Manuel Gerardo Venegas Sánchez
Expediente 799/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/01/2022
Partes del expediente
- Manuel Gerardo Venegas Sánchez
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 355/2022, firmado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con la evidencia criptográfica respectiva, mediante el cual comunica la admisión a trámite del amparo directo 617/2021 de su índice, formado con motivo de la incompetencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional en el presente juicio; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda, sin realizar mayor proveído sustancial al respecto, toda vez que en acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se archivó el presente asunto por encontrarse totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 4292/2021, suscrito electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, así como con la evidencia criptográfica respectiva, mismo que contiene inserto el acuerdo dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno en los autos del amparo directo 617/2021 de su índice, del que se desprende que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada en su favor para seguir conociendo de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; en tal razón, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, es de aplicación supletoria a ésta, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Manuel Gerardo Vanegas Sánchez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro respectivo con el número 799/2021-II. Ahora bien, este órgano de control constitucional procede al análisis íntegro del escrito inicial de demanda, de donde se obtiene con claridad que el promovente le atribuye como acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, la sentencia número ciento setenta y seis, emitida el trece de julio de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 757/2018, de su índice. Lo anterior permite inferir válidamente, que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de garantías promovida por Manuel Gerardo Vanegas Sánchez, ya que de lo que se duele es de la sentencia emitida por Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. Para llegar a la conclusión anterior, resulta indispensable transcribir el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado; La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten." Por su parte, la Ley de Amparo, en sus numerales 34, 47 y 170, dispone: "ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "ARTÍCULO 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Ahora, en los dispositivos transcritos con antelación, se establece que procede el amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Luego entonces, si para el caso concreto el quejoso Manuel Gerardo Vanegas Sánchez, se duele de la sentencia emitida por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, se hace evidente que la misma pone fin al juicio; por lo que, es dable concluir que el fallo generador de la causa de pedir decide el juicio en lo principal y, respecto de la cual, la Ley no concede ningún recurso ordinario que la pueda modificar o revocar; y, que únicamente puede ser analizada a través del juicio de amparo directo que se promueve en su contra ante el Tribunal Colegiado correspondiente, según lo establecido por los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que del contenido de la cédula de notificación que acompañó el promovente a su demanda de amparo, se advierten insertos los puntos resolutivos de la sentencia que reclama por esta vía constitucional, y en la cual se destaca que se declaró que la copia certificada que contiene el desahogo de la prueba confesional exhibida como documento base de la acción en ese juicio, no puede otorgársele la naturaleza de título ejecutivo; y por ende, la vía intentada resulta improcedente; se reservó a la parte actora sus derechos para que los ejercitara en la vía y forma que correspondan; y, se condenó a la parte actora al pago de los gastos y costas ocasionados por la tramitación del asunto; en tales condiciones, dicha resolución es de aquéllas que dada su naturaleza deben reclamarse en amparo directo, dado que se trata de una sentencia definitiva, respecto de la cual no procede recurso alguno, por lo que conforme al numeral 170, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se trata de una sentencia definitiva. Lo anterior se considera así, ya que el artículo 1390 ter 2 del Código de Comercio, establece: "Artículo 1390 Ter 2.- Contra las resoluciones pronunciadas en este juicio no se dará recurso ordinario alguno." Entonces, si el peticionario de amparo reclama la resolución de trece de julio de dos mil veintiuno, es inconcuso, que tal determinación tiene el carácter de definitiva, de conformidad con el artículo 1390 Ter 2 del Código de Comercio y, por tanto, resulta competente para conocer de la demanda un Tribunal Colegiado de Circuito. En efecto, la resolución reclamada se trata de una sentencia definitiva al decidir el fondo de la litis en el juicio ejecutivo mercantil de origen, contra la que no procede recurso ordinario o medio de defensa alguno por medio del cual puede ser modificada o revocada, según se advierte del contenido del numeral en comento. En mérito de lo anterior, es evidente que la resolución combatida no debe reclamarse en amparo indirecto, pues como ya se dijo, constituye una resolución definitiva. En consecuencia, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, se abstiene de conocer de la demanda de amparo promovida por Manuel Gerardo Vanegas Sánchez, con la cual se formó el presente juicio de garantías, por lo que se ordena remitir el presenta asunto al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, con sede en Reynosa, Tamaulipas, para que tenga ha bien pronunciarse al respecto, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente; lo anterior, de conformidad lo anterior, de conformidad con lo previsto por los 34, 47 y 170, todos de la Ley de Amparo; esto es así, toda vez que la equivocación en la vía no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I. 1°.A.J/15, Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del Tomo IX, Marzo, de 1992, Octava Época, visible en la página 87, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE TRIBUNALES COLEGIADOS EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II...De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, notifico al quejoso, el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal...
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