias relativas a la inconformidad que haya formulado contra la misma. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que al rendir su respectivo informe justificado remitan copia certificada legible y completa de las constancias de las que se adviertan los estímulos proporcionados al quejoso, en ese centro penitenciario; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, se les impondrá una multa por el equivalente de CINCUENTA A MIL días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace de su conocimiento lo previsto en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, el cual establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba del quejoso la siguiente: Inspección ocular: Se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que haga constar el lugar donde se encuentra el quejoso; omitiendo asentar cualquier dato que pudiere vulnerar la seguridad del centro de reclusión donde se lleve a cabo, incluido lugares que permitan su ubicación. Por otra parte, en relación con las testimoniales ofrecidas por la parte quejosa, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición, en razón de que al momento de ofrecerlas, no lo hizo siguiendo los lineamientos del artículo 119 de la Ley de Amparo; esto es, no proporcionó los nombres de las personas que rendirían su testimonio para estar en aptitud de determinar su idoneidad, y tampoco ofreció los cuestionamientos bajo los cuales se les examinaría; por tanto, se estima procedente su desechamiento. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado, sin que se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo solicita el promovente téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el lugar de su reclusión, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, lo anterior de conformidad con lo que dispone la fracción I, inciso a), del artículo 26 de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDAD RESPONSABLE Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIDAD INEXISTENTE En términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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