Manuel Gilberto Martínez Gaxiola
Expediente 596/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Manuel Gilberto Martínez Gaxiola
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Destino del expediente Este juicio no es de relevancia documental y no contiene valores ni documentos originales exhibidos por las partes; es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
ELECTRÓNICA Visto el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, con el que remite el expediente 356/2021-VI de su índice, promovido por ..., contra un acto del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Número Dos de la Agencia Investigadora MH-5 de la Fiscalía de Investigación Territorial Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, al haberse considerado dicho órgano jurisdiccional, legalmente incompetente para conocer del asunto. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo correspondiente; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número 596/2021. DESECHAMIENTO: De la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste en "la ilegal citación que se pretendió realizar a mi persona a través de un correo electrónico". Al respecto, cabe precisar que de la fracción XII, del arábigo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan una afectación directa, inmediata y definitiva a la esfera jurídica de la impetrante del amparo. Así, el interés jurídico, puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, considerado como aquél que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole a su destinatario una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, lo cual, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. En el caso se estima que la parte quejosa carece de interés jurídico para combatir el acto reclamado precisado anteriormente, pues un citatorio sin apercibimiento, no es más que una simple exhortación a comparecer ante el Ministerio Público, que emite en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación que no afecta derechos sustantivos del gobernado, puesto que está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual fue citado. En efecto, el citatorio como parte de la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ésta se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos (lo cual no se advierte en la especie); lo mismo acontece cuando se acuerda sobre la consignación de la indagatoria y se ejerce la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que afectaría la esfera jurídica del quejoso. Bajo esas condiciones, el juicio de amparo es improcedente, contra actos y diligencias llevados a cabo por el Ministerio Público tendientes a la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales aquellos inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 21 constitucional, la persecución de los delitos es facultad exclusiva de los órganos investigadores, quienes en ejercicio de esa atribución, practican diversas diligencias dentro de la carpeta de investigación respectiva, a fin de probar la comisión del delito, sus circunstancias y la probable responsabilidad de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; actuaciones que por sí no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado, pues las mismas son de orden público; desde luego, siempre y cuando, con ellas no se ordene o se prive de la libertad, posesiones o derechos del gobernado. Por ello, el actuar de la responsable, per se, no le causa perjuicio alguno al inconforme y menos aún a sus derechos fundamentales, pues el Ministerio Público, conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por los numerales 21 y 102 constitucionales, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para establecer posibles hechos delictuosos, integrar la correspondiente carpeta de investigación y ejercer la acción penal; determinación esta última que en todo caso tampoco, por sí misma, afecta la esfera jurídica del quejoso, ya que con ella no se ordena la privación de su libertad, posesiones o derechos, pues es al Juez de control a quien le corresponde resolver sobre el pedimento de la Representación Social y la determinación que se emitiera al respecto, es la que podría afectar tales derechos, consecuentemente los actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación no vulneran las prerrogativas de los impetrantes. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que al rubro dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." Así como la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Luego, en el caso, el citatorio de veintidós de junio de dos mil veintiuno, girado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Número Dos de la Agencia Investigadora MH-5 de la Fiscalía de Investigación Territorial Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, no trasgrede los derechos sustantivos del impetrante, por el hecho de que constituyen un mandato emitido por la autoridad responsable ordenadora que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos. Lo anterior, pues como se anticipó, el Ministerio Público en ejercicio de su actividad de investigación, entre otras cuestiones, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con las excepciones correspondientes, ello será cuando se afecten -o exista posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos. Asimismo, tiene la facultad de ordenar, por medio de la fuerza pública, la presentación de aquella persona que habiendo sido debidamente citada, no hubiere comparecido sin causa justificada; es decir, en ese caso se estaría en presencia de una orden de presentación, circunstancia en la que sí se vería afectado el derecho sustantivo relativo a la libertad, derivado de los efectos restrictivos del espacio al cual habría de sujetarse al gobernado, pues se limita temporalmente su derecho a la libertad, la cual finaliza cuando se desahoga la diligencia que motiva la presencia del individuo, instante en que el citado puede retirarse del lugar, lo que en el caso no acontece. De tal manera, este juzgador estima que la presente instancia constitucional no es procedente contra la citación emitida por el agente del Ministerio Público responsable en contra del quejoso, pues no contiene apercibimiento alguno en el supuesto de que no asistiera a la diligencia correspondiente, la cual a la fecha de la presentación de la demanda ha trascurrido (dos de julio de dos mil veintiuno). En esos términos, se aprobó la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1341 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de 2019, tomo III, materia común, décima época, de rubro siguiente: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA.". Sin que sea obstáculo a lo anterior, que con la emisión del citatorio en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional, puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio. En el Estado de Derecho no se pueden ignorar los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, como en el caso, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, se han establecido los presupuestos y criterios de admisibilidad, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la invocación genérica de los derechos humanos o de la interpretación de los tratados internacionales. En tales condiciones, deviene incontrovertible que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la nueva ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo. DE LA PARTE QUEJOSA: Como expresamente lo solicita, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico del juicio en que se actúa a través del usuario que proporciona "...", así como su notificación electrónica a través del mismo medio. Lo anterior es así, pues aun cuando también señala un domicilio físico para oír y recibir notificaciones, lo cierto es que por certeza no puede tenerse como tal ambos medios, y este juzgador opta por el electrónico, en atención a que por la situación de emergencia que impera en el país, debe privilegiarse la tramitación del juicio mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. No obstante lo anterior, la parte en cualquier momento puede cambiar la modalidad de las notificaciones. Asimismo, téngase a la ... como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se le exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente vía electrónica a la parte quejosa.
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