Manuel Gonzalez Vazquez

Expediente 78/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
78/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
16/03/2017

Partes del expediente

  • Manuel Gonzalez Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que las partes, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (hipótesis prevista en el vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se concedió la suspensión definitiva; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". El cuaderno del duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (hipótesis prevista en el punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VII. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de 78/2017-VII, promovido por Manuel González Vázquez, por derecho propio, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, Manuel González Vázquez promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: 1. Director General y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya, Estado de México. 2. Titular del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya, Estado de México. Autoridades responsables ejecutoras: 3. Titular del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya, Estado de México. Acto reclamado: La negativa u omisión de proporcionarle el servicio médico en las especialidades de dermatología y neurología, así como su cumplimiento y ejecución. SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. El peticionario de amparo argumenta que los actos de autoridad que combate trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales y sus garantías, contenidos en los artículos 1, 4, 8, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite. Por auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional que inicio al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CUARTO. Autoridad inexistente. Por auto de ocho de febrero del año en curso, se dejó de tener como autoridad responsable a la denominada Titular del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", sin que la parte quejosa aclarara la denominación correcta o en su caso señalara alguna diversa; por tanto, esta resolución no se ocupará de los actos atribuidos a dicha autoridad. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que podrían atentar contra la salud de un interno privado de su libertad en un centro federal ubicado en la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: La falta de atención médica en las especialidades de dermatología y neurología. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2000, tomo XI, Novena Época, materia común, con registro número 192097, cuyo rubro y texto que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, pues aquélla no es contraria ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, como tampoco las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia y que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, se advierte que la Directora General y Presidenta del Cómite Técnico, así como la Jefa del Departamento de Servicios Médicos, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, indicando que desde el ingreso del quejoso a dicha Unidad Administrativa, se le ha proporcionado la atención debida a través del personal médico encargado del seguimiento y tratamiento puntual a los padecimientos que presenta, tan es así que recientemente fue valorado por medicina general de lo que resultó con un diagnóstico de vitíligo, sin que fuera canalizado por el médico, a alguna especialidad; y, para apoyar su negativa adjuntaron copia certificada de dicha valoración médica, así como de la hoja de enfermería en la que se aprecia el seguimiento dado a dicho padecimiento. Por tal motivo, si la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar lo aseverado por la responsable, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sin que pase inadvertido que en el caso particular se trate de un acto de naturaleza omisiva que revierte la carga de la prueba a las autoridades responsables, pues a fin de demostrar lo contrario a lo aseverado por el impetrante, es decir, que sí han proporcionado atención médica a Manuel González Vázquez, remitieron las documentales referidas con antelación, de las cuales se obtiene que con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda vía correo (dieciocho de enero de dos mil diecisiete, según el sello de depósito de Correos de México), el quejoso ya había recibido la atención médica necesaria según el diagnóstico médico, y que además no había sido canalizado a alguna de las especialidades que refirió. Máxime que de la mencionada hoja de enfermería incluso se obtiene que el diez de enero de dos mil diecisiete le fue aplicado el ungüento denominado "Traderma" que refiere en su demanda de garantías, le es necesario para detener las manchas en su piel. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Manuel González Vázquez, contra el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria, Carolina Denysee Villagrán Salinas, quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por el Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación por ausencia del Titular de Dicha Unidad y éste en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través del cual, informa las gestiones llevadas a cabo a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A la comunicación oficial remitida, de conformidad con lo previsto en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se le otorga valor probatorio pleno, pues se reconoce como medio de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el correo electrónico, como un medio de transmisión de datos empleados en la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática y por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel. Lo anterior encuentra sustento en lo conducente la jurisprudencia 27/2007, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2007, Tomo XXV, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido." En atención a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, y este juzgado toma conocimiento de su contenido. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.

  4. Incidental

    VI. Toluca, Estado de México; veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta, signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario adscrito a dicha Junta; mediante los cuales rinden su informe previo al presente incidente de suspensión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, y para conocimiento de las partes, agréguense a fin de que surta los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación de ellos al momento de la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

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