Manuel González Rodríguez
Expediente 1611/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1611/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Manuel González Rodríguez
- Edith del Rocío Landeros Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
En once de diciembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, -------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C A:----------------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veinticinco de noviembre al ocho de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Federal el trece de noviembre de la presente anualidad.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha trece de noviembre de dos mil quince, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, y por lo tanto este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente; y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el toca A. P. 218/2015, testimonio del proceso penal 78/2014 en dos tomos y original del cuadernillo de Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obra por separado. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en Funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.
- Principal
En veintitrés de noviembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de noviembre de dos mil quince. Vista la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar a las terceros interesadas, la sentencia de trece de noviembre del año en curso, toda vez que en el presente expediente no obra domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, se hace efectivo en su contra al apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de agosto del año en curso, y se ordena turnar los autos al diligenciario adscrito a este Tribunal Federal, a fin de que proceda a practicar la notificación del fallo de mérito por medio de lista, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales para las citadas terceros interesadas, en términos del artículo 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Bjm. " NOTIFICA POR LISTA A LAS TERCEROS INTERESADAS LA SENTENCIA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) D ELA LEY DE AMPARO. "SE RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, contra los actos de la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy trece de noviembre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1611/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: "FRACCIÓN IV.- LA NORMA GENERAL. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA (ACTO CLAMADO).- Se hace consistir en la Resolución de Segunda Instancia donde se confirma la Resolución Interlocutoria y en mi perjuicio del Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos, recaída dentro del TOCA A.P. 218/2015, emanada de la Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en fecha 17 (diecisiete) de Julio de 2015 (dos mil quince), misma que nos fuera notificada y por conducto de mi Abogado Defensor en Segunda Instancia en fecha 06 (seis) de Agosto de 2015 (dos mil quince)". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señala como derechos fundamentales violados, los consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. Por proveído de veintiocho de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de las terceros interesadas; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La resolución de segunda instancia, dictada en el toca A.P. 218/2015, por la cual, la responsable confirma interlocutoria emitida por la Juez Tercero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, en el Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos, promovido por el aquí quejoso, dentro del proceso penal 78/2014, que se sigue en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación equiparada y atentados a la integridad de las personas. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Certeza: La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe con justificación, por conducto de su Magistrado Presidente, reconoció la existencia de los actos que se les atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con las constancias que integran el toca de apelación penal 218/2015, así como el original del cuadernillo del Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos; y el testimonio del proceso penal 78/2014, en dos tomos; que el Magistrado Presidente de la mencionada Sala responsable, remitió como justificación de sus actos; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedido por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además de los mismos se desprende la existencia de la determinación reclamada. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Los conceptos de violación, en su parte substancial sostienen lo siguiente: Con la resolución reclamada, resultan vulnerados los derechos humanos y garantías individuales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 constitucionales, por lo siguiente: a) Por falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado. b) Por inexacta aplicación e indebida interpretación de la ley, por considerar el quejoso que la responsable debió estimar lo planteado en los agravios expuestos, en lo relativo a que se actualiza el desvanecimiento de datos en cuanto al delito de violación equiparada que se atribuye al impetrante del amparo, en estricta observancia del artículo 280 del Código de Procedimientos Penales, dado que no debió soslayar en ningún momento lo inverosímil del dictamen pericial de la doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores. c) No puede sostenerse que el dictamen antes mencionado, que fue objetado por la defensa del ahora quejoso, sea valorado, en relación con los diversos dictámenes que obran en el sumario, hasta el momento de la sentencia. d) La Sala responsable sobrepone la prueba pericial psicológica y con ello indebidamente señala que los medios de convicción médicos únicamente favorecen al quejoso, pero no tienen un efecto definitivo. e) Es contrario al espíritu del legislador, en lo que atañe al artículo 373, fracción I del Código de Procedimientos Penales del Estado, el que sean valorados hasta la sentencia los dictámenes médicos ginecológicos relativos a los delitos de violación equiparada, porque nuestro más Alto Tribunal ha definido que no se ha de padecer una restricción de libertad personal, si se han desvanecido los elementos que sirvieron de base para el auto de formal prisión; ello, según refiere el quejoso, dado que el resultado material, en cuanto al mencionado delito de violación equiparada, no se advierte ya, atendiendo a lo dictaminado por los peritos designados por la defensa, así como por el perito tercero en discordia. f) Lo razonado por la responsable en el sentido de que la duda razonable no opera en el caso, debido a que ello será materia de la sentencia, vulnera los derechos humanos y garantías individuales invocados. IV. 2. Consideraciones en que se apoya la resolución reclamada. La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se apoyó para emitir su resolución reclamada, en las consideraciones siguientes: "TERCERO.- La libertad por desvanecimiento de datos procede, según se precisa en el artículo 373 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, una vez que se ha dictado el Auto de Formal Prisión y se desvanecen: a). Los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito o, b). Los datos que sirvieron para comprobar la probable responsabilidad del inculpado. Como se indicó con anterioridad, a Manuel González Rodríguez se dictó Formal Prisión por su probable responsabilidad en dos delitos de Violación Equiparada cometidos en agravio de Edith del Rocío Landeros Trejo y dos delitos de Atentados a la integridad de las personas cometidos en perjuicio de la menor Rebeca robles Trejo. Al promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, el defensor de Manuel González Rodríguez considera que se han desvanecido los datos que sirvieron para dictar la formal prisión, pero exclusivamente respecto de los delitos de Violación Equiparada. Los delitos de Violación Equiparada cometidos en agravio de la menor Edith del Rocío Landeros Trejo se encuentran previstos en el artículo 237 fracción I del Código Penal del Estado de Zacatecas en los términos siguientes: "237.- Se equiparará a la violación y se sancionará con la misma pena: 1.- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de edad; en este caso la sanción será de diez a veinticinco años de prisión y multa de veinte a cien cuotas. Si se ejerciera violencia física o moral, a la pena impuesta se aumentarán hasta dos anos..." En la resolución pronunciada por la Primera Sala Penal de este Tribunal Superior de Justicia en el Estado se precisó que los delitos de Violación Equiparada se habían demostrado con las pruebas siguientes: La denuncia formulada por Yamil Liliana Trejo Rodarte, la declaración de Edith del Rocío Landeros Trejo, el Certificado Médico Proctológico practicado a la menor por parte de la Doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores, el dictamen psicológico rendido por Xóchitl Elena Esparza Amaro, la declaración de Maribel Caldera Ramírez, las inspecciones ministerial y judicial del lugar de los hechos, y la copia certificada del acta de nacimiento de la menor Edith del Rocío Landeros Trejo. Durante el periodo constitucional, la defensa ofreció como prueba la pericial médica gineco - proctológica a practicarse respecto de la menor Edith del Rocío Landeros Trejo y en la que los peritos debían pronunciarse en relación con lo siguiente: a) Antecedentes. b) Descripción a la exploración física. c) Observación, y en su caso exploración y descripción del área genital femenina. d) Observación y en su caso exploración de región anal, a fin de determinar si la supuesta lesión antigua, es de cicatriz o la misma corresponde a una variante anatómica normal. e) Se determine si existen datos de conización, debiendo definir lo que es la misma y cuáles serían las consecuencias en caso de que exista en región anal, atendiendo a la disparidad anatómica en genitales masculinos en región anal, por las edades referidas entre la sedicente víctima y el sedicente victimario, en la fecha en que supuestamente ocurrieron los hechos, además del supuesto tiempo en que se reiteró la también supuesta violación. f) Se determine si la cronicidad de antecedente mínimo de hace dos años, o más, puede existir borramiento de pliegues en región anal. g) Metodología empleada con explicación de fase aguda y crónica en casos de violación y bibliografía empleada. h) Conclusiones a las que se llegue y que se precise además: 1) Si la menor Edith del Rocio Landeros Trejo es púber o impúber. 2) Si hay o no desfloración reciente o antigua. 3) Si hay datos de lesión anal reciente o antigua. 4) Si existen lesiones en área corporal externa. (Ver fojas 220 a 222). La prueba no fue posible practicarla dentro del periodo constitucional, pero fue desahogada en la instrucción del proceso. Como peritos de la defensa dictaminaron los médicos Aidee Iris Lissette González Bustos y Daniel Bermúdez Martínez . (Ver fojas 529 a 537). Como perito por parte del Ministerio Público rindió dictamen la Doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores. (Ver fojas 607 a 618). Al ser los dictámenes discordantes, se citó a los peritos a la Junta a que hace alusión el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales, la que tuvo verificativo el día diez de abril de dos mil quince. (Ver fojas 761 a 763). Al persistir las diferencias, se nombró como perito tercero en discordia al doctor Dagoberto Muñoz Álvarez, quien rindió el dictamen que aparece de la foja 792 a la 803. Debe precisarse, que ante la negativa de la menor Edith del Rocio Landeros Trejo de someterse a una nueva exploración médica, los peritos de la defensa y el tercero en discordia, basaron su dictamen en el certificado médico que emitió la doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores y en los datos que obran en el expediente. La médico legista Nancy Nallely Gutiérrez Flores, perito propuesta por el Ministerio Público dictaminó lo siguiente: Al revisar los genitales de la menor Edith del Rocío Landeros Trejo encontró himen integro de tipo semilunar. En la revisión del área anal encontró una cicatriz que mide siete por doce milímetros situada en una proyección de las seis horas de las manecillas del reloj, con borramiento de pliegues y al tacto rectal encontró buen tono de esfínteres. Concluyó además: *Que la menor Edith del Rocío Landeros Trejo es impúber. *No hay datos de desfloración reciente ni antigua. *Si hay datos de lesión en región anal antigua. *No hay lesiones corporales externas que clasificar. En cambio, los peritos propuestos por la defensa así como por la Juez como tercero en discordia, concluyeron de manera esencial lo siguiente: El certificado médico no aporta elementos clínicos para diagnosticar violación anal crónica y fortalece la duda cuando se establece la existencia de un himen integro, al haber declarado la menor que sufrió penetración vía anal y vaginal en forma reiterada. El borramiento de pliegues no es signo de una violación antigua ya que su origen puede ser diverso. |Existe duda-razonable respecto de la cicatriz que la médico legista afirma haber encontrado en el ano de la menor Edith del Rocío Landeros, porque debido a las dimensiones y localización concuerda con las medidas del rafe medio embriológico. Con los dictámenes rendidos por los peritos nombrados por la defensa y por el tercero en discordia nombrado por la Juzgadora, considera la defensa se desvanece el valor que se había conferido en el auto de formal prisión al certificado médico rendido por la doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores. En la resolución incidental recurrida, la Juez razona lo siguiente: Que el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas le concede libertad para apreciar los dictámenes periciales y que ninguna de las opiniones es imperativa. El dictamen gineco-proctológico fue valorado por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado considerándolo como un medio de prueba eficaz para demostrar el delito. Que está impedida para efectuar una nueva ponderación de ese dictamen, porque la resolución dictada por la Primera Sala Penal fue cuestionada en un Juicio de Amparo que está pendiente de resolverse. Que la prueba pericial es útil para la acreditación de los delitos de orden sexual, pero en los que también cobra una especial relevancia la declaración de la víctima y, Que el desahogo de la prueba pericial médica es ineficaz para desvirtuar los elementos de prueba considerados en el auto de formal prisión dictado a Manuel González Rodríguez. Resulta conveniente precisar cuál es lanaturaleza de un incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Ese Resulta conveniente precisar cuál es la naturaleza de un incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Ese incidente, parte del supuesto, de que en la instrucción del proceso, se ha recabado prueba indubitable, que deja sin efecto, el valor que se había concedido a los elementos de prueba que fueron base de la formal prisión. La opinión de la defensa plasmada en sus agravios es que eso ha ocurrido en atención a lo siguiente: El dictamen rendido por los peritos nombrados por la defensa Aidee Iris Lissette González Bustos y Daniel Bermudez Martínez, así como el rendido por el perito tercero en discordia Dagoberto Muñoz Álvarez revelan que no existió maculación alguna ni en vía anal ni vaginal de la menor Edith del Rocío Landeros Trejo. Esos dictámenes, desvanecen los elementos objetivos y externos que integran al cuerpo del delito, a pesar de que exista un dictamen psicológico, porque éste no puede sobreponerse a un dictamen gineco - proctológico. Debió concederse mayor credibilidad a los dictámenes de los peritos nombrados por la defensa y por la juzgadora como tercero en discordia por resultar colegiados. Se genera además, una duda razonable a favor de Manuel González Rodríguez por no haberse permitido que los peritos de la defensa y el tercero en discordia examinaran de manera directa a la menor, y porque la perito del Ministerio Público aceptó en la junta de peritos que ocultó información al no haber exhibido el archivo fotográfico que tenía a disposición. En concepto de este tribunal, no se cumplen los supuestos de procedencia del incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Esa incidencia, se explicó antes, tiene sentido cuando se han obtenido pruebas de un valor indiscutible, que por sí mismas, dejan sin sustento lo declarado probado en el auto de término constitucional. En otras palabras, procede, cuando la prueba recabada en la instrucción, tiene un poder demostrativo directo, que invalida la eficacia de las pruebas con las que se demostró el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado, y en cualquiera de esos dos supuestos, procede una finalización anticipada del proceso. Pero debe tenerse presente, que no es lo mismo pruebas de un efecto definitivo, que pruebas que simplemente favorecen al inculpado. Las opiniones de los doctores Aidee Iris Lissette González Bustos y Daniel Bermúdez Martínez por un lado, y Dagoberto Muñoz Álvarez por el otro, no son de un valor definitivo, favorecen a Manuel González Rodríguez, pero no producen una total anulación de las pruebas que se estimaron aptas para dictar la formal prisión. Lo anterior, porque en contra de lo que opinan, existe el dictamen rendido por la doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores, quien opinó que la menor Edith del Rocío Landeros Trejo si presentaba una cicatriz en región anal y borramiento de los pliegues. Señaló con acierto la Juez, que el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado confiere libertad en la apreciación de los dictámenes periciales, cumpliendo desde luego, con una motivación suficiente, en la que se expresen las razones por las que se acepta una conclusión en lugar de otra. No existe por tanto, una regla en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, en la que se indique que dos opiniones periciales coincidentes deben crear convicción y estimarse por encima de la opinión divergente. En la libertad de apreciación de la que goza el Juez, bien puede decidirse por la opinión minoritaria, así se desprende de la tesis de jurisprudencia que se cita a continuación: No. Registro: 219,697 Tesis aislada Materia(s): Penal Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, Abril de 1992 Tesis: Página: 488 DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, VALOR PROBATORIO DE LOS. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 211/90. Mario Díaz Flores. 4 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 44/90. Martín Rzepka Glockner y otros. 14 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 355/87. Soledad García Alcalá. 2 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Octava Epoca, Tomo VIII-Diciembre, página 192 (2 asuntos). Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Segunda Parte, Tesis 188, página 414 y 415. La discrepancia entre las opiniones de Nancy Nallely Gutiérrez Flores, Daniel Bermúdez Martínez, Aidee Lissette González Bustos y Dagoberto Muñoz Álvarez, aconseja que su ponderación definitiva se realice en la sentencia. En efecto, ante conclusiones discordantes, ninguna de ellas con un valor palmario y evidente, la libertad por desvanecimiento es improcedente, porque se exige del Juez o Tribunal, un análisis anticipado de pruebas que es propio de la sentencia definitiva. No existe razón para que se ponderen en un incidente, pruebas contradictorias, precisamente por esa razón: al tratarse de medios de convicción contrapuestos, la oportunidad para examinarlos es la sentencia. Lo anterior, encuentra fundamento en la jurisprudencia que se cita a continuación: No. Registro: 904,180 Jurisprudencia Materia(s): Penal Quinta Época Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN Tesis: 199 Página: 142 LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS.- Por desvanecimiento de datos no debe entenderse que se recaben pruebas que favorezcan más o menos al inculpado, sino que aquellas que sirvieron para decretar la detención o prisión preventiva, están anuladas por otras posteriores, y si éstas no destruyen de modo directo las que sirvieron de base para decretar la formal prisión, aun cuando favorezcan al inculpado, deben ser materia de estudio en la sentencia definitiva no pueden servir para considerar desvanecidos los fundamentos de hecho de la prisión motivada. Quinta Época: Amparo en revisión 807/30.-Pedrero Demófilo.-14 de agosto de 1930.-Cinco votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1665/35.-Sahuí Miguel.-25 de julio de 1936.-Cinco votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2943/37.-González López Antonio.-27 de julio de 1937.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 8447/ 37.-Narro Rangel Carlos. -2 de marzo de 1938.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 8035/37.-Villaseñor Torres Carlos.-6 de octubre de 1938.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 120, Primera Sala, tesis 212. Los dictámenes rendidos por los peritos de la defensa y por el tercero en discordia, favorecen a Manuel González Rodríguez, pero su análisis definitivo es propio de la sentencia, pues ahí es donde deben ser examinados, para decidir si prevalecen por encima del rendido por la perito nombrada por el Ministerio Público. Por otro lado, con esos dictámenes, no se anulan en su alcance la denuncia formulada por la señora Yamil Liliana Trejo Rodarte y la declaración rendida ante el Ministerio Público por la menor Edith del Rocio Landeros Trejo, el dictamen psicológico rendido por Xóchitl Elena Esparza Amaro, la declaración de Maribel Caldera Ramírez y las inspecciones ministerial y judicial del lugar de los hechos, que se estimaron útiles para demostrar los delitos de Violación Equiparada. La duda razonable que invoca la defensa, procede declararla si es que existe, en la sentencia y no en un incidente como el que se promovió. En efecto, para que el Juez declare que hay duda en relación a la responsabilidad de una persona, debe partirse de que se ha reunido toda la prueba y que al dictarse la sentencia, se considera que con todo el material de prueba no se tiene una plena certeza de la autoría o participación. Eso no ocurre en el presente caso, donde aún se están desahogando pruebas y como consecuencia, no se ha llegado a la fase en que el Juez tenga que resolver en definitiva. En las condiciones expuestas, cabe concluir, que hay una distancia, entre pruebas de un valor concluyente y pruebas que simplemente favorecen al sujeto activo, con las primeras es que procede la libertad por desvanecimiento de datos, las segundas en cambio, no obligan a un análisis anticipado, pues su estimación final corresponde a la sentencia. Cabe hacer mención que existen en el proceso además de la prueba pericial medica, diversas pruebas ya desahogadas y otra más pendientes por desahogar, sin embargo, se insiste en que la valoración de esas pruebas debe hacerse en la sentencia definitiva, porque hasta ahora no se han conseguido anular en su eficacia, las que fueron tomadas en cuenta para dictar la formal prisión". V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. El acto reclamado se hace consistir, en la resolución de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictada en el toca A.P. 218/2015, por la cual, la propia responsable confirma interlocutoria emitida por la Juez Tercero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, en el Incidente de libertad por desvanecimiento de datos, promovido por el aquí quejoso, dentro del proceso penal 78/2014, que se sigue en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación equiparada y atentados a la integridad de las personas; interlocutoria, por medio de la cual, el juez de primera instancia declaró improcedente el incidente de que se trata. Ahora bien contrariamente a lo afirmado por el promovente del amparo, la resolución reclamada no transgrede en su perjuicio las garantías consagradas por los preceptos constitucionales que invoca, pues en primer término, la misma se encuentra fundada y motivada. Ello si se atiende a que, por una parte, la Sala responsable cita las disposiciones en que se apoyó para resolver en la forma en que lo hizo, es decir, los artículos 373 y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado, así como 237, fracción I del Código Penal, también del Estado, de igual forma, las tesis de rubros "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS" y "DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, VALOR PROBATORIO DE LOS". Por otra parte, se dan las razones por las cuales la propia responsable consideró procedente confirmar la interlocutoria recurrida, por la que se declaró improcedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, mismas que se consideran acertadas, y que consisten, particularmente en lo siguiente: 1) Conforme a lo dispuesto por el artículo 373 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, procede la libertad por desvanecimiento de datos, una vez que se ha dictado el Auto de Formal Prisión y que se desvanecen, los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, o bien, los datos que sirvieron para comprobar la probable responsabilidad del inculpado. 2) El incidente de libertad por desvanecimiento de datos, parte del supuesto, de que en la instrucción del proceso, se ha recabado prueba indubitable, que deja sin efecto, el valor que se había concedido a los elementos de prueba que fueron base de la formal prisión. 3) Para la procedencia del mencionado incidente, debe tenerse presente, que no es lo mismo pruebas de efecto definitivo, que pruebas que simplemente favorecen al inculpado, como ocurre en la especie, en que las opiniones de los doctores Aidee Iris Lissette González Bustos y Daniel Bermúdez Martínez, por un lado, y Dagoberto Muñoz Álvarez por el otro, no son de un valor definitivo, favorecen a Manuel González Rodríguez, pero no producen una total anulación de las pruebas que se estimaron aptas para dictar la formal prisión; ello porque en contra de lo que los mismos opinan, existe el dictamen rendido por la doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores, quien opinó que la menor Edith del Rocío Landeros Trejo si presentaba una cicatriz en región anal y borramiento de los pliegues. 4) Como lo señaló la Juez del proceso, el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado confiere libertad en la apreciación de los dictámenes periciales, siempre y cuando se cumpla con una motivación suficiente, sin que exista una regla en el propio código adjetivo, en la que se indique que dos opiniones periciales coincidentes deben crear convicción y estimarse por encima de la opinión divergente, por lo que en libertad de apreciación del Juzgador, bien puede decidirse por la opinión minoritaria. Razonamiento el anterior que apoya la Sala responsable en la tesis aislada de rubro "DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, VALOR PROBATORIO DE LOS". 5) Ante las conclusiones discordantes de los dictámenes médicos de mérito, la libertad por desvanecimiento es improcedente, porque se exige del Juez o Tribunal que resuelva el incidente respectivo, un análisis anticipado de pruebas, que es propio de la sentencia definitiva, sin que exista razón para que se ponderen en tal incidente, pruebas contradictorias, dado que al tratarse de medios de convicción contrapuestos, la oportunidad para examinarlos es la sentencia. Al respecto, la responsable cita en apoyo la tesis de rubro "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS". 6) Los dictámenes rendidos por los peritos de la defensa y por el tercero en discordia, favorecen a Manuel González Rodríguez, pero su análisis definitivo es propio de la sentencia, porque ahí es donde deben ser examinados, para decidir si prevalecen por encima del rendido por la perito nombrada por el Ministerio Público. 7) Con los dictámenes a que se alude, no se anulan en su alcance probatorio la denuncia formulada por Yamil Liliana Trejo Rodarte y la declaración rendida ante el Ministerio Público por la menor Edith del Rocio Landeros Trejo, el dictamen psicológico rendido por Xóchitl Elena Esparza Amaro, la declaración de Maribel Caldera Ramírez y las inspecciones ministerial y judicial del lugar de los hechos, que se estimaron útiles para demostrar los delitos de Violación Equiparada. 8) La duda razonable que invoca la defensa, procede declararla si es que existe, en la sentencia y no en un incidente como el que se promovió; dado que, para que el Juez declare que hay duda en relación a la responsabilidad de una persona, debe partirse de que se ha reunido toda la prueba y que al dictarse la sentencia, se considera, que con todo el material de prueba no se tiene una plena certeza de la autoría o participación. 9) Hay una distancia, entre pruebas de un valor concluyente y pruebas que simplemente favorecen al sujeto activo, con las primeras es que procede la libertad por desvanecimiento de datos, las segundas en cambio, no obligan a un análisis anticipado, pues su estimación final corresponde a la sentencia. 10) En la especie, no se cumplen los supuestos de procedencia del incidente de mérito, porque no se ha conseguido anular en su eficacia, las pruebas que fueron tomadas en cuenta para dictar la formal prisión. Lo que significa que, el concepto de violación sintetizado en el inciso a), resulta infundado, puesto que, como ya se dijo, la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, ya que de lo expuesto se aprecia que las razones expuestas por la Sala responsable, se adecúan a las normas citadas. Además, la resolución reclamada, se encuentra también motivada en cuanto a lo dispuesto por el artículo 373 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en el sentido de que, la libertad por desvanecimiento de datos procede cuando en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el auto de formal prisión, aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito. Pues al respecto, la Sala Penal responsable, no solamente se limitó a precisar que la valoración de las pruebas que favorecen la situación jurídica del quejoso, será materia de la sentencia definitiva, sino que expresó las razones por las que estimó que los dictámenes emitidos por los médicos Aidee Iris Lissette González Bustos y Daniel Bermúdez Martínez, peritos designados por la parte ahora quejosa, así como el del perito tercero en discordia al doctor Dagoberto Muñoz Álvarez, no desvanecieron plenamente las pruebas que se tomaron en consideración para la emisión del auto de formal prisión y la confirmación del mismo, dado que indicó, que no solamente se trataba del dictamen emitido por la perito designada por parte del Ministerio Público, Doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores, respecto del cual, los dictámenes anteriores eran discordantes, sino también, que no se anulan en su alcance probatorio la denuncia formulada por Yamil Liliana Trejo Rodarte y la declaración rendida ante el Ministerio Público por la menor Edith del Rocio Landeros Trejo, ni el dictamen psicológico rendido por Xóchitl Elena Esparza Amaro, así como tampoco, la declaración de Maribel Caldera Ramírez, y las inspecciones ministerial y judicial del lugar de los hechos, que se estimaron útiles para demostrar los delitos de Violación Equiparada. Razón por la cual, consideró que los aludidos dictámenes solamente resultan ser pruebas que favorecen al quejoso, es decir de descargo, que solamente pueden analizarse en la sentencia definitiva, en relación con las pruebas de cargo existentes. Al respecto resulta aplicable, por las razones que la informan, la tesis aislada número I.6o.P.43 P (10a.) consultable en la página 2442, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. ANÁLISIS QUE EL JUEZ DEBE REALIZAR PARA RESOLVERLO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 546, 547 Y 551 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. De la interpretación sistemática de estos artículos se advierte que la palabra "fundamentos" -del auto de plazo constitucional-, contenida en el numeral 546 de dicho código, hace alusión a la connotación operativa que tiene con su artículo 547, en cuanto que éste precisa que procede la libertad por desvanecimiento de datos cuando: 1. En el curso del proceso se hayan desvanecido, por prueba plena, las (pruebas) que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito; y 2. Cuando, sin que aparezcan datos posteriores de responsabilidad, se hayan desvanecido, por prueba plena, los (datos) señalados en el auto de formal prisión o sujeción a proceso, para tener al procesado como probable responsable. Por ello, cuando el incidente se funda en la fracción I del mencionado artículo 547, el Juez verificará si se han desvanecido "las pruebas" que sirvieron para comprobar el "cuerpo del delito", pues el pronombre "las", está ligado sintácticamente con la locución adverbial "prueba plena" que le antecede, en la inteligencia de que el desvanecimiento de la prueba puede ocurrir, entre otros motivos, por presentarse durante la instrucción otra que desvirtúe plenamente el valor demostrativo de la utilizada en el auto de formal prisión, o porque se demuestre su falsedad por algún motivo y, al establecer en plural "las pruebas", obedece a que el "cuerpo del delito", por regla general, está constituido por elementos objetivos, normativos y subjetivos, cuya acreditación requiere demostrarse con medios de prueba idóneos para cada elemento, por ello, al desvanecerse totalmente las pruebas, el efecto del incidente será el de conceder la libertad con efectos definitivos y sobreseer el proceso (artículo 551, párrafo segundo). En cambio, en la fracción II del referido artículo 547, al existir una connotación sintáctica entre las palabras "datos" y el pronombre "los", que le precede, implica que el Juez debe verificar el desvanecimiento pleno de los "datos" (no de los medios de prueba) que sirvieron para acreditar la probable responsabilidad penal en el auto de plazo constitucional, entendiéndose por "datos", la información fáctica o jurídica obtenida de algún medio de prueba, útil para el juzgador para la construcción de sus presunciones en la demostración de la probable responsabilidad del enjuiciado. Así, lo que debe desvanecerse plenamente son los datos utilizados para acreditar la probable responsabilidad y no los medios de prueba de donde se desprendieron, pues de éstos pueden resultar otros datos no utilizados en el auto de formal prisión, que unidos a otros que surjan posteriormente, puedan demostrar la participación del procesado en una conducta ilícita; por lo que el efecto del incidente en este caso, es conceder la libertad con los mismos efectos del auto por falta de elementos, quedando expedita la acción del Ministerio Público para pedir nuevamente la aprehensión o comparecencia del inculpado, así como una diversa formal prisión o sujeción a proceso, si aparecieren "nuevos datos" que lo ameriten (artículo 551, párrafo primero). Ahora bien, en ambas hipótesis de procedencia del incidente, se requiere de "prueba plena", por tanto, para comprender el sentido jurídico de esta locución, debe acudirse al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que la prevé conforme a dos sistemas de valoración: el de la "tarifa legal o prueba tasada", que sujeta al Juez a reglas abstractas preestablecidas que le señalan el valor legal del medio de prueba que le permite demostrar un "hecho" (artículos 250, 251 y 253); y, el de la "libre valoración de las pruebas", que le otorga facultades para hacer una libre valoración personal y concreta del material probatorio (artículo 261). En ese entendido, la legislación regula la "prueba plena" en función a la convicción que un solo medio de prueba puede dar al Juez para la demostración de un hecho, o bien, mediante el método de valoración indiciario, que permite el enlace de varios medios de prueba (indicios) para demostrar la verdad conocida y la que se busca, apreciando en conciencia el valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena de un hecho. Por ende, en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, el Juez de instrucción tiene facultades para arribar a la "prueba plena" del desvanecimiento total de las "pruebas" o de los "datos", utilizando alguno o ambos sistemas de valoración probatoria; de ahí que no basta para considerar motivado lo resuelto en un incidente, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, que el juzgador genérica y dogmáticamente precise que la valoración de las pruebas que favorecen la situación jurídica del quejoso, será materia de la sentencia definitiva, pues ello vulnera el derecho a una justicia pronta y el respeto a la libertad personal". Asimismo, resulta aplicable, la tesis aislada número visible en la página 370, Tomo X, Octubre de 1992 de la Octava época del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, IMPROCEDENCIA DE LA. CUANDO NO SE DESVIRTUAN TODOS LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON PARA DECRETAR EL AUTO DE FORMAL PRISION. Para que proceda el desvanecimiento de datos, se requiere que todos aquellos elementos que sirvieron de base para la formal prisión, hayan quedado desvirtuados plenamente y destruidos con prueba fehaciente, y no tan sólo uno de ellos. De igual forma, es infundado el concepto de violación relacionado en el inciso b), ya que de lo expuesto en párrafos precedentes, no se aprecia una inexacta aplicación e indebida interpretación de la ley, toda vez que contrario a lo que pretende el quejoso, la responsable, en lo relativo a la actualización de desvanecimiento de datos, y concretamente, en cuanto a la observancia del artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado, si realizó una correcta aplicación. Lo anterior, ya que indicó que el citado numeral, confiere libertad en la apreciación de los dictámenes periciales, siempre y cuando se cumpla con una motivación suficiente, asimismo, que no existe una regla en el mencionado código adjetivo, en la que se indique que dos opiniones periciales coincidentes deben crear convicción y estimarse por encima de la opinión divergente, puesto que en libertad de apreciación del Juzgador, bien puede decidirse por la opinión minoritaria, apoyándose además para ello en la tesis aislada de rubro "DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, VALOR PROBATORIO DE LOS". Sin que por otra parte, asista razón al peticionario de garantías en manifestar que la responsable no debió soslayar en ningún momento lo inverosímil del dictamen pericial de la doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores, ya que de la resolución reclamada, así como de las diversas constancias de los autos del sumario, no se aprecia que en algún momento se hubiera considerado inverosímil ese dictamen, pues por el contrario, fue una de las pruebas que se tomó en cuenta para la emisión y confirmación del auto de formal prisión dictado en contra del impetrante del amparo. También resulta infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso c), pues contrario a lo que aduce el peticionario de garantías, en la resolución reclamada sí puede sostenerse que el dictamen pericial de la doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores, que fue objetado por la defensa del ahora quejoso, sea valorado, en relación con los diversos dictámenes que obran en el sumario, hasta el momento de la sentencia. Pues como lo indica la Sala responsable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 373 del Código de Procedimientos Penales del Estado, para la procedencia incidente de libertad por desvanecimiento de datos, debe tenerse presente, que no es lo mismo pruebas de efecto definitivo, que pruebas que simplemente favorecen al inculpado, dado que para la procedencia de dicha libertad, en los dos casos establecidos en el mencionado numeral, se requiere, que con posterioridad al dictado del auto de formal prisión, aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, o bien, que en cualquier estado de la instrucción y sin que hubieren aparecido datos posteriores de responsabilidad, se hayan desvanecido plenamente los considerados en el auto de formal prisión para tener al detenido como presunto responsable. Circunstancias las anteriores, que no ocurren en la especie, debido a que las opiniones de los doctores Aidee Iris Lissette González Bustos y Daniel Bermúdez Martínez, por un lado, y Dagoberto Muñoz Álvarez por el otro, no son de un valor definitivo, pues como acertadamente lo señaló la Sala responsable, favorecen al quejoso Manuel González Rodríguez, pero no producen una total anulación de las pruebas que se estimaron aptas para dictar la formal prisión. Ello, porque como también lo aduce la responsable, en contra de lo que los citados médicos opinan, existe el dictamen rendido por la doctora Nancy Nallely Gutiérrez Flores, quien opinó que la menor Edith del Rocío Landeros Trejo si presentaba una cicatriz en región anal y borramiento de los pliegues. Además, como lo también lo refiere la responsable, con los aludidos dictámenes, no se anulan en su alcance probatorio la denuncia formulada por Yamil Liliana Trejo Rodarte y la declaración rendida ante el Ministerio Público por la menor Edith del Rocio Landeros Trejo, ni el dictamen psicológico rendido por Xóchitl Elena Esparza Amaro, así como tampoco, la declaración de Maribel Caldera Ramírez, y las inspecciones ministerial y judicial del lugar de los hechos, que se estimaron útiles para demostrar los delitos de Violación Equiparada; por lo que no únicamente sobrepone la prueba pericial psicológica, en cuanto a los dictámenes médicos de referencia. Razón por la cual, no puede considerarse que indebidamente señale que los multicitados medios de convicción médicos únicamente favorecen al quejoso, pero no tienen un efecto definitivo, pues asiste razón a la mencionada Sala al estimarlo así, dado que como quedó precisado, para que los medios de prueba tengan carácter de definitivo en un incidente como el que dio origen a la resolución reclamada, es requisito indispensable, que anulen plenamente los medios de prueba que sirvieron de base para el dictado del auto de formal prisión, lo cual, en las condiciones señaladas, no ocurre en el caso. Por ello, es igualmente infundado el concepto de violación relacionado en el inciso d). Atinente a lo expresado en el concepto de violación sintetizado en el inciso e), tampoco asiste razón al ahora quejoso, pues si bien es cierto que es contrario al espíritu del legislador, en lo que atañe al artículo 373, fracción I del Código de Procedimientos Penales del Estado, el que sean valorados diversos medios de prueba hasta la sentencia, ello solamente se da, cuando efectivamente, como lo aduce el quejoso, ya no exista el resultado material, más no en el caso, en que, como se ha dejado asentado, los dictámenes médicos de los peritos designados por la defensa, así como del perito tercero en discordia, al estar contradichos por otras probanzas, únicamente favorecen al impetrante del amparo, pero no anulan plenamente los datos de prueba tomados en consideración para la emisión y confirmación del auto de formal prisión dictado en contra del propio amparista. Por lo cual, no es posible decretar la libertad por desvanecimiento de datos como lo pretende el impetrante del amparo, para que deje de padecer la restricción de su libertad personal. Finalmente, resulta infundado el concepto de violación referido en el inciso f), ya que es correcto lo precisado por la Sala responsable en el sentido de que la duda razonable no opera en el caso, pues, como ha quedado asentado, la interlocutoria impugnada en el recurso de apelación que culminó con la resolución reclamada, fue emitida en un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, el cual se rige por el artículo 373 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que establece dos casos para la procedencia de dicha libertad, es decir, que con posterioridad al dictado del auto de formal prisión, aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito; y, que en cualquier estado de la instrucción y sin que hubieren aparecido datos posteriores de responsabilidad, se hayan desvanecido plenamente los considerados en el auto de formal prisión para tener al detenido como presunto responsable. Sin que se aprecie que hable de duda razonable, por lo cual, como lo indicó la Sala responsable, ello será materia de la sentencia definitiva que en su momento se dicte. Lo anterior además, porque la norma que regula el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, no transgrede el principio de presunción de inocencia, dado que la exigencia que en la misma se establece, es decir, la consistente en que procede el incidente de libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan plenamente desvanecidos todos y cada uno de los medios de prueba que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, no supone en modo alguno presumir la culpabilidad del reo, ya que eso sería lógicamente imposible dado que el incidente se dicta dentro de la instrucción, esto es, antes de que se le pueda considerar penalmente responsable, por lo que en dicho incidente no es posible realizar análisis sobre la mencionada duda razonable. Resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Aislada(Constitucional, Penal) número 1a. XIII/2010, consultable en la página 119, Tomo XXXI, Febrero de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL ARTÍCULO 422, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDO PROCESO. El referido precepto establece que durante cualquier etapa de la instrucción y después del dictado del auto de formal prisión, procede el incidente de libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan plenamente desvanecidos todos y cada uno de los medios de prueba que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito. Esta norma no transgrede el principio de presunción de inocencia, dado que la exigencia antes descrita no supone en modo alguno presumir la culpabilidad del reo, ya que eso sería lógicamente imposible dado que el incidente se dicta dentro de la instrucción, esto es, antes de que se le pueda considerar penalmente responsable. Más bien, la figura, cuando se cumple, está encaminada al fortalecimiento de este derecho, al permitir que mucho antes del dictado de una sentencia, una persona sujeta a un procedimiento penal pueda recobrar su libertad. Asimismo, la norma no genera ningún estado de incertidumbre en cuanto a su configuración lingüística, toda vez que se refiere inequívocamente a la desaparición o desvanecimiento de todos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, sin que ninguno de los términos empleados sufra de notoria ambigüedad y sin que los conceptos utilizados por el legislador sean particularmente vagos. Por último, el mencionado precepto tampoco incurre en alguna violación respecto a los principios de seguridad jurídica y debido proceso, pues, por el contrario, la medida está pensada para eventualmente suspender un procedimiento incoado contra una persona cuando ya no tiene ningún sentido. Se trata de una medida que impide que un inculpado tenga que pasar por todo un proceso penal cuando han desaparecido los medios de prueba con los que se contaba para mantenerlo en ese estado". Razón por la cual, no se vulneran los derechos humanos y garantías individuales invocados por el impetrante del amparo. En tales condiciones, cabe concluir que la resolución reclamada no resulta violatoria de garantías en perjuicio del quejoso; por tanto, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, ya que de acuerdo a lo asentado en párrafos precedentes, no se advierte queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, contra los actos de la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy trece de noviembre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) D ELA LEY DE AMPARO. "SE RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, contra los actos de la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy trece de noviembre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Manuel García Pinedo871/2019
- Manuel García Pinedo501/2017
- Manuel Garza López1819/2014
- Manuel Gerardo Uribe Gutiérrez2065/2015
- Manuel González Márquez92/2016
- Manuel González Rodríguez4020/2014
- Manuel González Rodríguez556/2015
- Manuel Guadiana Méndez1308/2018
- Manuel Guerrero González773/2022
- Manuel Gurrola Raudales832/2018
- Manuel Herrera Pichardo615/2021
- Manuel Humberto FèLix Alvarado482/2020