Manuel Gilberto Martínez Gaxiola

Expediente 356/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
356/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Manuel Gilberto Martínez Gaxiola

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio que en ella se indica; al efecto, se tiene al Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acusando recibo de los autos del juicio de amparo 356/2021-VI, e informando que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado y registró la demanda de amparo bajo el número 596/2021, de la estadística de su juzgado; además, del comunicado que se recibe se advierte que el oficiante procedió a desecha de plano el escrito inicial de demanda. En mérito de lo anterior, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido, al tenor de lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo firmada por **, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Número Dos de la Agencia Investigadora MH-5 de la Fiscalía de Investigación Territorial Miguel Hidalgo en Ciudad de México. En principio, regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado Federal con el número consecutivo 356/2021-VI y fórmese expediente. Ahora bien, una vez analizada íntegramente la demanda de amparo y anexo, se advierte que este juzgado de Distrito, resulta legalmente incompetente para conocer de dicha demanda, por razón de territorio; ello, con apego en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Por su parte, los artículos 38 y 48 del citado ordenamiento, en lo que interesan, respectivamente, disponen: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Del artículo 37 de la legislación aplicable, es asequible obtener las siguientes reglas de competencia por territorio: 1. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisado lo anterior, para determinar la competencia en un juicio de amparo indirecto, lo que debe tomarse en consideración es la naturaleza de lo combatido, para establecer si requiere de ejecución material o si sólo se trata de actos declarativos que carecen de ella, pues atendiendo a esa característica, se podrá resolver si el Juzgado competente es aquél en que deba tener ejecución el acto, o si es donde se presente la demanda de amparo. En el particular, el acto reclamado que se atiende en el presente caso, se hace consistir en el siguiente: "La ilegal citación que se pretendió realizar a mi persona a través de un correo electrónico, violando lo dispuesto en los artículos 75 y 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales". Y de los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad expuso el quejoso, así como del anexo que acompaña a su escrito de demanda, se desprende que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el agraviado recibió un correo electrónico desde la dirección **, en el cual se adjuntó un citatorio para que comparezca el dos de julio de dos mil veintiuno, a las diez horas, ante la Agente del Ministerio Público en MH-4, con domicilio en **, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con el objeto que en calidad de imputado, se le recabe su entrevista en la carpeta de investigación **. De lo anteriormente transcrito, se obtiene que el reclamo del solicitante del amparo se hace tratar de una citación para que comparezca ante las instalaciones de la autoridad responsable con residencia en la Ciudad de México, para que se le recabe una entrevista en su calidad de imputado, dentro de una carpeta de investigación; entonces, el reclamo del promovente no se trata de un acto que doctrinariamente se le conoce como "declarativo", esto es, que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; tampoco nos encontramos ante una omisión, es decir un "no hacer" de la autoridad, pues el agraviado tilda como ilegal la manera en que se le está tratando de practicar una citación que emitió el fiscal responsable, entonces, se desprende la existencia de un acto jurídico; entonces, en el presente caso el acto reclamado (citatorio) sí conlleva una ejecución materia, pues implica la obligación de presentarse ante la autoridad requirente. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, es evidente que el acto reclamado tiene su ejecución material en la Ciudad de México, en donde la responsable tiene su recinto oficial, toda vez que emitió el citatorio dentro de la carpeta de investigación **, seguida en contra del quejoso **, para que compareciera ante su presencia, es decir en las instalaciones de su residencia oficial; por tanto, es de sostenerse que tales circunstancias ponen de manifiesto que este juzgado es legalmente incompetente para conocer del acto reclamado, en virtud de que, atendiendo a lo establecido por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, es claro, que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que esté ejecutando el acto reclamado. Sin que sea dable considerar que el acto reclamado haya tenido ejecución en el territorio donde este juzgado de Distrito ejerce competencia, por el hecho de que el impetrante señale que cuenta con domicilio en esta entidad federativa, en virtud de que de la demanda de amparo no se advierte que la responsable u otra autoridad haya ejecutado actos relacionados con el reclamado dentro del Estado de Nuevo León, dado que el citatorio fue enviado al quejoso vía electrónica a su cuenta de correo electrónico; luego entonces, hasta el momento no se advierte que se haya desplegado un acto material para proceder a notificar el citatorio en esta entidad, como lo sería que un funcionario público se apersone físicamente en el domicilio del promovente a fin de tratar de hacerle de su conocimiento el contenido del citatorio; por ese motivo se considera que no se surte la hipótesis contemplada en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no ha tenido ejecución material en este Estado. En consecuencia, este Juzgado de Distrito, se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por ** y conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, declina su competencia al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos juzgados, para los efectos del artículo 48 de la ley de la materia; a quien deben remitirse los autos, para que tenga a bien pronunciarse al respecto, solicitándose al órgano jurisdiccional respectivo acuse recibo de estilo. En tales condiciones, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la totalidad de las actuaciones del presente asunto, para que se deje como constancia. Ténganse a la parte quejosa señalando para oír y recibir notificaciones el domicilio que se menciona en la demanda, acorde a lo dispuesto por el precepto 27, fracción I de la Ley de Amparo; asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que al consultarse la dirección de internet http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se constató que la cédula profesional *, se encuentra a nombre de **, acreditándola como licenciada en derecho, por tanto, téngase autorizando a dicha profesionista en mención en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, para que esté en posibilidad de practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Como lo solicita el promovente, se autoriza la consulta vía internet del presente expediente, con el nombre de usuario **, para que pueda acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del numeral 3 de la Ley de Amparo y el artículo 36 primer párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por tanto, se instruye a la oficial judicial "A", para que proceda a dar de alta al referido usuario, con efectos de autorización en el sistema mencionado. Con independencia de lo anterior, acorde a lo previsto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa, que solicite expresamente que las notificaciones personales se le practiquen de forma electrónica; además, para que proporcione sus "datos de contacto", como lo es, correo electrónico y un número de teléfono móvil; lo anterior, con la finalidad de integrar con celeridad el presente asunto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la carta magna. Por otra parte, con fundamento en lo establecido por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede a las partes la expedición de copias de este proveído, así como de las subsecuentes actuaciones que se generen dentro del presente sumario, mismas que se expedirán conforme a las labores del juzgado lo permitan, previa razón de recibo que se deje como constancia en autos; además, con apoyo en los numerales señalados, en concordancia con lo asentado en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la cual se da a conocer la determinación del citado cuerpo colegiado, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de autos, en la inteligencia que cada vez que requiera utilizarlo, deberá hacerlo en presencia del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá levantar acta en la cual se asiente dicha circunstancia. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar por el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando sea realizada una petición de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, serán proporcionadas, previa clasificación de la información reservada y confidencial. En la inteligencia que, en lo referente a los datos confidenciales, acorde a lo previsto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo podrán tener acceso los titulares de esa información, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; salvo que las partes en este procedimiento judicial expresen su consentimiento para la divulgación; por ello, desde este momento se les apercibe que en caso de no hacer manifestación al respecto, acorde a lo dispuesto por el punto cuadragésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se entenderá que no es su deseo se haga pública la información confidencial. En el entendido que acorde a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuadragésimo, de los referidos lineamientos, no será suficiente para considerar la información como confidencial, que con ese carácter sea entregada por las partes, ni se requerirá su consentimiento para hacer esa información pública, cuando: a) se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) tenga el carácter de pública; c) exista orden judicial; d) por razones de seguridad nacional y de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o, e) cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

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